La Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales de Arica Parinacota, informó que rechaza categóricamente el desalojo desmedido que fueron objeto los miembros de su organización a través de la aplicación de la fuerza publica en un acto en donde se encontraba el Ministro de Minería (subrogante) Ignacio Moreno, en donde pretendían expresarle su posición sobre la minería y los impactos negativos que ha tenido en la Región.
A continuación extendemos parte del comunicado emitido en el día de ayer.
Consideramos que el Ministro de Minería (subrogante) Sr. Ignacio Moreno, no solo debe reunirse con los sectores del rubro minero, sino también con los afectados por los procesos mineros en esta región, los cuales son las comunidades aymaras, los agricultores y las organizaciones ciudadanas que actualmente sufren los efectos de la irresponsabilidad de las empresas mineras. Teniendo presente lo siguiente:
a) De las cinco cuencas hidrográficas, tres están contaminadas por proyectos mineros de empresas irresponsables, tales como la Cuenca del rió Lluta, La cuenca del Río San José y la cuenca del Río Lauca, empeorando la calidad del recurso hídrico.
b) Que existen mas de 18.000 personas contaminadas por arsénico, plomo y otros metales pesados producto de desechos mineros dejados en la ciudad de Arica provenientes de procesos mineros.
c) La mala calidad del agua potable en los valles de Azapa y Lluta debido a la instalación de empresas mineras en las cabeceras de las cuencas hidrigrafica por ejemplo en el río Lluta la Empresa Azufrera nacional; en el río San José , la empresa minera Promel; y en el río Lauca el Consorcio Copec del grupo Angelini, además del derrame de líquidos lixiviados ocasionado por la Empresa Quiborax al río Lluta en el 2002
Rechazamos las expresiones del Intendente Sr. Emilio Rodríguez que en el mismo evento, según un medio de comunicación plantea que la empresa Minera Pampa Camarones ha funcionado de manera responsable, consideramos que estas expresiones no están de acuerdo a la realidad, teniendo presente que esta misma empresa ha destruido patrimonio arqueológico de gran relevancia en el sector, siendo sancionado por la Superintendencia del Medio Ambiente, no cumpliendo los compromisos de la resolución de calificación ambiental y en su proyecto minero ingresado al sistema de evaluación ambiental esta empresa nunca considero a las comunidades aymaras de Chaca y Vitor, pescadores de la caleta Vitor y agricultores como afectados directos, cuyos territorios y ecosistemas se verán afectados por su proceso minero, en especial el ecosistema del picaflor de Arica ubicado en el valle de Chaca.
Además esta empresa aprovechándose de la debilidad de la legislación ambiental, dividió su proyecto minero en dos partes, el yacimiento y la planta, como una forma de eludir la participación ciudadana que establece la ley ambiental 19.300 y la consulta previa a las comunidades aymaras que establece el Convenio 169 de la OIT, presentando su proyecto como una Declaración de Impacto Ambiental en vez de un Estudio de Impacto Ambiental, practica muy recurrente por parte de las empresas mineras.
Firman
Fernanda Santo Ticlle, Centro de Investigación de los Derechos de los Pueblos Indígenas
Richard Fernández Chávez, Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales
Valeria Ramos Moroco, Asociación Indígena Aymara Jallalla ChachaWarmi
Gino Raúl Grünewald Condori, Asociación Indígena Aymara Jallalla ChachaWarmi
Cesar Huanca Chamba, Consejo Territorial Aymara de Chapiquiña
Julio Huanca Sarco, Comunidad Indígena Aymara de Chujllumani, Visviri
