Para el Ministerio de Energía encabezado por Máximo Pacheco, un personero vinculado a empresarios en Chile, los derechos humanos no tienen cabida, menos los derechos de los Pueblos Indígenas, donde se ha desarrollado una política oficial de crecimiento energético a pesar que el País y su ciudadanía no lo necesita.
El Ministerio ha venido desde hace rato intentando implementar medidas para facilitar la intervención de los territorios con el propósito de mejorar el acceso de proyectos energéticos, en particular, hidroeléctricos. El mismo ministerio ha señalado que la intervención de ríos para fines energéticos es la política oficial del estado.
Sin embargo empresarios y sectores políticos coludidos, tienen que enfrentar una importante resistencia a sus intereses, principalmente por habitantes locales quienes velan por sus derechos, quienes exigen respeto y garantía de derechos humanos, como es el caso de varias familias y comunidades Mapuche, quienes en diversos lugares se encuentran amenazados por la intervención de ríos, afectación de aguas y ecosistemas, daños al tejido social y cultural, afectación paisajes, desplazamiento de vocaciones locales de desarrollo, entre otros.
El movimiento argumenta que al mes de enero 2015, la capacidad instalada del Sistema Interconectado Central (SIC) es de 15.178,9 MW y la del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) es de 4.785,6 MW. “En conjunto se encuentran instalados 19.964,4 MW de potencia, correspondientes a un 63% de origen térmico, un 31,9% de origen hídrico, un 3,6% de origen eólico y un 1,4% de origen solar. En ese mismo mes, las demandas máximas del SIC y del SING alcanzaron los 7.527,8 MW y 2.340,8 MW, respectivamente”, indicaron, quienes dieron como una de sus fuentes el Boletín del Mercado Eléctrico SECTOR GENERACIÓN.
La presidenta Bachelet anunció este 21 de mayo que una de las medidas a favor de las poblaciones locales es la rebaja de luz donde se emplazarían estos proyectos, sin embargo, esto es parte de una acción mayor sobre políticas y legislación de Asociatividad /
Los anuncios no hacen más que intensificar los conflictos territoriales y resistencia, ya que si bien, existe un descontrol en las formas de llevarse a cabo el lucro bajo la intervención de territorios por parte de sectores empresariales, hoy se busca seguir intensificando el sacrificio de numerosos lugares para dar suministro energético a las mineras y celulosas, en desmedro de desarrollos locales y autónomos.
Los derechos de los Pueblos indígenas han sido relegados y la administración pública no asume sus obligaciones, principalmente en lo que establece el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
