Experimentar la militarización. El caso Wallmapu

¿Quiere militares en las calles para controlar el delito? Los autores revisan y evalúan dos años de Estado de Excepción en la Araucanía. Argumentan que extender la militarización es “apagar el fuego con bencina”.

FUENTE: Tercera Dosis
Por Fernando Pairican Y Wladimir Martínez.-

Los niños y niñas que han vivido guerras, que han sentido un gran miedo o que han visto la muerte, incorporan esas experiencias a sus juegos, sus dibujos, sus sueños. ¿A qué juegan los niños de las comunidades mapuche? A muchas cosas, por supuesto, pero en algún momento la experiencia de décadas de violencia emerge y la usan como material.

Es frecuente, entonces, ver en las comunidades el juego de perseguir al pacowinka usando palos que simulan ser armas; o ver a los niños y niñas esconderse bajo las mantas (makuñ o ükülla) de sus padres o madres, cuando el juego se invierte y es el pacowinka quien los persigue. Esto último también lo hacen, pero con genuino miedo, cuando ven a un carabinero de verdad o a un militar entrar en sus comunidades, o cuando tienen que ir a la ciudad.

Tienen motivos para eso: desde hace más de una década se informa constantemente de niños y niñas mapuche afectados en operaciones policiales. En una incursión en 2009, en la comunidad de Temucuicui, siete menores resultaron heridos.  En 2012 un número similar, perteneciente a la misma comunidad, fue lesionado por policías en las afueras del hospital de Collipulli, según indica un recurso de amparo interpuesto por el INDH. Algo equivalente sufrieron los menores y sus familias de las comunidades Huañaco Millao, Chacaico, Butaco y Pancho Curamil y Coñomil Epuleo, allanadas en enero de 2021 en medio de una operación con más de 800 efectivos y que contó con el apoyo del Equipo de Reacción Táctica (ERTA) de la Policía de Investigaciones (PDI).

Las militarización del territorio mapuche partió oficialmente en octubre de 2021, durante el gobierno de Sebastián Piñera, con la declaración de Estado de Excepción. Su duración era de seis meses, pero se ha prolongado hasta hoy, a pesar de que ha sido denunciada por distintas comunidades como un acto de violencia política por parte de los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric. Los antecedentes de esta militarización, sin embargo, se remontan a 2001, cuando se inició un proceso de intensificación de la seguridad con fuerzas de Carabineros de Chile.

Los datos disponibles muestran que esta militarización no ha tenido efectos reales en reducir el nivel de violencia, como se mostrará más abajo. Se argumentará también que, si esta política se mantiene, pese a su falta de resultados, es porque tranquiliza a los partidos de derecha, los empresarios y grandes agricultores. Esa tranquilidad tiene, sin embargo, un costo: es la sensación de amenaza permanente que pagan las comunidades. Esa amenaza instala en las generaciones jóvenes miedos y formas de relacionarse con el Estado que, en parte, explican la aparición de nuevos movimientos más radicales que han tomado distancia de la Coordinadora Arauco-Malleco.

“La militarización abre espacios para experiencias de resistencia y creatividad mapuche, frente a lo que conciben como una amenaza para sus legítimas reclamaciones políticas y territoriales”

En los últimos meses algunos sectores de derecha, pero también liderazgos importantes de centro y de izquierda, han propuesto el despliegue militar para solucionar problemas delictivos en las grandes ciudades. Las consecuencias de esa política pueden verse en la Araucanía y el Bío-Bío, particularmente en las comunidades cuya vida familiar y social, así como sus posibilidades de organización política, se han visto fuertemente afectadas.

En ese sentido, esta columna busca mostrar las restricciones que tiene la vida de las personas que se organizan por una causa –en este caso la autonomía– cuando su demanda se criminaliza y se frena con fuerzas de seguridad. Si usted siente que no es parte de ninguna demanda colectiva contra el Estado u otros grupos de poder, puede que lo que aquí se expone no le haga sentido. Pero si forma parte de aquellos que hace años quieren el fin de las AFPs o que están molestos con las ISAPREs, o que tienen hijos que eventualmente pueden salir a la calle a manifestarse contra el gobierno que sea, le interesará entender la espiral de violencia de la que es parte la militarización.

CÓMO LLEGAMOS AQUÍ

En los años 90 el gobierno chileno pareció desarrollar otra relación con los pueblos originarios. En parte por la conmemoración del Quinto Centenario, que puso en debate la violencia padecida por las poblaciones indígenas, los gobiernos latinoamericanos iniciaron políticas de reconocimiento constitucional y de interculturalidad; y el gobierno chileno buscó alinearse con ellos.

A nivel latinoamericano algunos autores se refieren a este período como “la década del reconocimiento” pues estuvo marcada principalmente por la apertura de nuevos procesos constitucionales que incluyeron -aunque de modo lento- el establecimiento de derechos de Autonomía y políticas interculturales en el ámbito educativo.

Sin embargo, en esos años también irrumpieron movimientos indígenas por fuera de la institucionalidad, como el Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK) en Bolivia, Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México y Aukin Wallmapu Ngulam (Consejo de todas las Tierras) en Chile, lo que evidenció que parte de los pueblos originarios transitaban otros caminos, menos institucionales, para reclamar y ejercer sus derechos indígenas.

Estas dos vertientes fueron descritas como autonomías “desde arriba y desde abajo” por la literatura especializada. La primera aludía a los reconocimientos autonómicos desde el Estado que se llevaron adelante en la Nicaragua sandinista (que incorporó la autonomía regional), en Ecuador (que hizo reconocimientos institucionales de la interculturalidad) y en Chile, que generó instituciones mediadoras, como la CONADI, la cual ha sido la encargada de conducir las políticas indígenas de los gobiernos de postdictadura.

“Los datos muestran que la idea de que el Estado de Excepción Constitucional funciona y permite la desarticulación de las expresiones de disidencia violenta, no es real”

Como contrapunto, la evolución del movimiento mapuche generó importantes críticas a la CONADI, particularmente luego de la construcción de la Represa Ralco. A partir de entonces los gobiernos debieron afrontar una inédita movilización que, a diferencia de otros momentos, desde 1998 incorporó la violencia política como instrumento.

De acuerdo con el historiador Eduardo González Calleja, estos movimientos podrían considerarse de tipo “no especializado”, es decir, de bajo nivel de impacto y autónomos al ser ejercidos por grupos débilmente organizados (González Callejas: 2012). Sin embargo, como han dicho distintos autores y algunos de los mismos protagonistas, luego del incendio a tres camiones en la comuna de Lumaco en 1997, comenzó a constituirse un nuevo tipo de movimiento mapuche que se empalmó internacionalmente con las organizaciones que buscaron detrás del Control Territorial, un camino para la creación de espacios de Autodeterminación negado por los estados nacionales. (Pairican, 2013).

Mientras que las acciones de violencia política por parte del movimiento mapuche continuaban, el Estado incrementó las políticas de seguridad, lo que implicó, entre otras cosas, incorporar a la Policía de Investigaciones a la persecución de esos dirigentes. En paralelo, se extendió un proceso político judicial que ha sido definido como “la criminalización de la protesta social mapuche” (Mella, 2007). González, Mella y Lillo (2007) han descrito esta criminalización como un proceso, pues “no se produce por una sola acción de persecución, sino [por] un conjunto selectivo de ellas ocurridas, durante un tiempo determinado” (González, Mella y Lillo: 2007).

La respuesta de una de las expresiones del movimiento mapuche, la Coordinadora Arauco-Malleco, fue intensificar su resistencia forjando un nuevo tipo de militante: el Weichafe. Este militante, perfeccionado a través de las recuperaciones de tierras desarrolladas a partir del nuevo milenio, también se especializó en el sabotaje a maquinarias y camiones forestales (Pairican, 2015). Solo ocasionalmente el objetivo de estas acciones tuvo como foco las casas de agricultores; al menos así fue hasta 2002 en La Araucanía, hasta el 2009 en la región de Los Ríos y recientemente en la región de los Lagos.

La crisis en las relaciones interculturales aceleraron la necesidad de una respuesta social antes que tan solo judicial. En este contexto, el gobierno de Ricardo Lagos estableció la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que fue la primera instancia pública que reconoció la historia de vulneración del Estado sobre todos los pueblos indígenas. Esa política se transformó en una hoja de ruta para los siguientes gobiernos. Otro hecho clave fue la ratificación del Convenio 169 de la OIT, durante el segundo gobierno de Bachelet y la aplicación de las Consultas Previas e Informadas por el gobierno de Sebastián Piñera. Por último, el estallido social y los procesos constituyentes aceleraron las políticas indígenas al irrumpir el movimiento gradualista a la Autodeterminación, proponiendo un Estado Plurinacional e Intercultural que, no obstante, fue rechazado por parte importante de la ciudadanía.

En las últimas décadas los reconocimientos a los derechos indígenas como la Autonomía para el caso de Chile, experimentaron un retroceso discursivo y político. La promoción de “la diversidad” como modelo de convivencia y la interculturalidad como uno de sus mecanismos quedaron reducidos a meros instrumentos de gobernanza de los gobiernos neoliberales (Burgute Cal y Mayor, 2010), mientras que en la práctica se han desplegado estrategias que potencian las fuerzas de orden y seguridad en territorio mapuche.

INFLEXIÓN Y RADICALIZACIÓN

El punto de inflexión de este camino de reconocimientos fallidos fueron los asesinatos de Alex Lemun (2002), Matías Catrileo (2008),  Jaime Mendoza Collío (2009) y Yordan Llempi (2021). Pero fue luego de Catrileo que se incorporó la Policía de Investigaciones de Chile al conflicto y lentamente del Ejército de Chile a partir de 2012. Un nuevo tipo de coerción comenzaron a experimentar las comunidades mapuche próximas al movimiento. Aumentó la detención de estudiantes universitarios simpatizantes del movimiento autonomista y los patrullajes constantes del Ejército de Chile por carreteras y camiones interiores.

Por su parte, el movimiento mapuche desarrolló una respuesta a la intensificación de la represión. El primer síntoma de esta “radicalización étnica” fue asumir “la autodefensa”. La CAM estrenó esa estrategia en 2008 con la llamada “emboscada al Fiscal Elgueta” y tal vez tiene su corolario con la muerte del carabinero Eugenio Nain en octubre de 2020. Por este último caso ha sido sentenciado Luis Tranamil, vinculado a la organización Weichan Auka Mapu que reivindica el uso de la violencia como instrumento político. Sin pretender justificar ese crimen, podemos argumentar que esta prolongada cadena de violencia ha llevado a algunos mapuche a la peligrosa justificación de la violencia como una forma de resolver lo que la democracia no ha logrado consolidar: los derechos indígenas.

La respuesta del Estado ante la irrupción de organizaciones autonomistas (como Resistencia Lafkenche y Weichan Auka Mapu) ha sido elevar las políticas de coerción con la incorporación gradual del Ejército. Desde nuestra óptica, entonces, entre 2008 a 2013, aparecieron al menos dos variables que incidieron fuertemente en la transición hacia un nuevo tipo de movimiento mapuche.

Desde una arista, la CAM evolucionó a lo que se calificó como Órganos de Resistencia Territorial (ORT): un salto cualitativo que construyó la organización bajo el concepto de Weichafe.

Por otra parte, emergieron nuevas organizaciones como Weichan Auka Mapu –que aparece formalmente a mediados del año 2014– las que radicalizaron sus formas de acción contra instituciones que llaman “colonialistas”: las iglesias y las fuerzas coercitivas del Estado.

En las pocas declaraciones emitidas, Weichan Auka Mapu reivindicó políticamente distintos episodios de violencia contra agricultores y máquinas forestales en tres regiones: Bio-Bio, Araucanía y Los Ríos. Este nuevo proceso de violencia tiene como símbolo la muerte de Yordan Llempi, el 3 de noviembre de 2021, en la localidad de Huentelolen en la comuna de Cañete, crimen del que ha sido acusado un cabo de la Armada. Con el nacimiento de Weichan Auka Mapu, se consolida otro camino a la conquista de la Autodeterminación, persiguiendo como ideario el Control Territorial.

EVALUANDO LA MILITARIZACIÓN

Llegados a este punto es importante preguntarse: ¿ha traído paz la militarización?

El 24 de abril pasado, el Senado aprobó con 25 votos a favor (y 2 abstenciones) una nueva prórroga del Estado de Excepción Constitucional (EEC). En la ocasión, los parlamentarios valoraron la disminución de casi un 35% de los hechos de violencia con respecto a 2023 y 51% en comparación con 2021.

Al incorporar criterios como la presencia de delitos de mayor connotación social (DMCS)^[1] en las regiones en las que se aplica el EECE, los datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) del Ministerio del Interior contradicen la percepción positiva que tiene el Congreso.

Al analizar la evolución de los delitos de mayor connotación social en Arauco, Bío-Bío, Malleco y Cautín, (Gráfico 1) vemos que tras la pandemia aumentó su ocurrencia, lo que permite cuestionar la eficacia del EEC, tomando en cuenta que primero fue decretada por Piñera el 21 de octubre de 2021 y sostenida por Boric desde el 17 de mayo de 2022.

Gráfico 1 ^[2]

Si centramos la mirada en delitos específicos (Gráfico 2) como el robo con violencia e intimidación, el robo en lugar habitado y los daños a la propiedad pública y privada, estos o se mantienen estables o crecen levemente.

     Gráfico 2

Gráfico 3

El Gráfico 3 muestra la evolución de otros delitos específicos que se consideran parte de la llamada “Violencia Rural”. Si, al igual que en los gráficos, tomamos como referencia el día en que el gobierno de Boric decidió mantener el EEC, el 17 de mayo de 2022 (en el gráfico se marca en recuadro el segundo trimestre de 2022), se observa que el delito de incendio (gris) muestra una tendencia relativamente estable, salvo por una subida relevante en el primer trimestre de 2023 (42,9), con el EEC ya en funcionamiento. Esto parece cuestionar la efectividad de esta política para evitar estos sucesos.

En cuanto a las usurpaciones no violentas (azul), estas muestran una leve tendencia a la baja desde instaurado el EEC, con repunte a fines de 2023. Por último, las usurpaciones violentas (naranjo) muestran una tendencia poco significativa a la baja desde que se instauró el EEC.

Gráfico 4

El Gráfico 4 muestra la evolución de la tasa de homicidios según trimestre en las cuatro provincias de interés. Se evidencia una serie con valores cercanos a un homicidio por cada 100 mil habitantes en prácticamente todos los trimestres, salvo por el primer trimestre de 2022 (enero-marzo) con 2,4 homicidios por cada 100 mil habitantes. Desde instaurado el EEC, se observó una baja considerable (de 2,4 a 1,2) que luego se estabilizó en valores muy similares a los encontrados en 2021.

Los datos anteriores muestran que la idea de que el Estado de Excepción Constitucional funciona y que permite la eventual desarticulación de las expresiones de disidencia violenta en el sur, no es real. Esto sugiere que su mantención no se explica por su capacidad para disuadir la comisión de delitos violentos en la zona, sino más bien, porque expresa la convicción por parte de la clase política y empresarial, de que la paz se garantiza intensificando la presencia policial y militar en la zona.

VIVIR LA MILITARIZACIÓN

A continuación examinaremos qué es experimentar la militarización para las comunidades mapuche.

La militarización, definida como un proceso intencional de preparación cultural, simbólica y material para la guerra (Bickford, 2015), a menudo es reforzada por discursos acerca de la naturaleza inevitablemente violenta entre los seres humanos, lo que allana el camino a lo que Charles Tilly (1985) llama el “negocio de la protección”, la que sugiere la estrecha relación existente entre la guerra y la construcción del Estado.

Como expresión de la fuerza y omnipresencia del Estado, los procesos de militarización son una táctica de reordenamiento territorial que restringe los vínculos e interacciones de aquellos grupos o poblaciones bajo control, amenazando el modo en que éstos se relacionan, interactúan y habitan con su entorno. La militarización modifica el paisaje al tiempo que limita el libre tránsito, movilizando a su vez sentimientos de temor, frustración, rabia e injusticia.

Podemos dar cuenta de estos efectos en aquellas zonas intervenidas de Bío-Bío y Araucanía. Apostados en puntos estratégicos de estas regiones (carreteras, peajes, establecimientos de salud y educación, propiedades privadas, etc.), los policías y militares chilenos despliegan su fuerza en circuitos de vigilancia y control que alteran la vida cotidiana de las comunidades mapuche.

Las comunidades mapuche de la comuna de Ercilla, conocen de cerca los efectos de la militarización y el uso excesivo de la fuerza. Por ejemplo, la violencia que han sufrido los niños de varias comunidades, como se ilustró al inicio. Otro ejemplo es el asesinato de Camilo Catrillanca en 2018 a manos de un carabinero en el marco de una intervención policial por el supuesto robo de un vehículo. O allanamientos masivos como el que se mencionó y que afectó a las comunidades Huañaco Millao, Chacaico, Butaco y Pancho Curamil y Coñomil Epuleo.

En nuestras visitas al territorio, los miembros de las comunidades acusan el empleo constante de drones y helicópteros militares sobre su territorio. También acusan controles arbitrarios, detenciones y hostigamientos en los cruces de la Ruta 5 Sur en la entrada a ciudades como Ercilla y Collipulli. Por otro lado, la presencia de policías y militares en la zona tiene un efecto estigmatizante para esta comunidad que señala que se les asocia con cualquier hecho de violencia ocurrido en la región, como la muerte de los tres carabineros en la localidad de Antiquina, ubicada en la ruta que une Tirúa con el cruce Peleco donde también hay contingentes militares que vigilan hace años la denominada “zona roja” de la provincia de Arauco.^[3] Más allá de la violencia tácita de los procedimientos militarizados, es importante comenzar a observar aspectos igual de relevantes para la comprensión de la militarización en Wallmapu. Nos referiremos al modo en que estas experiencias, se encarnan en los cuerpos de los mapuche, ya sea mediante cicatrices, heridas y otras secuelas físicas, o bien, a través del encierro en prisión, que los mapuche interpretan como un “secuestro de Estado”. Estas experiencias animan la emergencia de subjetividades condicionadas por la beligerancia que se resisten a cumplir con las expectativas sociales dominantes acerca de la criminalidad del mapuche. De ahí es que los niños jueguen al pacowinka. O que los adolescentes esperan cumplir 18 años para hacer el servicio militar y recibir la instrucción necesaria para eventualmente defender a su comunidad de las amenazas constantes que representa el Estado.

Por otro lado, la militarización ha abierto procesos de acción y reflexión en que los mapuche emplean en sus propios repertorios conceptuales, rituales y cosmológicos para elaborar comprensiones y modos de actuar frente a la eventual amenaza a su integridad territorial y colectiva.

Es lo que ocurre con las demandas por realizar ceremonias ancestrales dentro y fuera de las cárceles con el objetivo de “fortalecer a los weichafe”, o los cambios que comienzan a registrarse en las formas y discursos rituales en ceremonias como los weichan ngillatun o weichan palin en la que se acude a entidades divinas y espirituales para que éstas contribuyan a frenar las intervenciones policiales en el territorio porque “esta pelea no la estamos dando solos, estamos con la mapu”, como afirma un expreso político mapuche que hoy participa en un proceso de recuperación territorial junto a su comunidad.

A fines de octubre de 2021, en un acto inédito bajo los gobiernos de postdictadura, los miembros de la comunidad Temucuicui, enarbolaron banderas rojas y convocaron a un Weichan Trawun, nombre que recibió el evento en que se convocaron comunidades de distintos territorios para discutir los problemas derivados de la militarización del territorio mapuche, establecer posiciones y definir estrategias.

Hablaron sobre las amenazas del Estado, las agresiones por las políticas que calificaron de “terrorismo de Estado” llegando a dos acuerdos: “defender y proteger la vida de nuestra gente  (…) ante toda y cualquier intención del Ejército de ocupación militar, protector de las empresas forestales y latifundistas de ingresar a nuestro Lof, esta es una decisión que busca proteger nuestro itrofil mogen, de la amenaza y la depredación de las empresas forestales y el latifundio”. (El Ciudadano, 27/10/2021).

CONCLUSIÓN

Como señala Kaltmeier (2022) en su libro Resistencia mapuche. Reflexiones en torno al poder Siglos XVI y XXI, en el sur de Chile podemos constatar el supuesto antropológico que afirma que “las relaciones de dominación son simultáneamente relaciones de resistencia” (Scott, 1990 en: Kalmeier, 2022: 21). Por lo tanto, la militarización en Wallmapu debe ser entendida como un fenómeno relacional que descansa en la idea de que hacer la guerra es hacer Estado en zonas geográficas donde la soberanía se encuentra amenazada o en disputa. Al mismo tiempo, la militarización abre espacios para experiencias de resistencia y creatividad mapuche frente a lo que conciben como una amenaza para sus legítimas reclamaciones políticas y territoriales. Ambas racionalidades apuntan a horizontes distintos que las hacen inconmensurables, lo que no significa irresolubles.

Por nuestra parte, vemos que las políticas de seguridad han derivado en nuevos tipos de radicalización étnica. Si bien, una parte de ello corresponde a la evolución del propio movimiento mapuche, otra es el resultado de las diversas formas en que se experimenta la violencia del Estado. Esta combinación provoca que las nuevas generaciones crezcan bajo la violencia y por ende sientan los discursos democráticos como una experiencia lejana y un tema que interesa solo a los winka (chilenos). Esta sensación tiene aspectos contradictorios con las mismas propuestas de interculturalidad del Estado y los discursos de reparación que emanan de las distintas comisiones de los gobiernos de postdictadura, los que conviven, a la vez, con las declaraciones y prácticas del polisémico movimiento mapuche.

Considerando lo anterior, extender la militarización a otras ciudades y territorios como sugieren algunos sectores de la sociedad en el marco de la llamada “crisis de seguridad” que afecta al país, es apagar el fuego con bencina. Los efectos nocivos de las políticas de militarización se acumulan, generando en las comunidades mapuche afectadas mayores niveles de malestar y desconfianza hacia las instituciones de orden y seguridad pública. No sabemos qué ocurrirá si se amplía este Estado de guerra latente en otras partes del país, pero la experiencia mapuche nos ayuda a imaginarlo.

Con todo, la militarización en el Wallmapu parece responder a un discurso global de seguridad, que caracteriza al nuevo milenio. Si las demandas mapuche eran o no canalizables mediante la apertura democrática, no lo sabremos. Lo que es claro es que se impuso un discurso que propició nuevos tipos de racismo a partir de conceptos como “narcoterrotistas” y “violentistas”[4], que fomentaron los estigmas y prejuicios hacia los mapuche, al tiempo que justificaron el despliegue militar en la zona. Antes que ser una solución, este modelo, que podemos llamar como «democracia colonial violenta», ha devenido en problema.

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NOTAS Y REFERENCIAS