Un contundente apoyo de múltiples organizaciones de la región de Aysén, del ámbito de los pueblos originarios, la cultura, el comercio, el turismo y la protección ambiental han recibido durante los últimos días las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) Islas Huichas y Cisnes. Estos requerimientos, presentados por comunidades indígenas de Aysén, serán resueltos este jueves 29 de febrero durante la sesión de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, que preside la gobernadora Andrea Macías Palma.
Durante las últimas semanas ha sido sistemática la campaña en contra articulada por la industria salmonera, que ha movilizado a sindicatos de trabajadores, prestadores de servicios e incluso pescadores artesanales que desempeñan funciones para el sector. A esta ofensiva se han sumado consejeros regionales y dirigentes políticos de oposición, la que ha incluido ataques personales a los dirigentes de las comunidades indígenas, amenazas de movilizaciones y descalificaciones límites con el racismo.
Es por ello que 18 organizaciones y dirigentes de Aysén, apoyados por más de 40 adhesiones de entidades nacionales, han emitido una declaración pública donde desmitifican las acusaciones de la industria de que la aprobación de estas ECMPO excluirían otras actividades productivas.
«Declaramos nuestro profundo rechazo a la forma en que, desde el sector empresarial y económico, se ha venido enfrentando la discusión sobre la solicitud de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) en el litoral aysenino, desplazando del discurso público el real objetivo de la Ley 20.249 y el contenido del expediente de tramitación de estas solicitudes; propiciando un escenario de amenaza y transgresión de los derechos de las comunidades y personas indígenas solicitantes», comienza la declaración.
En esta se agrega que «el procedimiento para aprobar una solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios se encuentra normado mediante la Ley N° 20.249 y su reglamento», lo cual las comunidades indígenas solicitantes «han seguido y han cumplido con los pasos requeridos por ley en este procedimiento, los cuales involucran la participación, observación y aprobación de múltiples organismos del Estado con competencia en la materia». Un procedimiento que ha tomado una década de gestiones, especifican.
Los firmantes aclaran, asimismo, que los ECMPO «no constituyen un derecho de propiedad», calificando esta afirmación de ser una «falsedad» y «contribución a la desinformación pública», ya que tanto la Ley Lafkenche como su reglamento «establecen que la administración del ECMPO reconoce a otros usuarios del maritorio. De esta manera los ECMPO son una herramienta de conservación marina y no excluyen a otros usos del maritorio que tengan por objeto su uso de manera respetuosa con los ecosistemas».
Más aún, indican, «el proceso de tramitación de los ECMPO ha respetado plenamente las concesiones de acuicultura anteriores a la solicitud… En el caso de la ECMPO Islas Huichas se ‘respetaron’ las 230 concesiones de acuicultura con las que se advirtió superposición? y en el de la ECMPO Cisnes se ‘respetaron’ 145 concesiones de acuicultura».
En el caso específico de la pesca artesanal, aclaran que «los usos consuetudinarios definidos por el legislador y aquellos usos fundadamente reconocidos por CONADI en cada uno de sus Informes de Uso Consuetudinario de las ECMPO cuestionadas, precisamente reconocen y destacan a la pesca artesanal». Más aún, la Ley Lafkenche establece «el respeto de otros usos del maritorio (como la pesca artesanal de grupos que no pertenecen a pueblos originarios) y la utilización sustentable de bienes naturales para las comunidades que habitan el litoral (dentro de los cuales, igualmente, está la pesca artesanal)».
Por todo ello, «declaramos, como parte de la comunidad y habitantes de la Región de Aysén, nuestra solidaridad con las Comunidades Indígenas afectadas en el ejercicio de sus derechos, por una campaña de desprestigios construidas desde la desinformación y rechazamos tales declaraciones y acciones, aclarando que no estamos disponibles a proceso de movilización alguno, como sí lo estuvimos en años anteriores, que respalde estas intenciones, que van en contra del bien común y la sustentabilidad».
