PUEBLOS INDÍGENAS Y TRABAJADORES DE CONADI: UNA NECESARIA ALIANZA.
Desde hace mucho los pueblos indígenas y los trabajadores han realizado una lucha paralela. No obstante, creemos que en vista de la evidencia, ha habido una separación poco estratégica, dado que ambos mundos se cruzan, y parecen sufrir algunas vulneraciones comunes que ameritan una lucha conjunta, una unidad estratégica, que vaya más allá de lo incidental. En este sentido, la alianza de los pueblos indígenas con organizaciones de trabajadores, partiendo por los trabajadores de CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, organismo de gobierno encargado del “desarrollo integral” y de la “participación” de los pueblos indígenas), parece necesaria e imprescindible.
El conflicto entre los pueblos indígenas y el Estado sigue sin ser solucionado. Ya es casi consenso que la solución es una profunda reforma a la Constitución y las Leyes para implementar todos los derechos que consagra el Derecho Internacional (Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos indígenas y Convenio 169 de la OIT, entre otros). Sin perjuicio de ello, existen aliados estratégicos que pueden acompañar y apoyar en este proceso, cuya colaboración ha sido incluso desaprovechada.
Los trabajadores públicos han debido enfrentar las vulneraciones de sus derechos, y los indígenas los suyos, ambos en solitario, a pesar de que las vulneraciones de ambos tienen el mismo origen: el Estado.
Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, Conadi ha sido vista con esperanza, pero también con desilusión. Si bien los dirigentes indígenas del siglo pasado lograron que se dictara una ley especial y la creación de una institucionalidad nueva, así como nuevos mecanismos para avanzar en los derechos indígenas, en la práctica, la CONADI ha sido acusada de lentitud, ineficacia, poco presupuesto, división de comunidades, colonialismo, imposición de políticas, persecución de dirigentes, entre otras.
En el mundo indígena hay mucha desconfianza, y los «usuarios» (indígenas empobrecidos y sus familias), reclaman a los funcionarios como los responsables de las políticas públicas que aplica CONADI.
No obstante, queremos señalar que no son los funcionarios de CONADI quienes diseñan o crean la política pública, son sus AUTORIDADES las que lo hacen. Los funcionarios de Conadi sólo aplican tales políticas, y no pueden modificarlas, y por lo tanto no son ni pueden ser los responsables de su mal funcionamiento.
Entonces, ¿quiénes son esas autoridades, los verdaderamente responsables del fracaso de la política indígena y de su ineficacia?
Por ejemplo, ¿quién fija el presupuesto bajo del Fondo de Tierras y Aguas de Conadi?: El ministerio de Hacienda y el Congreso nacional vía ley de presupuestos. ¿Quién fija los criterios de asignación de tierras?: el Consejo Nacional de Conadi. ¿Quién determina las consultas de los proyectos de ley que reforman la institucionalidad indígena estatal?: El Subsecretario y la Ministra de Desarrollo Social. Súmese a ello que las políticas de Minería, Aguas, Forestal, Agrícola, etc, se determinan en los distintos ministerios del ramo. El proyectado Ministerio de Pueblos Indígenas no se sustraerá de este fenómeno, pues no lo abarcará todo, y sus futuros funcionarios seguirán sin definir la política indígena.
Es decir, cuando se busca a los responsables de la ineficacia de la política indígena, se culpa injustamente a los trabajadores de la mala gestión de los políticos (consejeros, director, subsecretario, ministro, presidente). En este sentido, los trabajadores de Conadi, son carne de cañón de la política indígena, son la cara visible de la institución (y del eventual Ministerio indígena), el chivo expiatorio y la ventanilla de reclamos de los pueblos indígenas, naturalmente descontentos por la demanda y derechos insatisfechos por las autoridades políticas.
Culpar a los funcionarios de Conadi y no a sus autoridades es una injusticia, es confundir el blanco, y restar un aliado estratégico en la lucha por los derechos indígenas.
Partiendo desde las premisas anteriores, cabe percatarse que los derechos indígenas dependen en parte de los derechos de sus funcionarios y viceversa. Si existen pocos funcionarios para enfrentar la alta demanda de usuarios, ello atentará contra el bienestar de los trabajadores pero también atenta contra los derechos indígenas. La inestabilidad laboral hará que los funcionarios sean más propensos a presiones de las autoridades para eventualmente vulnerar derechos indígenas o aún normas de probidad administrativa (basta con ver algunos dictámenes de Contraloría para percatarse de ello). Y suma y sigue.
Creemos que ha llegado la hora de esa unidad, de percatarse que muchos de los funcionarios de CONADI comparten que los pueblos indígenas que deben ser reconocidos como Pueblos y que sean protagonistas en la generación de Políticas Públicas. Es necesario avanzar juntos y no separados, a colaborar, a realizar petitorios conjuntos, a trabajar una agenda común, pues el bien de uno, es el bien del otro, y viceversa. Y que el instrumento que nazca de esta alianza sea más eficaz que las políticas que pretende combatir.
Ariel León Bacián, Dirigente aymara, Ex asesor parlamentario.
Sandra Marín Cheuquelaf, Presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de CONADI
