Con el fin de visibilizar su demanda al gobierno de Chile para que revoque el Decreto Exento № 215 del Ministerio de Bienes Nacionales, que destina un “inmueble fiscal” de casi 9 mil hectáreas ubicadas en el territorio ancestral para la “instrucción y entrenamiento de la VI División del Ejército”, la comunidad de Socoroma se manifestó pacíficamente desde el Mirador de Copaquilla hasta la entrada pampa Campanane.
Leyla Noriega
Desde muy temprano, el 21 de octubre, comuneras y comuneros de Socoroma se trasladaron hasta el mirador de Copaquilla ubicado a aproximadamente 100 kilómetros de Arica, con carteles y banderas negras en sus manos, mujeres, adultos mayores, familias y personas solidarias, protestaron en la ruta internacional 11Ch.
Rodeados de Carabineros, por casi una hora las personas caminaron hasta el territorio que el gobierno de Chile, a través del Ministerio de Bienes Nacionales entregó en julio del 2017 al Ejercito de Chile dos lotes ubicados en pampa Campanane, comuna de Arica: uno de 5704,16 hectáreas y el segundo de algo más de 3007,20 hectáreas.
Dicha destinación se realizó en el marco del acuerdo denominado “Acta de Chena 4”, suscrito en octubre de 2016, entre los ministerios de Bienes Nacionales y Defensa, y el Ejército, donde las fuerzas armadas hacen traspaso de 168 mil hectáreas, entre los cuales hay sitios vinculados a la violación de los Derechos Humanos en dictadura, y a su vez, BB.NN. destina inmuebles fiscales al Ejército para cumplimiento de sus fines propios.
Defensa
«La comunidad de Socoroma rechaza la determinación unilateral del gobierno al otorgar tierras indígenas al Ejército. Lucharemos hasta las últimas consecuencias», dijo Irenia Marca, secretaria de la comunidad indígena aymara de Socoroma.
«Nuestra gente es respetuosa y queremos que se nos respete del mismo modo no politizando nuestro movimiento», agregó la dirigente territorial.
Territorio
A través de un comunicado público dado a conocer a través de las redes sociales y medios de comunicación, la comunidad expresó que “existe suficiente evidencia histórica, etnográfica y judicial que respalda la reivindicación de ese territorio por parte de la Comunidad, cuyos antecedentes jurídicos están presentes en los años 1750, 1772, 1787 y 1893”.
Agregan que “la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, a través de su Fondo de Tierras, desde 2015 inició un proceso para entregar a la Comunidad de Chucuruma certidumbre jurídica de la propiedad de la totalidad del territorio que históricamente ha poseído, en el que la comunidad ha participado activamente aportando todos los antecedentes documentales de que dispone, así como la información sobre la usos y costumbres propias del pueblo aymara requerida para su demarcación”.
Explican que la Ley 19.253 dispone la acción conjunta entre el Ministerio de Bienes Nacionales y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para regularizar la propiedad de las comunidades aymara, “por lo que resulta incomprensible que ambos órganos del Estado en un mismo período no hayan establecido las coordinaciones necesarias para resguardar los derechos territoriales de la comunidad”.
Consulta indígena
En la declaración pública, argumentan que “el acto administrativo a través del cual se decreta la destinación, por afectar de manera directa los intereses de una comunidad indígena, no solo debía ser sometido a consulta previa según las disposiciones del Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independiente, ratificado por Chile en 2008, sino que debía contar con el consentimiento libre, pleno e informado de la comunidad, tal como dispone el Artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.
“Parece un contrasentido que, al mismo tiempo que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet implementa un proceso de Consulta Constituyente Indígena para definir un nuevo marco institucional de la relación entre Estado de Chile y los pueblos originarios, el Ministerio de Bienes Nacionales adopte medidas que conculcan nuestros derechos sobre las tierras y territorios que históricamente hemos poseído, pues son éstos la base de nuestra existencia y de nuestra cultura”, añaden las y los socoromeños.
Finalmente declaran que el pueblo aymara es amante de la paz “y aspiramos a vivir en armonía y equilibrio con la Pachamama, los mallku, uywiris y achachilas, bajo los principios del Suma Qamaña, por lo que no podemos aceptar que nuestros territorios continúen siendo entregados a instituciones militares, incluso con fines de instrucción”.
Por lo que la Comunidad Aymara de Socoroma demanda que el Ministerio de Bienes Nacionales revoque el acto administrativo que los despoja de parte de su territorio y que se adopten todas las medidas necesarias, con la participación de las comunidades aymara, para prevenir que situaciones similares a las descritas vuelvan a ocurrir.
Velatón
Dentro de las acciones que la comunidad realiza, este 24 de octubre se realizó un pasacalle y velatón en Arica, desde las 18 horas en Patricio Lynch con 21 de mayo.
VER COMUNICADO PÚBLICO COMUNIDAD AYMARA
COMUNICADO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE SOCOROMA ANTE LA VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS TERRITORIALES
Recientemente, la Comunidad Aymara de Chucuruma ha tomado conocimiento del Decreto Exento № 215 del Ministerio de Bienes Nacionales, fechado el 5 de julio del presente año, en virtud del cual destina un “inmueble fiscal” localizado en la Región de Arica y Parinacota al Ministerio de Defensa para la “instrucción y entrenamiento de la VI División del Ejército”.
Tras analizar los antecedentes contenidos en el acto administrativo mencionado, la comunidad aymara de Socoroma ha considerado necesario exponer a la opinión pública lo siguiente:
Maya: que los Lotes A y B ubicados en l “Pampa Campanane de la comuna y provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota”, a lo que se refiere el decreto, se encuentran dentro del territorio histórica y ancestralmente poseído por nuestra comunidad.
Paya: que existe suficiente evidencia histórica, etnográfica y judicial que respalda la reivindicación de ese territorio por parte de la Comunidad, cuyos antecedentes jurídicos están presentes en los años 1750, 1772, 1787 y 1893.
Kimsa: que la Corporación Nacional Indígena, a través de su Fondo de Tierras, desde 2015 inició un proceso para entregar a la Comunidad de Chucuruma certidumbre jurídica de la propiedad de la totalidad del territorio que históricamente ha poseído, en el que la comunidad ha participado activamente aportando todos los antecedentes documentales de que dispone, así como la información sobre la usos y costumbres propias del pueblo aymara requerida para su demarcación.
Pusi: Que la Ley 19.253 dispone la acción conjunta entre el Ministerio de Bienes Nacionales y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para regularizar la propiedad de las comunidades aymara, por lo que resulta incomprensible que ambos órganos del Estado en un mismo período no hayan establecido las coordinaciones necesarias para resguardar los derechos territoriales de la comunidad.
Phisqa: que el acto administrativo a través del cual se decreta la destinación, por afectar de manera directa los intereses de una comunidad indígena, no solo debía ser sometido a consulta previa según las disposiciones del Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independiente, ratificado por Chile en 2008, sino que debía contar con el consentimiento libre, pleno e informado de la comunidad, tal como dispone el Artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Suxta: que parece un contrasentido que, al mismo tiempo que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet implementa un proceso de Consulta Constituyente Indígena para definir un nuevo marco institucional de la relación entre Estado de Chile y los pueblos originarios, el Ministerio de Bienes Nacionales adopte medidas que conculcan nuestros derechos sobre las tierras y territorios que históricamente hemos poseído, pues son éstos la base de nuestra existencia y de nuestra cultura.
Paqallqu: que los aymara somos un pueblo amante de la paz, y aspiramos a vivir en armonía y equilibrio con la Pachamama, los mallku, uywiris y achachilas, bajo los principios del Suma Qamaña, por lo que no podemos aceptar que nuestros territorios continúen siendo entregados a instituciones militares, incluso con fines de instrucción.
Kimsaqallqu: por la gravedad de los hechos expuestos, la Comunidad Aymara de Socoroma demanda que el Ministerio de Bienes Nacionales revoque el acto administrativo que despoja a la Comunidad de parte de su territorio; y que se adopten todas las medidas necesarias, con la participación de las comunidades aymara, para prevenir que situaciones similares a las descritas vuelvan a ocurrir.
Llätunka: Convocamos a las organizaciones aymara, agrupaciones de la sociedad civil y medios de comunicación democráticos a solidarizar con la comunidad, denunciando estos hechos
Comunidad aymara de Chucuruma
Chucurumamarka, octubre de 2017
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