En Temuco se reunió con dirigentes de comunidades mapuche en conflicto territorial, quienes le denunciaron persecución político-policial por parte del Estado y las empresas por defender susterritorios y recursos naturales. Al respecto, la Comisionada Rose-Marie Belle Antoine señaló que “lo que me preocupa es cuando se criminaliza a los pueblos indígenas…”
Por Elías Paillan – Fuente: observatorio.cl
La Relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Comisionada Rose-Marie Belle Antoine, arribó hasta Temuco el pasado miércoles donde sostuvo importantes encuentros con organizaciones indígenas y de derechos humanos, a fin de recepcionar testimonios respecto de situación de los derechos humanos, particularmente sobre personas y comunidades del pueblo mapuche.
Por la mañana realizó una reunión de carácter reservado en la biblioteca Galo Sepúlveda, lugar donde acudieron dirigentes de comunidades de las regiones de la Araucanía, Biobío y Los Ríos, quienes expusieron sus planteamientos y denuncias sobre graves hechos de violaciones a sus derechos humanos. Entre ellos estuvo la Machi Millaray Huichalaf, quien narró su encarcelamiento y judicialización, así como de otros dirigentes indígenas por defender sus derechos territoriales y espirituales.
Visión de la relatora
Tras dicho encuentro, la Relatora ofreció un punto de prensa donde dio a conocer los objetivos de su visita y entregó lineamientos orientadores de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
En conversación con los medios de comunicación, la personera destacó que ante la Comisión han surgido muchos temas y casos procedentes desde Chile, por lo tanto es una gran oportunidad para ella poder ver terreno estas realidades y seguir un trabajo colaborativo con el actual gobierno. “Es un nuevo gobierno y pensamos que es una buena oportunidad para comprender las nuevas políticas que se necesitan, muchas de las cuales guardan relación con los derechos humanos. Queremos incentivar a este gobierno a que trabaje mancomunadamente con nosotros, y también que trabaje conforme a la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte Interamericana«, sostuvo.
Respecto de los pueblos indígenas, señaló que estos “tienen derechos bien definidos en el derecho internacional en cuento a los derechos de al territorio y a los recursos hídricos, y hemos encontrado que hay impactos desprorcionados entre las normativas y su aplicación a los pueblos indígenas, y los derechos que reinvindican”, aseguró. Del mismo modo, fue consultada por la aplicación de la ley antiterrorista, valorando que el gobierno haya expresado públicamente su decisión de no aplicarla a indígenas y la necesidad de reformarla. “Esta normativa antiterrorista debe reformarse puesto que nace en la época de la dictadura y no sería una norma adecuada en caso de protesta social, por lo tanto, creo que están en principio de acuerdo con las observaciones que ha formulado la comisión y la corte”.
Destacó que su visita busca además promover buenas prácticas, los buenos estándares. “Para mí no se trata solo de ver el caso de las ocho personas condenadas, sino que es el contexto entre las personas de pueblos indígenas o lo que podíamos decir más bien, el contexto filosófico entre los pueblos indígenas y personas no indígenas o el Estado, que al parecer estaría en conflicto con el estilo de vida de los pueblos indígenas en cuanto a su entorno percibido y en cuanto a la percepción de los recursos hídricos, que éstas no entienden que las aguas son parte de la mapu”, dijo.
También respondió sobre las industrias extractivas que están amenazando estos recursos, particularmente la tierra, el agua, “y naturalmente ellos quieren defender sus tierras ancestrales, y este es el contexto de los conflictos sociales. Lo que me preocupa cuando se criminaliza a los pueblos indígenas por defender sus derechos”, enfatizó.
Le llamó la atención, a su vez, que existan 26 propuestas de centrales hidroeléctricas en un solo territorio, haciendo hincapié que “el Estado tiene que analizar cómo se puede llegar a un equilibrio, cómo se pueden conservar el patrimonio cultural e histórico no solo de los pueblos indígenas, sino también de toda la población que habita el territorio; entonces es importante lograr el equilibrio entre estos y los derechos humanos, que es el derecho de todos los seres humanos”, finalizó.
Nancy Yáñez, co-directora del Observatorio Ciudadano, calificó la visita como de la “máxima importancia”, debido a que el sistema interamericano de derechos humanos hoy “está determinando el marco de derecho que configura el estatuto de derechos de los pueblos indígenas, generando una interpretación amplia y evolutiva de la Convención Americana de Derechos Humanos, de modo de integrar en su normativa los preceptos del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de pueblos indígenas de Naciones Unidas”, dijo.
La abogada explicó que «en la actualidad el sistema interamericano de derechos humanos constituye el referente donde recurren los pueblos indígenas para obtener protección de sus derechos humanos cuando estos les están siendo vulnerados. Particularmente los derechos de propiedad sobre sus territorios ancestrales y recursos naturales, amenazados por la industria extractiva, pero también sus derechos políticos, y en ese marco particularmente el derecho a la consulta y el derecho al consentimiento previo, libre e informado cuando la magnitud de los impactos ambientales y sociales en los territorios indígenas ponen en riesgo la existencia misma de estos pueblos”, finalizó.
