Por Domingo Curin. Fotografía: Camilo Tapia. 20 enero 2020.-
El pueblo mapuche a lo largo de su lucha por la defensa de su territorio y su forma de vida ha sido estigmatizado mediante diferentes epítetos, descalificativos y denominaciones peyorativas, humillantes y acusativas: salvaje, bruto, ladrón, borracho, comunista, extremista, terrorista entre otros conceptos, según la realidad histórica que atraviesan las diferentes generaciones.
Todas estas denominaciones son expresiones de vulneración del opresor sobre el oprimido. Una manera de ejercer su extremo poder arrebatando la dignidad e integridad del oprimido. Como cuando el torturador orina sobre su víctima luego de mancillar su cuerpo, pisoteando su dignidad.
Estos hechos repudiables tienen su origen en el colonialismo vigente hasta estos días. Así también se encriptan en la usurpación centenaria, primero en los lavaderos de metal y más tarde bajo la legalidad impuesta a la fuerza y la conculcación de los derechos ancestrales.
La tierra y el territorio wallmapuche fueron rifados a extranjeros y empresas transnacionales de carácter extractivista que bajo la figura del “estado de derecho”, cometen actos de lesa humanidad.
Los medios de comunicación sistémicos criminalizan la lucha, enfatizando en imágenes repetidas de camiones incendiados para instalarlas en el subconsciente del televidente. Autores como el negacionista Sergio Villalobos, han planteado que los mapuche son un “eufemismo”. En esta misma dirección, la Iglesia católica les negaba su categoría humana por “no poseer alma”. Es algo con lo que hemos crecido y nos levantamos. Sin embargo, he decidido escribir este artículo no por oportunismo, sino para denunciar el macro montaje perpetrado por parte del Estado de Chile, con Sebastián Piñera como principal responsable, al tratar de enlodar la justa y legítima demanda del pueblo mapuche por el derecho a su territorio, autonomía y libre determinación, a través de un nuevo concepto estigmatizador e injurioso: narcoterrorismo.
El emblemático “caso Logko”, que en 2002 -durante el gobierno de Ricardo Lagos- afectó al difunto Pascual Pichun y al camaleónico Aniceto Norín, fue el inicio de la persecución a la movilización mapuche bajo la acusación de terrorismo que hiciera el ex ministro de Aylwin, Juan Agustín Figueroa, invocando la Ley 18.314, conocida como “Ley antiterrorista” en un contexto muy controvertido, dado el reciente “retorno a la democracia”. Sin embargo, el poder fáctico y el tráfico de influencias pudo más y se convirtió en la perfecta fórmula para justificar las peores atrocidades en contra del pueblo mapuche, cometidas en democracia. Muy a pesar de que los informes de destacados observadores y relatores especiales de la ONU, como Ben Emerson, Rodolfo Stavenhagen y James Anaya, han descartado la configuración de terrorismo en el territorio mapuche y han entregado recomendaciones al Estado chileno para abordar la demanda política del pueblo mapuche, entre ellas el Territorio y las Tierras Ancestrales, la autonomía y libre determinación, y en el contexto actual, la participación efectiva en la elaboración de la nueva Constitución de Chile y los escaños reservados.
La respuesta del Estado de Chile a través de todos los gobiernos sucesores al de Patricio Aylwin ha sido la represión y la criminalización, recurriendo al espionaje, la persecución, el montaje judicial, el secuestro, tortura y asesinato en reiterados casos, sin dejar de destacar la grave desaparición de José Huenante en Puerto Montt, el 3 de septiembre de 2005.
Chile niega a sus prisioneros políticos. Niega a los PPM y niega a los de la revuelta de octubre.
El nefasto gobierno de Sebastián Piñera (6 % de aprobación) se ha empeñado en cerrar lo que empezó con Cornelio Saavedra: la carnicería mal llamada “Pacificación de la Araucanía”, justificando la militarización del territorio bajo la premisa de combatir el narcoterrorismo en las comunidades que demandan la restitución de sus tierras ancestrales, como lo mandata la norma internacional.
En los últimos días la sociedad civil se ha visto impactada frente al nivel de violencia ejercida en contra de las comunidades de Malleco, entre ellas la emblemática Temucuicui. Un escalofrío recorre la espalda al ver a la hija de Camilo Catrillanca de 7 años, reducida en el suelo y oír el audio de agentes de la PDI torturando sicológicamente a menores de edad con amenazas de muerte. Sí: de muerte.
Sin embargo, esto no es más que parte de una operación de inteligencia basada en el montaje, la que se inició oficialmente el año 2014 cuando el entonces subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, visitó la región de La Araucanía y aseguró que: «Nos hemos ido construyendo la convicción de que opera una industria delictual que se manifiesta de distinta manera…. no tienen nada que ver con aspectos políticos o étnicos». En esa oportunidad, quien escribe estas líneas enrostró a la autoridad su pretensión maliciosa de criminalizar las justas demandas reivindicativas del pueblo mapuche aplicando la doctrina del negacionismo.
Luego vino el emblemático montaje conocido como “Operación Huracán”, que involucró a carabineros, fiscalía y un civil de nombre Alex Smith que aseguraba tener un software que interceptaba mensajes de whatsapp, lo cual no pudo probar, dado que ni el FBI posee esa tecnología. Los afectados: emblemáticos dirigentes y autoridades mapuche, todos absueltos por tribunales varios pertenecientes a las comunidades acusadas hoy de narcoterrorismo.
¿Quiénes son los narcos? Chile, el país de las paradojas.
En Chile, la política de drogas es colonial, retrógrada, conservadora y cartuchona. Lo grafico de la siguiente manera: puedes comprar semillas de marihuana en cualquier growshop, no es ilegal, pero si tienes una planta en tu casa, te allanan y te llevan detenido bajo la ley 20.000 de estupefacientes. Es paradojal.
Mientras la OMS saca la Cannabis de su lista de drogas duras, en Chile allanan la casa de la hija de Ana María Gazmuri, por cuatro plantas cultivadas con receta medicinal, el día que exponía para el Congreso nacional los beneficios del consumo medicinal y la posibilidad de legislar respecto de su uso recreativo. ¿No es otra paradoja? Entonces, ¿a quién beneficia esta ilegalidad?
Nunca se había realizado un operativo antidroga en el país como el que se realizó en Temucuicui, justo el día que la familia viajaba a conocer el veredicto del homicidio de Camilo Catrillanca. Las razones dadas por las autoridades para no combatir el narco en las poblaciones es que no hay recursos ni personal. ¡Exijo una explicación!
Otros casos bullados que no tuvieron igual despliegue
En febrero de 2007 el hijo y sobrino de la entonces diputada de derecha, María Angélica Cristi fueron detenidos en un operativo antidrogas en Pucón. Se les incautó cocaína, marihuana, hachís y éxtasis. El tribunal Oral en lo Penal de Temuco, que presidió el juez Jorge González, acordó por unanimidad absolver de cargos a Paul Morrison Cristi.
El año 2011 fueron encontradas por brigadistas forestales en la comuna de Tomé, en un predio del esposo de Jacqueline Van Rysselberghe, una plantación de marihuana. El entonces mayor de carabineros de Tomé, Víctor del Valle, señaló al diario El Sur que «en principio se determina que pertenecería a una forestal, pero se están haciendo las diligencias tendientes a confirmar quién es el propietario de este terreno donde se encontraba específicamente la plantación».
El año 2011 Benjamín Echeverría Larraín, sobrino de Hernán Larraín, fue detenido con 20 mil dosis de cocaína de alta pureza, sin embargo fue condenado a 5 años de libertad vigilada.
En octubre de 2012 circuló por redes sociales un video en el que el exfuncionario de la PDI, Fernando Ulloa Castillo, denuncia al entonces ministro del interior del primer gobierno de S. Piñera, Rodrigo Hinzpeter, como parte de una red de encubridores de tráfico de drogas, al interior de la PDI. Le costó su expulsión.
En marzo de 2020 se decomisaron 1.912 plantas de cannabis al interior de la Escuela de Artillería de Linares. Ni en esa ocasión ni en ninguna de las descritas se vio tal despliegue, sino más bien una campaña conspirativa entre los medios de comunicación, la policía y las autoridades para bajar todo perfil y hacer desaparecer la noticia, suplantándola con mucha desinformación.
El actual cuadro acusatorio de narcoterrorismo obedece a que luego de la muerte de Camilo Catrillanca a manos del “Comando Jungla”, se hizo necesario modificar la estrategia. Ya no se pudo probar ninguna de las anteriores categorizaciones acusatorias, pero siempre es posible echar mano al narco. Esto además de configurar una nueva acusación, corrompe la imagen de una lucha y permite usar una tercera fuerza represiva nunca usada hasta ahora en los allanamientos a comunidades en lucha reivindicativa: la PDI. Por ello es que es un plan siniestro, profundamente antidemocrático, anti Derechos Humanos e inconcebible de tolerar. Así no se abordan los problemas de Estado.
Por los/as niños/as, por la tierra y por la vida. Un pueblo que resiste no es terrorista.
