Según el Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (2012), el resultado de 30 años de intervenciones armadas de paramilitares y guerrillas, en el marco de una ‘guerra sucia’ que, según proceso de acuerdos entre gobierno y la denominada Farc estaría con un cese conflicto, es de cerca de 6,5 millones de hectáreas despojadas a campesinos, indígenas y afrocolombianos, un poco más de 5,9 millones de personas desplazadas, cifra superior a la población de Dinamarca en Europa a modo de ejemplo, o de países en América como Costa Rica, Uruguay, Panamá. La cifra de muertos en el marco del conflicto bélico de acuerdo a ese registro, superaba al 2012 los 218.000 muertos. Entre los desplazados se encontraban más de un millón de afrocolombianos y 73.200 indígenas, lo que representa respectivamente el 10% y 6% de sus poblaciones.
Estas cifras finalmente han sido actualizadas este año 2016 y Amnistía Internacional ha señalado en términos generales los siguientes antecedentes: 7,9 millones: víctimas del conflicto armado, casi la mitad de ellas mujeres. (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, septiembre de 2016); 6,9 millones: víctimas de desplazamiento forzado. (UARIV); 267.000: homicidios relacionados con el conflicto, en su mayoría de civiles. (UARIV); 4.392: víctimas de posibles ejecuciones extrajudiciales registradas por la Fiscalía General de la Nación (Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, marzo de 2016); 46.386: víctimas de desaparición forzada (UARIV); 29.622: secuestros (UARIV); 11.062: víctimas de minas terrestres antipersonal y artefactos explosivos no detonados (UARIV); 8.022: niños y niñas soldados utilizados por los paramilitares y la guerrilla. (UARIV); 63: defensores y defensoras de los derechos humanos víctimas de homicidio en 2015, entre ellos líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos. Cincuenta y dos en los nueve primeros meses de 2016. (Programa Somos Defensores); 20: miembros de sindicatos víctimas de homicidio en 2015 (Escuela Nacional Sindical).
Referentes bélicos de Colombia, el Estado y gobernantes, sin sus paramilitares, más, representantes de la denominada guerrilla de Las Farc, vienen desde hace un largo tiempo con mesas de diálogo “para la paz”, cuyo proceso habría llegado a un acuerdo que sería definitivo.
Al respecto, Amnistía Internacional señala: “Colombia ha avanzado mucho desde sus años más violentos. Sin embargo, continúan cometiéndose abusos y violaciones de derechos humanos contra comunidades marginadas, en particular contra las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como contra defensores y defensoras de los derechos humanos, como líderes comunitarios, sindicalistas y activistas del derecho a la tierra”.
Agrega en otro punto: “La mayoría de estos ataques, muchos de ellos atribuidos a grupos paramilitares que continúan activos pese a su supuesta desmovilización hace un decenio, no se producen en el contexto de combates y a menudo son consecuencia de intereses económicos. Muchas de esas comunidades expuestas a sufrir ataques son precisamente las que luchan contra la explotación de sus tierras y territorios por negocios mineros, de infraestructura, industriales y agroindustriales”, ha explicado Erika Guevara-Rosas”.
Cabe señalar que las principales víctimas del conflicto bélico: campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes, continúan viviendo esa violencia señalada por Amnistía Internacional en el marco de una violencia estructural, donde las opiniones de los directamente afectados no fueron debidamente consideradas, sino vedadas, así como sus representantes (autoridades ancestrales , dirigencia organizacional – territoriales), sin que se les garantice un derecho humanitario ante tantos años de masacres, genocidios, desplazamientos forzosos y y el actual avasallamiento de industrias extractivas como mineras y petroleras.
El “modelo de conflictos” de Colombia ha proliferado a otras regiones del continente, como México. Asimismo, otros países viven situaciones de violencia estructural, como Honduras. La relación conflicto bélico en Colombia y el desplazamiento de la población, ha estado directamente involucrada con los intereses extractivistas de mineras y petroleras.
