Dicen que la historia es circular, se repitieron las mismas promesas, pero en estos 100 días de mandato, más allá de tener un Intendente, un Embajador y un Subsecretario Mapuche, la Nueva Mayoría, en lo que dice relación con el Pueblo Mapuche, no se esfuerza mucho en diferenciarse de la Concertación, tampoco de la derechista Alianza por Chile.
Editorial Mapuexpress
A principios de mayo el Gobierno respondió a la dramática situación de tres jóvenes Prisioneros Políticos Mapuche (PPM), Luis Marileo, Cristián Levinao y Leonardo Quijón, que desde el 7 de abril realizan una huelga de hambre en la cárcel de Angol. El hecho ocurrió luego del extenso ayuno, del creciente apoyo a esta protesta por parte de comunidades y organizaciones y después de reuniones con el Intendente Francisco Huenchumilla, para gestionar una reunión entre el Ministro de Justicia, José Antonio Gómez y los voceros de estos tres jóvenes y la madre de José Mariano Llanca Tori, que se encuentraen grave estado de salud y cuya solicitud de indulto humanitario es parte del petitorio de los tres Mapuche en huelga de hambre. A pesar de la reunión previa entre los voceros de los Mapuche y el Intendente Huenchumilla, tuvo que ocurrir una toma en la Cárcel de Angol, para que en Santiago acusaran recibo de esta movilización (1).
Las demandas de estos tres jóvenes –la revisión de los cuestionados juicios en que fueron condenados utilizando testigos protegidos, su traslado al Centro de Educación y Trabajo de esa ciudad y el indulto humanitario para Llanca Tori-, coinciden con las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en la Lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson, quien luego de visitar Chile en 2013 y reunirse con autoridades, fiscales, jueces, empresarios, agrupaciones de víctimas de violencia, comunidades y presos políticos Mapuche, y reiterar una vez más que en Chile no hay terrorismo, exhortó al Estado de Chile, y por ende al Gobierno saliente y al que asumió en marzo del 2014, a respetar “a quienes hayan sido condenados basándose en el testimonio de testigos anónimos”, a quienes “se debe dar el derecho a que sus condenas sean revisadas y, en su caso, sea ordenado un nuevo juicio” el que se debe regir por las disposiciones delderecho penal común, “sin recurrir a testimonios anónimos”.
Otra de las recomendaciones realizadas por el Relator de la ONU, fue la de “garantizar la provisión de instalaciones para los detenidos Mapuche para cumplir sus condenas cerca de sus comunidades” (2).
Ambas recomendaciones son afines con el Convenio 169 de la OIT, Instrumento Internacional que para sorpresa de muchos en el Gobierno, el Congreso y el Poder Judicial, no sólo se limita a la ya “mutilada” Consulta Indígena, sino que también establece deberes en materia penal. En virtud de los artículos 8, 9 y 10, el Convenio 169 obliga al Estado a dar preferencia a sanciones distintas del encarcelamiento y tener en cuenta las costumbres de los Pueblos Indígenas en caso de imponer sanciones penales.
A más de un mes de ayuno de los tres jóvenes, Hugo Melinao vocero de los huelguistas, señaló en relación al Ministro de Justicia que “ellos simplemente dicen que quieren tiempo, pero el tiempo avanza y peligra la vida de nuestros peñis”, y el ejecutivo los presiona para que abandonen la huelga ya que según los funcionarios de Bachelet la protesta carcelaria “no genera el efecto que ellos esperan”. (3).
El Ministro, cumpliendo con la mala costumbre de la clase política y de los anteriores gobiernos, no responde a las legítimas demandas de los huelguistas y entrega una propuesta que no va al caso, que no es parte del petitorio de esta movilización, que desvía la atención a las demandas de los huelguista: la construcción a futuro de una cárcel especial para elPueblo Mapuche.
La indignación, pero no la sorpresa, creció al saberse que ante la solicitud de indulto humanitario por razones de salud para José Mariano Llanca Tori, el Ministro Gómez, optó por solicitar nuevos exámenes médicos, poniendo en duda el trabajo de los profesionales de la salud que han examinado al Prisionero Político. Con esta medida el Ministro de Justicia, en definitiva el gobierno de Bachelet, solo dilatan la toma de decisiones administrativas, prolongan el ayuno y aumentan la atención nacional e internacional y el descontento de las comunidades y organizaciones chilenas y Mapuche.
A esta movilización se sumó el 10 de mayo el peñi Cristian Curinao, otro joven Mapuche víctima de un proceso judicial en curso, por el cual se encuentra en prisión preventiva, en base al testimonio de un “testigo sin rostro” como única prueba (4).
En Temuco, este lunes 12 de mayo, luego de saber que la Corte Suprema rechazó un recurso de nulidad y ratificó su condena cuyo sustento únicamente son conjeturas y suposiciones, el Machi Celestino Córdova también se sumó a esta movilización, pidiendo solución al petitorio de los 4 huelguistas de Angol, apoyando el indulto humanitario a Mariano Llanca Tori y demandó ser traslado a la Colonia Penal de Vilcún (5), exigencias todas que son respaldadas por el Derecho Internacional.
Hasta el momento, entre el último Gobierno de la Concertación, y el actual Poder Ejecutivo de la Nueva Mayoría, no vemos ninguna actitud que haga diferente a estas Administraciones del Estado chileno ante la prisión política Mapuche y las huelgas de hambre que se realizan como principal, y quizás única, forma de llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública.
Gracias a las movilizaciones -huelgas de hambre- de los años 2006, 2008 y 2010 se lograron insuficientes, limitadas e incluso contradictorias reformas a la Ley Antiterrorista. Pero trajeron el recuerdo de la maliciosa herencia de la dictadura pinochetista y visibilizaron el silencio, la placidez y muchas veces complicidad de la clase política socialdemócrata frente al funcionamiento de estas leyes impuestas por el criminal poder cívico militar que ocupó Chile a partir de 1973. Y por supuesto a todo esto se suma el sistemático cuestionamiento de la comunidad internacional y deNaciones Unidas para que Chile cambie estos abusivos horrores legales.
Por otro lado, la creatividad jurídica de Fiscales y Jueces, permitió que los testigos sin rostro y la delación compensada, aberraciones propias de la Ley Antiterrorista, se sigan utilizando de manera ladina en procesos ordinarios, que en su resultado final aparecen sin el desprestigió de haber usado la Ley Antiterrorista, porque la condena no refleja su astuto uso.
Aunque el Gobierno se empeñe en hacer enojar al derechista Senador chileno Alberto Espina, diciendo que no aplicará más esta Ley, ésta no deja de ser una frase inocua, ya que el Ministerio Público (órgano autónomo), puede invocarla. Además, como ya dijimos, desde el peculiar caso del Fiscal Elgueta, la sorprendente agilidad jurídica de Jueces y Fiscales ha permitido, sin aplicar la Ley Antiterrorista, utilizar testigos anónimos, procesar, mantener en extensas prisiones preventivas y finalmente condenar a decenas a jóvenes Mapuche que se han sumado a la justa e histórica protesta social que mantienen familias, comunidades y organizaciones que durante las últimas décadas han luchado colectivamente por la recuperación del territorio de Wallmapu.
Luis, Leonardo y Cristian no son los primeros en iniciar una huelga de hambre para demandar justicia, recordarnos el derecho ancestral y ahora derecho internacional indígena. Cuando ellos eran niños, vieron a sus familiares tomar la misma decisión que ahora ellos han tomado.
En 2006 y 2008, la Presidenta Bachelet fue incapaz de dar una respuesta acorde a los Estándares internacionales de Derechos Humanos frente a hechos similares. Dudamos que en este segundo mandato lo pueda y quiera lograr, aunque lo debería hacer.
Este lunes, en Argentina, de la misma forma que lo hizo en Canadá el año 2008, Bachelet se escondió de la solidaridad y preocupación internacional por la huelga de hambre de los presos Mapuche (6).
Dicen que la historia es circular, se repitieron las mismas promesas, pero en estos 100 días de mandato, más allá de tener un Intendente, un Embajador y un Subsecretario Mapuche, la Nueva Mayoría, en lo que dice relación con el Pueblo Mapuche, no se esfuerza mucho en diferenciarse de la Concertación, tampoco de la derechista Alianza por Chile.
La protesta de los prisioneros políticos tiene una historia y un contexto. La cárcel no logra aislar la urgencia de estos Peñis en huelga de hambre de las justas y permanentes demandas del Pueblo Mapuche de ejercer sus derechos. Sin embargo, “las legítimas reclamaciones de tierras Indígenas se han enfrentado a una burocracia que no ha permitido dar solución” (7), a estas históricas instancias. Megaproyectos de inversión de industrias extractivas y energéticas, la imposición de leyes injustas, la exclusión de la participación de las comunidades afectadas, y la violación del derecho internacional, continúan siendo realidad diaria. Este es el caso de la fraudulenta aprobación de las modificaciones de la Central Hidroeléctrica de Tracura (8) que representa la cuestionada y muchas veces corrupta institucionalidad ambiental que rige en los territorios del sur.
Como hemos visto en las últimas semanas, la prisión política Mapuche sigue siendo una realidad que no inmuta a este Gobierno, a pesar del grave estado de salud de José Mariano Llanca Tori, ni del ayuno de un Machi y 4 jóvenes Mapuche.
Para el Pueblo Mapuche, la Nueva Mayoría chilena aparece defendiendo económica, cultural, histórica y políticamente a la pequeña y cruel, pero aún poderosa vieja minoría.
