Sergio Catrilaf es presidente de la comunidad Juan Catrilaf II, ubicada en el sector de Ñinquilco, en Padre las Casas. Tiene 37 años y está prófugo desde comienzos de febrero. Alberto Chiffelle, fiscal jefe de Temuco, solicitó su detención por la supuesta vinculación en el homicidio de los colonos Werner Luchsinger y Vivianne Mackay -matrimonio que falleció calcinado la noche del 4 de enero de 2013-, pero la policía le perdió la pista antes de apresarlo.

Desde entonces, Sergio deambula por alguna parte desconocida. A fines de marzo pasado, grabó un video de tres minutos en el que explica su situación: “mi nombre es Sergio Catrilaf, Muku Püllii es mi lof. En este momento yo he decidido no volver a la cárcel, ya que históricamente los winka nos han atropellado y encarcelado”, decía sentado a la orilla de un río, mientras se mostraban imágenes de unos caballos y una tetera al fuego.

Al día siguiente, la policía allanó la comunidad durante la madrugada. Denunciaron torturas. “Carabineros ingresó de manera violenta, rompiendo puertas y ventanas”, dijo aquella vez la abogada Manuela Royo, que defiende a Catrilaf. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de él. En prisión preventiva hay otros once comuneros, cuatro de ellos familiares suyos. Todos fueron formalizados el 30 de marzo de 2016, incluida la machi Francisca Linconao, quien se mantiene con arresto domiciliario.

Una de las pistas más fuertes que tiene la fiscalía es la confesión de José Peralino, quien declaró tres veces. En las dos primeras vinculó a todos los imputados y en la última aseguró que aquellos testimonios habían sido obtenidos mediante apremios ilegítimos. Los policías que participaron del interrogatorio deberán declarar en el juicio. Los mismos que están siendo imputados en una causa paralela, como autores de los abusos que Peralino dijo haber sufrido.

Sergio Catrilaf no cree en la justicia y por eso se volvió un clandestino.

¿Cómo te declaras?
Soy totalmente inocente de lo que se me acusa y eso quedará demostrado ante sus propios tribunales de justicia, en los que, por supuesto, tampoco creemos. Cómo creer en ellos si fundan su origen doctrinal en los romanos y sus dioses griegos, adoptados por su sistema dominante, carácter genuino de su diosa Fas (Themis), que reluce la balanza en una mano y en la otra empuña la espada. Nuestros dioses son generosos, jamás ofrecen en una mano el cielo y en la otra el fuego. No existe para nosotros esa dimensión llamada infierno.

¿Qué hiciste el 4 de enero de 2013?
Comercializaba verduras en Temuco.

¿Quiénes son los Luchsinger Mackay?
No los conozco, pero en este caso se han empeñado en tratar de vincularnos, sabiendo que nuestra comunidad se ubica cerca de Temuco.

¿No había relación con ellos antes de que sucediera el incendio?
Jamás tuvimos relaciones de ningún tipo con ellos.

¿Qué opinión tienes sobre lo que les ocurrió?
Es un hecho horroroso que no le deseo a nadie. En nuestras costumbres no existen hechos que justifiquen tal aberración.

Su familia acusa que esto es terrorismo.
No soy abogado para darle una connotación personal, pero también este último tiempo hemos visto por los medios que habían disputas entre la familia Luchsinger y los Mackay, y no está claro hasta qué punto eran capaces de expresar su odiosidad entre ellos por las tierras usurpadas.

¿Qué debería hacer la familia Luchsinger?
Dejar de criminalizar a las comunidades mapuche.

El 30 de marzo de 2016, la policía te detuvo a ti y a once comuneros más. Háblame de ese período.
Pasaron tres años y al no obtener resultados, sobornaron a una persona vulnerable económicamente y socialmente, y se le elaboró una declaración. A todas luces esa persona, claramente no tiene una escolaridad para elaborar una declaración de ese tipo.

¿Cómo es visto el fiscal Alberto Chiffelle por ti y tu comunidad?
Desde nuestra perspectiva, Chiffelle responde a su patrón, finalmente quienes están detrás de todo esto es el gobierno y los poderes económicos: latifundistas y colonos. Representa la corrupción en este país, donde el que piensa diferente hay que reprimirle la libertad. Mientras tanto, con este tipo de entretelones mediáticos, se trata de tapar todo tipo de corrupción, y desde todos los niveles y servicios, como hemos visto últimamente. En esos casos, obviamente los fiscales no encarcelaban a nadie, porque es el mismo gobierno quien les da la merienda, y por lo tanto a los patrones no se les toca.

El vocero del Ministerio Público, Luis Torres, dijo que eras un peligro para la sociedad. ¿Por qué crees que te considera peligroso?
El vocero Luis Torres cumple su función: la de mentirle a la opinión pública por mandato del gobierno y de los gremios. Hay que desvirtuar la atención de la gente y qué mejor que el hostigamiento al pueblo mapuche, criminalizando su protesta y encarcelando a sus líderes. Nosotros, la comunidad Catrilaf, no tenemos ninguna demanda en la comuna de Vilcún.

¿Qué pasó el día que decidiste declararte clandestino?
No soy clandestino en mi Wallmapu: yo soy parte de él.

¿Qué estás dispuesto a hacer para no volver a la cárcel?
Estoy tranquilo, esperando el comienzo del juicio oral. Me he dedicado a recorrer el Wallmapu.

LA PERSECUCIÓN

La comunidad Juan Catrilaf II está ubicada en el lof Ñinquilco. Allí creció Sergio y sus cinco hermanos. A fines de la década de 1999, su familia comenzó un proceso de recuperación de tierra, y hasta ahora han logrado anexar 840 hectáreas, repartidas entre más de 70 familias. Todas obtenidas a través de la Conadi. Están ubicadas en un lugar al que Sergio llama lof Muku Püllii, donde aproximadamente hay 300 hectáreas cultivables y el resto es territorio de preservación: bosques nativos y humedales. “Llevamos el 90% del territorio reconstruido”, asegura. Allí crían animales y plantan forraje, hortalizas, y cereales.

¿Cómo es la historia de la comunidad Juan Catrilaf II?
La comunidad Juan Catrilaf II nace producto de la Conadi. Antes de eso éramos sólo Juan Catrilaf, según título de merced. Todo esto es una organización funcional que responde a una imposición, por parte del Estado, a organizaciones bajo esta lógica. La comunidad, según ley 19.253, la pueden fundar o constituir 10 personas mayores de 18 años, pero lo que hay detrás es reorganizar a la gente en unidades más pequeñas, y así poder controlarlos mejor. En nuestra organización sociopolítica, su unidad menor es el lof, y en este momento en el lof Ñinquilco, al que pertenecemos, existen unas seis comunidades constituidas.

¿Qué recuerdos tienes de infancia?
Somos cinco hermanos. Crecimos en el lof Ñinquilco con estricto apego a nuestras raíces, participando de las diferentes ceremonias culturales, pero no ajenos a las consecuencias del reduccionismo y empobrecimiento metódico por parte del Estado hacia nuestro pueblo, lof, y nuestras familias, que debían sortear momentos críticos económicamente. A los 13 años de edad me vi en la obligación de trabajar por un salario precario en temporada de verano. Todo esto, para aportar a la casa y comprarme mis útiles y vestimenta para el colegio. Solía trabajar en la cosecha de frutas en la zona central. A los 15 años ya salía con mi padre a trabajar a la temporada de la fruta a la Argentina. Eso, hasta el año 2000. Posterior, decidimos trabajar en la producción de hortalizas en nuestro lof y ya para el 2003 comencé a hacerlo en los proyectos para mi comunidad. Participamos en el fondo de compensación territorial del baipás Temuco, que tuvo una duración de 5 años, el cual me adjudiqué durante los cinco concursos. En el año 2009, formulamos una propuesta de captación de aguas subterráneas para riego de hortalizas y concretamos ese proyecto de construcción de un pozo profundo y distribución de aguas subterráneas extrapredial, que tuvo un costo de $60 millones.

¿Cuándo empezó la recuperación territorial de tu comunidad?
Nuestra comunidad comienza el proceso de reparación territorial a fines de noviembre de 1999. Nos convocamos 13 comunidades y decidimos entrar a una recuperación simbólica en el fundo Santa Ana, de Ñinquilco. Yo aún no era parte de la directiva, habían otros comuneros dirigiendo esta acción.

¿Qué pasó después?
Jamás tuvo un resultado para las comunidades que participaban, quienes encabezaban esa organización bajo el nombre Ayjarrewe Xuf Xuf, terminaron siendo cooptados por el sistema estatal. La mayoría de ellos hoy son funcionarios del ministerio de Educación, quedando nuestras comunidades a su voluntad y desarticuladas. Posterior a eso, decidí trabajar una carpeta de demanda de tierras para mi comunidad, lo que tuvo eco el 2005, en una resolución de Conadi. Se nos concedió la aplicabilidad del artículo 20 letra B, que dice relación con la restitución de tierras. En el 2007 se priorizó a nuestra comunidad, junto a otras, para la compra de tierras. Pero el 2008 nos solicitaron incorporar a 48 comuneros de otros lof, para la adquisición de los pedios Santa Margarita, San Miguel y Santa Herminia.

¿En qué momento comenzó la persecución?
La persecución comenzó el año 2008, cuando gente del gobierno y de Conadi, se acercaron a nuestra comunidad solicitándonos que intercediéramos en la compra de los fundos Santa Margarita y San Miguel, de propiedad de Jorge Luchsinger en ese entonces, y la idea era que incorporáramos a nuestra comunidad a esas 48 personas ajenas a nuestra organización, con el fin de que se les comprara en copropiedad estos fundos.

Al año siguiente te vincularon en un ataque a un vehículo de Tur Bus, del que luego saliste absuelto.
Mi vinculación al caso Tur Bus obedeció a una estrategia para no comprar finalmente los predios de Jorge Luchsinger. La idea era hacer caer esa negociación. Como en ese momento yo era el presidente de la comunidad, qué mejor que mandarlo a la capacha por un año y así no concretar la compra por parte del gobierno de Michelle Bachelet, y dejarle el caso al siguiente gobierno. Esto obedecía netamente a que el caso por la muerte del comunero Matías Catrileo, ultimado en el predio Fundo Santa Margarita, se estaba enfriando. Entonces, la inteligencia recomendó al gobierno no comprar, pero luego de las detenciones de mucha gente de la zona, y los reclamos posteriores de los que fueron anexados, hizo que se reconsiderara la compra de los predios de Jorge Luschinger, lo que se concretó a principio del 2010.

En ese caso había un testigo protegido: Raúl Castro Antipán.
En el caso Tur Bus pusieron a un comodín de testigo, un delator compensado. Él estuvo en al menos dos casos más en igual calidad, o sea, de testigo encubierto. Jamás conocí a Raúl Castro Antipán. Lo vi en el momento en que pasó al estrado a relatar hechos fantasiosos, pues la versión que prestó previamente a la fiscalía tenía errores descomunales. Le dijo al tribunal que había participado junto a todos los imputados en cinco cortes de caminos en una hora. Luego, durante el proceso, unos peritos hicieron una reconstrucción de escena y dijeron que eso era imposible de lograr en menos de seis horas, por el recorrido. Todo ese proceso fue un show para encarcelar a gente. Hoy, el mismo gobierno de Michelle Bachelet, y su equipo del ministerio del Interior, nos trata de igual manera.

A fines de marzo de este año tu familia denunció abusos de la policía, ¿cómo han vivido el asedio?
La policía es la cara del Estado. Este último tiempo hemos visto por los medios que no son diferentes a los políticos y las otras instituciones, donde se corrompen por las lucas.

¿Cómo se ha visto afectada la comunidad con las detenciones de tus familiares?
La comunidad no ha podido proyectarse en los predios adquiridos como se debiera y muchos de nuestros niños han desertado de la universidad por lo mismo.

En una carta a Michelle Bachelet hablabas de los jóvenes que están en la universidad. ¿Qué significan ellos?
Muchos de ellos significan esperanza para las reivindicaciones de nuestro pueblo.

¿Consideras la violencia como una forma de reivindicación?
El concepto de violencia es subjetivo. Nuestra estrategia, como comunidad, jamás ha reivindicado hechos de violencia, pero a cambio recibimos la violencia policial.

¿Qué opinión tienes de la CAM?
Que no es una organización seria, pues una organización seria no emite juicio o plantea prejuicios en hechos o procesos judiciales que se están investigando. Ellos dijeron en algún momento, a través de un comunicado, que todos los imputados por este caso eran culpables. Pero en los días que ocurrieron los hechos, se habló que los culpables eran los descolgados de la CAM, o sea, personas que pertenecieron a esta orgánica. Por tanto, la CAM debería nombrar a quienes pertenecieron a su organización y colaborar así con la justicia y al esclarecimiento de los hechos.

¿Qué probabilidades ves de que esto se solucione?
Acá habrá una absolución total, pues se involucran a más de cinco comunidades del territorio, imputándoles este delito que no sabemos quiénes reivindican.

¿Qué debería hacer el Estado?
Debería reconocer a los pueblos originarios como distintos. La nación mapuche no les pertenece.