«El anteproyecto de ley de semillas posibilita una mayor privatización de la biodiversidad nativa»
Entrevista a Tamara Perelmuter, licenciada en Ciencia Política, docente de la materia Sociología Rural de la UBA, militante de Patria Grande y miembro de la campaña «No a la nueva ley «Monsanto» de semillas en Argentina»
Consultada por la nueva ley de semillas que impulsa el oficialismo, la politóloga advierte que su sanción profundizará la expropiación y la privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre en Argentina. Además, fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley, considerándolos delitos penales.
Lee la entrevista completa de la Agencia 1918
¿Cuáles son los puntos más importantes del proyecto de ley que los impulsa a organizarse y lanzar esta campaña en contra de su sanción?, ¿por qué la denominan ley “Monsanto”?
Contrariamente a lo que el nombre pareciera sugerir, las leyes de semillas que se están impulsando en la mayoría de nuestros países no tienen el objetivo de proteger a las semillas sino de otorgar derechos de propiedad intelectual sobre las mismas, aplicando los Derechos de Obtentor (derecho que se le otorga a quienes produjeran variedades mejoradas de semillas agrícolas para explotar en exclusividad el material de reproducción de la variedad, pero no alcanza al producto obtenido); y permitiendo de esta forma su apropiación, privatización y monopolización.
Las actuales leyes de semillas hacen ilegales a las semillas criollas y nativas y criminalizan a quienes han sido históricamente sus creadores, cuidadores y criadores. Además, permiten que las empresas se apropien de las semillas campesinas al permitir el registro de variedades “descubiertas”, lo que además de ser absurdo desde el punto de vista de los supuestos principios de la propiedad intelectual (que dice privatizar sólo lo inventado), es un absurdo en el ámbito de las semillas ya que toda variedad vegetal es obra humana. En otras palabras, las nuevas leyes permiten a las empresas o centros de investigación apropiarse del trabajo ajeno, más específicamente de las semillas campesinas.
En el caso de Argentina, lo que está en discusión es la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, que es del año 1973, cuyo última revisión del reglamento es de 1991. Condensa en un mismo cuerpo legal todo lo referido a producción, certificación y comercialización de semillas por un lado; y la protección de la propiedad intelectual en semillas por el otro.
El anteproyecto de Ley que se está discutiendo a puertas cerradas en el Ministerio de Agricultura responde a una avanzada en varios sentidos: 1) avanza sobre el denominado “uso propio” de las semillas, al limitar la posibilidad de “guardar semilla” para la siguiente cosecha, derecho básico de los agricultores y fundamento de toda agricultura. El anteproyecto remarca que sólo podrán hacer uso de esta prerrogativa los denominados agricultores exceptuados, quienes deben estar debidamente inscriptos en el Registro Nacional de Usuarios de Semillas; 2) ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semillas libremente a partir de la cosecha anterior. Según el anteproyecto de ley, solamente podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en el Registro Nacional de Usuarios de Semillas; 3) abre las puertas para que se profundicen la expropiación y la privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El anteproyecto de ley hace posible una mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir sobre todas las especies vegetales los llamados derechos de obtentor, es decir, cierta forma de propiedad intelectual sobre las semillas que permite a quien “desarrolla” una nueva variedad de semilla tener el control sobre la misma durante una cantidad de años; 4) el Proyecto fortalece aún más la posibilidad de apropiación al extender por veinte años el derecho de obtentor; y, en particular, para el caso de vides, árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales, la duración de la protección es de veinticinco años; 5) fortalece un sistema policial para asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente y permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley considerándolos, además, delitos penales.
¿Quién elaboró este proyecto de ley?, ¿se convocó a los diversos sectores interesados a participar en su redacción?
Desde 2003 existen intentos por transformar nuevamente la Ley de Semillas, con la intención de brindarle mayor certidumbre a las empresas recortando derechos de los productores. El 2012 fue una año con varias novedades al respecto. Por un lado, la empresa Monsanto anunció que se instalará en la provincia de Córdoba para instalar una de las plantas más grandes de América Latina en la localidad de Malvinas, a 12 kilómetros de la capital cordobesa. Por otro lado, la misma empresa presentó junto al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, la nueva tecnología en soja Intacta RR2, que fue modificada genéticamente por Monsanto para lograr un cultivo que, como su antecesor, será resistente al glifosato (el más popular herbicida) y le agregará resistencia al ataque de insectos. Finalmente, en la misma conferencia, el ministro anunció que desde el Gobierno nacional se está trabajando en una nueva Ley de Semillas para reforzar los derechos de propiedad intelectual de biotecnología agrícola. Se inició así un proceso de negociaciones en el marco de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE), en las que participaron miembros de organismos públicos (INTA, INASE, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca), del sector privado (ASA, CASEM, AACREA, AAPRESID) y de las entidades de productores agrarios (Federación Agraria, Sociedad Rural, Coninagro y CRA).
El nuevo texto tuvo desde el primer momento la opinión favorable de la industria semillera, de la AAPRESID y también de la AACREA, de la Sociedad Rural Argentina, de CRA y de Coninagro, aunque estas últimas con algunas objeciones. La Federación Agraria, en cambio, formuló su rechazo y se retiró de la mesa de negociaciones. Otros actores vinculados a las semillas, como las organizaciones campesinas e indígenas, o aquellas relacionadas con la denominada agricultura familiar, no fueron consultadas ni incorporadas formalmente al debate. Para fines de 2012, las negociaciones estaban estancadas.
En mayo de 2014, la Secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura del Ministerio de Agricultura, Carla Campos Bilbao, presentó un nuevo anteproyecto de Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, en el marco de unas jornadas de la que participaron varias organizaciones campesinas y de pequeños productores de todo el país. Respecto de una versión anterior, el nuevo borrador incorpora artículos en relación a las especies nativas y criollas, agricultura familiar y pueblos originarios y su vínculo con el resto de la ley. En relación a las semillas criollas, el anteproyecto plantea que es facultad del Instituto Nacional de Semillas (INASE) regular la producción y el comercio de semillas de las especies nativas y criollas. En cuanto a la agricultura familiar y pueblos originarios, se debe tener presente que este capítulo se introduce fundamentalmente para poder aplicar las excepciones que plantea el anteproyecto de ley en su artículo 32 y que parece ser una especie de consuelo para que los agricultores acepten el cercenamiento al uso propio de las semillas.
¿Qué tipo de organizaciones nuclea la Campaña?, ¿qué acciones de protesta están llevando a cabo?
Somos organizaciones sociales, políticas, socioambientales y campesinas y nuestras mayores acciones hoy se centran en difundir la problemática haciendo charlas, talleres, volanteadas, radios abiertas y todo lo que sea necesario en ese sentido. Estamos haciendo una campaña de fotos en las redes sociales con la leyenda No a la nueva ley “Monsanto” de semillas en Argentina. Y estamos organizando, junto a otras organizaciones que no son de la campaña, una jornada pública de debate en el Congreso Nacional para discutir las leyes de semillas y el modelo productivo.
