Este académico e investigador mapuche asegura que las iniciativas del gobierno en materia indígena -las que fueron refrendadas por Sebastián Sichel, el nuevo ministro de Desarrollo Social- insisten en contradecir el espíritu del Convenio 169 de la OIT suscrito por Chile. “Es francamente patético que el subsecretario de gobierno, Ubilla, aparezca comprando tierra indígena cuando de acuerdo al estado de derecho debiera estarlas protegiendo”.
Por Paula Huenchumil – Fuente: interferencia.cl
Pablo Mariman Quemenado, académico del Departamento de Antropología de la Universidad Católica de Temuco e integrante de la Comunidad de Historia Mapuche, sostiene que Sebastián Piñera promueve la Consulta Indígena “porque los intereses del capital inmobiliario, frutícola, minero presionan por liberar las prohibiciones para acceder a las tierras indígenas y encuentran en este gobierno un custodio”.
El 22 de mayo el Ministerio de Desarrollo Social impulsó la Consulta Indígena que tiene como propósito actualizar y modificar la Ley 19.253 o Ley Indígena (que data de 1993). El proceso ha estado marcado por el rechazo indígena, al punto que este generó presión para el cambio del titular de la cartera, como finalmente sucedió con la salida de Alfredo Moreno y la entrada de Sebastián Sichel.
En conversación con INTERFERENCIA, Pablo Mariman, del sector de Curaco, Chol Chol, analiza desde una mirada histórica la política contingente. “Yo asistí a la Consulta en mi comuna y el recinto, su perímetro y las calles adyacentes estaban llenas de fuerza pública en actitud de amedrentamiento. ¿De dónde viene y quién pone la violencia?” se pregunta Mariman, quien además es miembro de la Asociación de Investigación y Desarrollo (AIDM) y uno de los autores del libro ¡…Escucha, Winka…! Cuatro Ensayos de Historia Nacional Mapuche y un Epílogo sobre el Futuro, editado por LOM en 2006.
El subdirector nacional sur de la Conadi, Marcelo Huenchuñir, acusó un boicot en contra de la Consulta Indígena, la que ha fracasado en La Araucanía ¿Cómo analiza esa postura?
La idea de un boicot lo que busca es traspasar la irresponsabilidad e incompetencia a terceros, sin asumir una autocrítica, ni la crítica que viene del mundo indígena. El gobierno no se responsabiliza de lo subyacente, es decir, del rechazo indígena a la vulneración del derecho a consulta, pues esta no fue libre, previa ni informada. No surgió de las necesidades de estos pueblos.
¿En qué consiste la modificación que se le quiere realizar a la Ley Indígena?
En permitir que quienes tenemos tierras podamos arrendarlas y venderlas como cualquier ciudadano del país que dispone de sus bienes en un contexto de libre mercado. No es que hoy no se haga, pero se limita solamente entre indígenas. Pero, para el cambio, las autoridades invocan la igualdad ante la ley y la libertad de disponer de los medios, en este caso la tierra, como mercancía. Y eso representa no solo una contradicción jurídica, sino ontológica.
Una mirada histórica nos puede bosquejar el escenario de esa contradicción. Durante el periodo de la posguerra, entre 1884 y 1929 [tras el proceso de ocupación de La Araucanía] se llevó a cabo la radicación indígena que transformó al país mapuche en 3.000 reducciones, despojando el 95% de nuestro territorio en favor de la propiedad terrateniente y de la colonización por parte extranjeros y nacionales. En ese contexto es que se invocó -tal como ahora, a nombre de la libertad y la igualdad- la necesidad de dividir los títulos de merced para que así dispusiéramos de nuestras propiedades.
Así fue como se perdieron 100 mil hectáreas en el periodo de las llamadas leyes indígenas de división de comunidades, especialmente en el tramo entre 1930 y 1950. De esta pérdida se hizo cargo la reforma agraria -entre 1967 y 1973- pero la contrarreforma -entre 1974 y 1989- volvió todo al comienzo del despojo.
El nuevo ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, manifestó que cualquier decisión respecto de la Consulta Indígena jamás va a ser condicionada por hechos de violencia y anunció modificaciones a esta, pero no su fin ¿Cree que ha existido violencia por parte del pueblo mapuche para detener la Consulta?
Yo asistí a la consulta en mi comuna y el recinto, su perímetro y las calles adyacentes, estaban llenas de fuerza pública en actitud de amedrentamiento. ¿De dónde viene y quién pone la violencia? creo que los mapuche lo tenemos claro.
Sin embargo, con toda esa humillación que se nos hizo vivir al tratarnos como delincuentes, a los representantes del gobierno se les fue la situación de las manos. No sólo el control y orden del evento, sino la legalidad y legitimidad del mismo. La gente se quedó a escuchar a sus representantes para firmar su rechazo y -en cambio- se autoconvocaron para otra consulta de temas propuestos desde ellos.
¿Por qué se está realizando ahora el proceso de Consulta?
La lectura transversal del movimiento indígena del país es que son los intereses del capital inmobiliario, frutícola y minero los que presionan para acceder a las tierras indígenas, que encuentran en este gobierno un custodio.
Otro gran contexto es el TTP [Tratado Transpacífico] que Chile ha suscrito, el que a una escala continental promueve la circulación de bienes para lo cual las legislaciones proteccionistas se modifican de acuerdo a propósitos transnacionales ligados al comercio y el orden neoliberal internacional.
¿A qué se refiere con los propósitos transnacionales?
Por medio el TPP los interés transnacionales de corporaciones y países potencias buscan acceder sin dificultad y con garantías a los recursos de países -como Chile, Perú o México- que los tienen resguardados por medio de sus legislaciones o a través de normativa como el Convenio 169 de la OIT o la Declaración de la ONU respecto de los pueblos indígenas.
Los acuerdos del TPP primarían por sobre esos ordenamientos, debiendo adecuarlos para que la inversión de los capitales extractivistas no tenga límites. He ahí el interés de este y los otros gobiernos por limitar el derecho indígena, y -ahora por medio la consulta- ir destrabando las protecciones sobre la tierra y los territorios indígenas, que son las zonas en que precisamente se vienen haciendo y proyectando mega inversiones.
¿EL Convenio 169 de la OIT respalda el proceso de Consulta?
Creo que esta consulta en particular contradice el espíritu de lo que debe ser una consulta; previa, libre e informada, como manda el Convenio. Esto en el entendido que la actual consulta no viene desde dentro de las sociedades indígenas. Esto no quiere decir que la necesidad no exista. Debe haber muchas otras, entre esas -y más importantes- las relacionadas con acceder a la tierra.
Pero, tenemos un gobierno de derecha que proclamó en la campaña electoral que haría estas y otras modificaciones, las que deben legalmente pasar por una Consulta. Pero, se trata de un gobierno que proviene de esa parte de la sociedad chilena que busca ir tras sus propios intereses y transformar lo que costó todo un proceso de construcción anterior.
Es francamente patético que el subsecretario de gobierno, Rodrigo Ubilla, aparezca comprando tierra indígena cuando de acuerdo al estado de derecho debiera estarlas protegiendo.
¿Por qué diferentes comunidades acusan que se trata de una consulta fraudulenta?
Porque no hay información previa, es apurada, no es construida de manera conjunta, y -además- los temas no nacen ni incluyen las necesidades de las comunidades.
Volviendo al pasado es bueno recordar que en la historia reciente y en la del siglo XX -bajo condiciones precarias de existencia- hubo contradicciones al interior de las comunidades entre quienes querían dividirlas y tener títulos individuales, y quienes no. Sin embargo, siempre estuvo el común acuerdo en acrecentar la cabida de tierras, manteniendo las limitaciones y prohibiciones de ventas, arriendos, hipotecas y gravámenes frente al winka [no mapuche]
¿Qué relación tiene la Consulta con el Plan Araucanía?
Ambos son productos de un gobierno de derecha que en su campaña electoral prometió desmantelar todos aquellos instrumentos jurídicos que colaboran con resguardar y promover los derechos de participación de los pueblos indígenas, como la ley indígena, la ley lafkenche o el Convenio 169, los que son obstáculo a la expansión del capital.
Entre las medidas inconsultas que promueve el plan está, por un lado, convertir en activos para el turismo los conocimientos, las tecnologías y los emprendimientos indígenas. Por otro -el de mayor volumen de recursos destinados al sector empresarial- es la inversión en rubros agro-frutícolas, como fue con las plantaciones de pino y eucaliptus.
¿Qué cree que pretende el gobierno con este proceso?
En un momento de sinceramiento del ministro Moreno antes de comenzar el proceso e invocando un sentido común, comentó en una entrevista cómo cotidianamente se realizaban compraventas de tierras indígenas, por lo que -según él- no destrabar las limitaciones y prohibiciones era seguir tapando el sol con un dedo. Ahora, si esas transacciones -como entendemos- son ilegales, entonces son irresponsables este tipo de opiniones viniendo de autoridades que están mandatadas a actuar de buena fe de acuerdo al derecho indígena que el país ha suscrito y convenido.
A lo que refiere Moreno es el despojo del que sistemáticamente hemos sido víctimas, y que ha dejado a generaciones sin tierra. Esto a través de leyes compensatorias que no son tales y resquicios legales, como los arriendos por 99 años -lo que ocurría bajo la dictadura cívico-militar- cuando disimularon compraventas.
Entonces cabe preguntarse ¿Cómo se repara esas injusticias y otras que están documentadas? En las respuestas puede haber buenas materias para la tabla de una consulta indígena futura, a coordinar con los gobiernos.
