¿Qué ocurrirá en un par de días sin una estrategia sensata centrada en la complejidad de la problemática que se vive en el sur del país? ¿Qué control ejercerán los poderes del Estado bajo un estado de excepción constitucional? ¿Cómo velarán por poner un límite a las violaciones a DDHH en un eventual Estado de Sitio?
Por: Natividad Llanquileo
01 de marzo de 2021
En estos días se reúnen los poderes del Estado que reconoce la actual constitución. El Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo, Contraloría, Consejo de Defensa y Fiscalía para tratar lo que llaman «violencia en La Araucanía». Como la memoria no es frágil para un pueblo desolado por la violencia del Estado, no podemos olvidar que el 21 de septiembre de 2017, con el mismo fin se reunieron representantes del poder judicial, del gobierno, fiscales y policías en el «Comité de Seguridad Macro Zona Sur». Sólo dos días después de esa reunión tuvo lugar el montaje de la Operación Huracán.
Igual que hoy, no fueron invitados a la reunión la Defensoría Penal ni ninguna agrupación de DDHH. Mas aún, dentro de los poderes estatales que reconoce la actual Constitución no existe un organismo con autonomía para la defensa de los derechos humanos y en particular, la defensa de los derechos de quienes hemos sido particular e históricamente vulnerados. ¿Qué ocurrirá en un par de días sin una estrategia sensata centrada en la complejidad de la problemática que se vive en el sur del país? ¿Qué control ejercerán los poderes del Estado bajo un estado de excepción constitucional? ¿Como velarán por poner un límite a las violaciones a DDHH en un eventual Estado de Sitio?
Es imposible no notar el desdén del Estado y sus organismos cuando tienen ante sus ojos, como parte del conflicto, a Carabineros de Chile. Una institución cuyo carácter y falta de aprecio a los derechos humanos ha sido conocido masivamente por el pueblo chileno tras la revuelta octubre, pero que ha operado bajo estas prácticas durante décadas contra el pueblo mapuche, amparado en fuerzas económicas y políticas, y cuya respuesta es siempre la misma: militarización. Así, desde la colonización. Al mapuche, fusil.
Como se oculta lo que ya es evidente a la opinión pública, tras los distintos escándalos, montajes, juicios por corrupción y violación a DDHH, condena de organismos internacionales, nadie parece escuchar. La élite político-económica hace gárgaras con cada caso en que la institución realiza espectáculos lamentables, y ni la violación de DDHH ni el mayor de los desfalcos – que ya asciende a más de 30 mil millones de pesos – moviliza a repensar el paradigma ni el abordaje. La propuesta es que se encargue otra fuerza pública de un conflicto que es estructuralmente de violencia histórica estatal.
Parece que no logramos recuperarnos de los traumáticos asesinatos de los lamngen Alex Lemún, Mendoza Collío, Matías Catrileo, Camilo Catrillanca y tantos otros y otras weichafes y amigos, como Macarena Valdés y Francisco Martínez, el reciente de Emilia, en el Lago Riñihue, en Panguipulli. Cuando el Gobierno se prepara frente al “enemigo poderoso” del cual no hay antecedentes reales, la respuesta es siempre la misma: más violencia, más fusil. Mientras nuestros niñas y niños solo ven la desolación del maltrato estatal, la destrucción de la tierra que los rodea, la falta de agua, la falta de respeto envuelto en tanto discurso de caricatura sobre la defensa y la paz de un territorio devastado por el modelo agroforestal, que solo ha reportado beneficios a los grandes millonarios de este país.
Siguen pasando los días, durante la pandemia más grave de los últimos cien años, y esta institución continúa actuando impunemente, frente a la mirada indiferente de quienes tienen el rol de administrar el país y ejercer justicia; mientras la calle clama por una disolución y la creación de un cuerpo de policía profesional, serio y respetuoso de la sociedad y su democracia, que garantice la seguridad dentro del marco de los DDHH, ellos responden con militarizar La Araucanía. Urge repensar como el Estado se relaciona con sus fuerzas de orden, con los pueblos ancestrales. Urge una nueva constitución que cree un órgano que tenga este deber del Estado por fin.
