Por Pablo Huaiquilao Huincaman (**)
El miércoles 15 de abril la presidenta chilena Michelle Bachelet firmó el decreto que crea la Comisión Asesora Presidencial para el estudio y creación de un nuevo Sistema de Evaluación Ambiental para el país, la que sesionará de forma periódica durante nueve meses para generar propuestas en la materia.
Desde el pronunciamiento del discurso de Bachelet ya se aprecia una serie de incoherencias entre este y lo que el estado demuestra en la práctica. Bachelet indica que es necesario escuchar a los ciudadanos y generar un sistema que sea capaz de darle sostenibilidad a los proyectos a largo plazo. Estas palabras ya se contradicen con la conformación de la Comisión asesora, donde existe una evidente y mayoritaria participación del influyente sector privado en este selecto grupo, especialmente el sector vinculado a la minería y a privados que se han desempeñado en asesorías a este sector productivo o ex funcionarios que se dedican a asesorar a diferentes empresas para conseguir su instalación en los territorios, además de entidades afines al gobierno actual y a los partidos políticos de la mueva mayoría.
Por otro lado la presidenta indica que a los proyectos hay que darles sostenibilidad a largo plazo y agilidad y hacer más expeditos los procedimientos en el sistema para acortar el tiempo de evaluación de los proyectos, contradiciendo la visión de la sociedad afectada por los proyectos productivos que indican que el sistema de Evaluación Ambiental debe ser capaz de generar condiciones de sustentabilidad en los territorios donde se pretenden instalar estos proyectos productivos, una evidente y sustancial diferencia de foco hacia la calidad de vida de las personas desarrollándose en un medio ambiente libre de graves impactos sociales, ambientales, culturales y espirituales debido a la instalación de proyectos productivos.
Ya casi en forma resignada observamos nuevamente que existe una nula participación de los pueblos originarios, especialmente de los pueblos Mapuche y Aimara donde se concentran mayoritariamente las pretensiones de los sectores mineros y energía con una gran cantidad de proyectos de inversión. ¿Cómo pretende el gobierno escuchar mejor a la ciudadanía si quienes están asesorando son mayoritariamente afines a un sistema económico basado en el extractivismo sin mayores regulaciones y por lo consiguiente, afines también de un sistema de evaluación con menores trabas, más expedito para la aprobación de sus proyectos?, por lo menos así lo han hecho saber la SOFOFA al presionar abiertamente al gobierno para destrabar los proyectos que se encuentran paralizados en diversas instancias, Esta organización de los empresarios manifiesta que las principales causas de la paralización de sus proyectos están la judicialización de los proyectos y fuertes oposición de las comunidades, altos costos de energía, falta de certeza jurídica y excesiva demora en el proceso de evaluación ambiental, fiscalización y sanciones de las autoridades, por no cumplir con la normativa ambiental (Sofofa, 20015). Así como lo ha hecho también la Confederación de Producción y Comercio CPC en sus dos informes sobre “Agenda para Impulsar las Inversiones en Generación Eléctrica de base en el SIC”, ambos del año 2013.
Es por lo tanto lógico que minoritariamente se encuentre representada en esta comisión el mundo del as ONG ambientales, que lamentablemente no se han especializado en una visión integradora entre medio ambiente y culturas originarias. Más lógico es aún la nula participación de los pueblos originarios que han tenido que, contra todo obstáculo, oponerse a proyectos altamente perjudiciales para su cosmovisión en sus territorios. Vemos con preocupación que la conformación de este Consejo asesor sea la crónica de un resultado anunciado por el empresariado. Un sistema de evaluación más expedito, menos burocrático, que logre evitar la judicialización de los proyectos y que continúe obviando criterios reales de evaluación más allá de lo técnico y económico, como los criterios sociales, culturales e incluso los espirituales que hemos denunciado constantemente.
Siendo un poco más específico, los proyectos de inversión en territorios tradicionales mapuche se han enfrentado a una fuerte oposición, especialmente aquellos del rubro energético que pretenden intervenir Ríos y Esteros que las Comunidades y Lof Mapuche consideran como sagrados. Esta situación, dada la conformación del consejo asesor será totalmente ignorada en la nueva institucionalidad y por lo tanto los conflictos, dada también la mayor facilidad para obtener los permisos ambientales, se incrementarán sustancialmente.
Capítulo aparte será, en su momento, el apego a la normativa internacional en materia de consulta indígena, estipulado en el Convenio 169 de la OIT, que deba aplicar el ejecutivo de la nueva normativa de evaluación ambiental, que se genere de este proceso.
Los sucesivos gobiernos han demostrado y últimamente de forma muy evidente, una colusión descarada con los intereses empresariales, no es de extrañar entonces que esta sea un caso más de relación incestuosa entre la las empresas y las autoridades políticas de turno.
Lo que queda claro, es que los mapuche y en general los pueblos originarios tendremos que seguir enfrentando una ola de proyectos invasivos en nuestros territorios, la presión del dinero, la complicidad y oportunismo de las autoridades políticas locales y regionales y la pasividad enfermiza de la sociedad chilena.
(**) Pablo Huaiquilao Huincaman
Ing. Forestal
Mag. Manejo RR. NN.
Corporación Mapuche Pewün Kimun
