La insistente prolongación del estado de excepción encarna una derrota política signada por el agotamiento de los dispositivos neoliberales de reconocimiento colonial, en contraste con la maduración y la proliferación de los proyectos emancipatorios de la resistencia mapuche basados en las recuperaciones territoriales, la reconstitución cultural y renovación de las tradiciones de lucha comunitaria que se anidan en la historia mapuche.
FUENTE: Interferencia
Por Héctor Nahuelpán, E. Martínez, Á. Hofflinger, P. Millalen.-
Vivimos una crisis sin precedentes en la historia de la humanidad. Los síntomas no solo se expresan en la recesión económica mundial o el aumento en los niveles de explotación y precarización de la vida. Se profundiza la militarización, la devastación ecológica, la guerra contra pueblos, comunidades y poblaciones históricamente desposeídas que confrontan un sistema que colapsa.
En Abiayala (continente actualmente conocido como América) las respuestas a la crisis se han expresado en un ciclo de revuelta e insurrección social desde Chile a Colombia, Ecuador, Haití, Bolivia, Honduras y Puerto Rico. Pero también en una tendencia de la clase dominante por reacomodar su hegemonía remozando las estructuras de dominación del capitalismo racial. Chile y Wallmapu, el territorio histórico Mapuche, son uno de los “laboratorios” de un sistema que busca resolver su crisis, en la coyuntura de una segunda ola de progresismos latinoamericanos que pugna con una reacción de ultraderecha y neofascista.
Considerando este contexto, en este trabajo continuaremos y profundizaremos en un análisis desarrollado previamente. Nuestra tesis es la siguiente: actualmente, en Chile y Wallmapu, el colonialismo y el capitalismo están reacomodándose en un contexto de crisis global y reestructuración del sistema, pero también en respuesta al aceleramiento de la lucha mapuche por la recuperación y defensa del territorio, la regeneración de la vida y la liberación del Wallmapu.
Este reacomodo tiene diversas expresiones, no obstante, analizaremos dos. Primero, enfocaremos en la lógica del reconocimiento colonial, la cual se ha expresado en la apuesta institucionalista de reconciliar al estado con la historia del despojo y genocidio mapuche mediante el concepto de “plurinacionalidad”. Tras el rechazo a la propuesta de nueva constitución, esta lógica habilitó un escenario para la recomposición hegemónica de la clase dominante en Chile. Segundo, analizaremos la estrategia de contrainsurgencia que se consolida con un estado de excepción impuesto por los recientes gobiernos, como expresión de una modalidad de acumulación militarizada que utiliza la crisis para profundizar la reproducción del capitalismo extractivo en territorio mapuche.
Este reacomodo se sostiene en una historia de colonialismo de asentamiento y de extracción, basado en el robo, la ocupación del Wallmapu por los estados chileno y argentino; la explotación capitalista del territorio y sus recursos; y el sometimiento a una política de muerte y genocidio desde el siglo XIX hasta la actualidad.
La lógica del reconocimiento colonial
Chile, laboratorio del neoliberalismo, protagonizó desde octubre del 2019 la revuelta social más importante de las últimas décadas. Aunque los gobiernos post-dictatoriales proyectaron ante los ojos del mundo un velo de estabilidad, en la sociedad se fue acumulando un malestar generalizado que terminó por quebrar la confianza en la institucionalidad.
En noviembre de 2019, para confrontar las protestas, los principales partidos políticos acordaron una salida institucional a través del denominado “Acuerdo Por la Paz Social y Nueva Constitución”. Este acuerdo no solo permitió salvar al gobierno de Sebastián Piñera, sino también a la clase política y económica, quienes pavimentaron el camino para su propia recomposición.
Este consenso político-institucional permitió la conformación de una Convención Constitucional aprobada por un plebiscito en octubre de 2020. Un aspecto relevante fue la integración de 17 convencionales de Pueblos Indígenas bajo la modalidad de “escaños reservados”. El objetivo de la Convención fue la redacción de una propuesta constitucional que señalaba en su primer artículo: “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico”. Esta propuesta fue rechazada en un plebiscito de salida con un 62%.
Nuestro argumento es que, aunque el rechazo a la propuesta de nueva constitución tiene explicaciones multicausales, la definición de un “estado plurinacional” cimentó las bases para la recomposición hegemónica de la clase política y económica en Chile. Primero, en términos generales, la propuesta de nueva constitución careció de un trabajo político orgánico y popular que sostuviera sus contenidos sobre la base de una acumulación de fuerzas sociales que condujera a su aprobación.
La participación de los escaños reservados indígenas no fue una excepción a esta tendencia que emuló lógicas políticas verticalistas [1].
Por otra parte, aunque la promoción de la plurinacionalidad e interculturalidad fue discutida por algunas organizaciones institucionalistas del movimiento mapuche, esta fue absorbida por la academia (neo)indigenista concentrada en Santiago y sin conexiones comunitarias, organizacionales y territoriales de base. Por ejemplo, en un estudio de opinión pública realizado a inicios de 2022, intentaron legitimar la adhesión de la plurinacionalidad en el electorado. En un texto publicado en CIPER, dos investigadores afiliados al Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) afirmaron que: “existe la adhesión a un cambio de paradigma que alude a modificar la república de carácter monocultural.” Sin embargo, tal supuesto se derrumbó con el rechazo de la propuesta constitucional.
Además, y a diferencia de países como Ecuador y Bolivia donde la plurinacionalidad fue impulsada por movimientos indígenas, en el caso chileno y en Wallmapu la plurinacionalidad caminó con “pies de barro”. Esto fue así porque la demanda colectiva del movimiento mapuche autonomista en las últimas décadas no ha sido por lógicas de reconocimiento que conduzcan a un reacomodo de las formas de gobernabilidad estatal y colonial sino por recomponer una base material, política y cultural que permita una vida digna frente al empobrecimiento y la reducción del territorio. En este contexto, las recuperaciones de tierras y su control son una alternativa donde se reconstruyen horizontes políticos que dialogan con tradiciones anti-coloniales mapuche [2].
El reacomodo del Estado colonial en clave plurinacional no subsana la historia del genocidio y del despojo mapuche. Tampoco trastoca los pilares en que se sostiene el capitalismo extractivo en Wallmapu, principalmente la industria forestal que ha profundizado su táctica de integración de comunidades en las cadenas de producción forestal bajo una lógica intercultural y sostenible.
Es crucial comprender que Wallmapu es un territorio sometido a una estructura de colonialismo de asentamiento y de extracción. A la clase dominante le importa menos el reconocimiento, sino ante todo el territorio y sus recursos. Aunque un gobierno declare abrirse al reconocimiento o el estado se refunde como “plurinacional e intercultural”, esto no significa una relación de reciprocidad no jerárquica o de respeto a la soberanía territorial indígena. Por el contrario, en términos estructurales, esto representa un nuevo cercamiento dentro de las fronteras del estado colonial y del capitalismo.
Finalmente, la plurinacionalidad fue clave en el rechazo a la propuesta de nueva constitución, porque parte de la centroizquierda, la centroderecha y ultraderecha capitalizaron electoralmente las divisiones raciales en Chile. Es decir, la plurinacionalidad fue usada como provocación estratégica para incidir en la opinión pública y energizar una base electoral. De tal manera que, los ciudadanos pensaron que los “indios serían privilegiados” y que se trastocarían las bases del estado e identidad nacional criolla-mestiza. Así, en el actual escenario, estos sectores políticos tienen control sobre la discusión de la nueva constitución y ventajas para un eventual gobierno de ultraderecha y neofascista.
En síntesis, si con el ascenso de Gabriel Boric y una eventual victoria del apruebo el reacomodo colonial y capitalista iba a ser conducido por una élite progresista, en el nuevo escenario esta tendencia se mueve hacia el polo de la ultraderecha neofascista.
Estrategia contrainsurgente y acumulación militarizada
En paralelo al trabajo de la Convención Constitucional, fue consolidándose la figura de Gabriel Boric -uno de los articuladores del “Acuerdo Por la Paz Social y Nueva Constitución”- para las elecciones presidenciales del 2021. La asunción en marzo del 2022 estuvo marcada por algunas señales de reconocimiento a los pueblos indígenas. No obstante, estas señales políticas y simbólicas se diluyeron cuando el gobierno entrante decidió dar continuidad al estado de excepción.
La promulgación del estado de excepción y su renovación continúa, se ha realizado argumentando que en las regiones del Bío Bío y La Araucanía aumentaron los hechos de “violencia rural” [3].
Las constantes prolongaciones del estado de excepción no están relacionadas con el supuesto combate contra la “violencia rural”, el “narcoterrorismo” y “terrorismo”, como también lo develan filtraciones del ejército de Chile que recomendó al gobierno del ex presidente Piñera implementar una “batalla comunicacional” para legitimar la militarización. Por el contrario, la extensión del estado de excepción responde fundamentalmente a la protección estatal de las inversiones forestales, como sucede en otros contextos de Abiayala donde la guerra contra el “narcoterrorismo” es usada como excusa para favorecer la expansión y acumulación capitalista sobre territorios.
Lo que develan los estados de excepción de los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric, es la puesta en marcha de una forma de acumulación militarizada en territorio mapuche. Es un ciclo donde el despliegue militar, financiado por el estado, es empleado como mecanismo de control social, represión, resguardo y blindaje de los circuitos productivos de la industria forestal. En un contexto de crisis, y ante el fracaso institucional para contener el ascenso de las recuperaciones territoriales, el empresariado necesita asegurar la reproducción del capital extractivo en zonas donde el movimiento mapuche autonomista ha puesto en jaque sus intereses [4].
La instauración del estado de excepción, como expresión de una forma de acumulación militarizada, dista de ser una dinámica aislada o de “emergencia”. Se trata más bien de un renovado modelo contrainsurgente que sintetiza los esfuerzos privados y estatales en materia de seguridad, pero implementados por varias décadas para intentar desarticular los avances de la resistencia mapuche. Un modelo que insiste en refuncionalizar ideológicamente los estigmas coloniales del mapuche construido como “salvaje”, “terrorista” y “narcoterrorista”, para legitimar la militarización y, con esto, viabilizar en el Wallmapu un punto de fuga extractivo al excedente de capital sobre-acumulado a escala regional, nacional y global.
La genealogía de esta estrategia contrainsurgente se enraíza en las herencias históricas del colonialismo de asentamiento que han configurado la base material y política del despojo. Aunque en otros trabajos hemos expuesto su déficit de evidencia empírica consistente, la estrategia contrainsurgente continúa operando mediante la criminalización, persecución, el asesinato y encarcelamiento de militantes e integrantes del movimiento autonomista.
En síntesis, a contracorriente de lo que sostuvo recientemente el presidente Gabriel Boric, el estado de excepción supone una subordinación del poder civil al poder militar y de este último al capital extractivo, en medio de uno de los ciclos democráticos más significativos que ha vivido Chile desde el ocaso de la dictadura en 1989. La insistente prolongación del estado de excepción encarna una derrota política signada por el agotamiento de los dispositivos neoliberales de reconocimiento colonial, en contraste de la maduración y la proliferación de los proyectos emancipatorios de la resistencia mapuche basados en las recuperaciones territoriales, el desalojo de las infraestructuras de la industria forestal, la reconstitución cultural y renovación de las tradiciones de lucha comunitaria que se anidan en la historia mapuche.
NOTAS
[1] Esto se expresó tanto en su elección donde, de un total de 1,239,295 personas indígenas habilitadas para votar, solo participó el 22,81% (282,719). En tanto, en la consulta indígena -mecanismo implementado para recibir propuestas y recomendaciones para la nueva constitución- la participación se redujo al 0.6% del padrón electoral (7,549 personas). Finalmente, en el plebiscito de salida, en comunas con alto porcentaje de población indígena, el rechazo obtuvo una ventaja por sobre el promedio nacional (61,86%). Por ejemplo, en la Araucanía (figura 1), donde el 34.3% de la población se autoidentifica como indígena, la opción Rechazo obtuvo el 73,72% de los votos.
Fuente: Servel (Votación Plebiscito Constitucional 2022)
[2] Esto se traduce en la devolución de los territorios despojados que actualmente están en propiedad de colonos o compañías forestales. Estas últimas que, como se observa en la Figura 2, poseen más de seis veces la cantidad de hectáreas en las que fueron reducidos los mapuche mediante Títulos de Merced a fines del siglo XIX y principios del XX.
Fuentes: CONAF y Mapuche Data Project
[3] No obstante, aunque esta columna no tiene como objetivo analizar la “violencia rural”, es importante clarificar qué hay detrás de la construcción y uso oficial de la categoría. Primero, surge el 2015 con el segundo gobierno de Michelle Bachelet que el 2017 implementó la “Operación Huracán”. Segundo, no existe una definición oficial para establecer los actos que integran esta categoría, convirtiéndola en una “caja negra” donde según los delitos que incorporen o excluyan organismos como Carabineros y Fiscalía, la “violencia rural” puede aumentar o disminuir. Tercero, incluso esta deficiencia ha sido detectada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES), que en un informe sobre la evaluación del Programa de Apoyo a Víctimas de Violencia Rural refirió: “El programa con alta probabilidad, atendió en 2020 a beneficiarios no contemplados dentro de su población objetivo”. En síntesis, la “violencia rural”, principal sustento para dar continuidad a los estados de excepción, no se basa en criterios objetivos sino que se trata de una herramienta política utilizada para legitimar la militarización.
[4] La figura 3 ilustra este punto, mostrando las exportaciones de la industria forestal durante el estado de excepción en el gobierno de Piñera. En dicho periodo, la industria forestal alcanzó, e incluso superó, los niveles de exportación pre-pandemia (2019). Aunque no es posible probar la causalidad, es claro que existe una relación positiva entre la implementación de los estados de excepción y el aumento de la rentabilidad del sector forestal. Adicionalmente, informes oficiales confirman esta tendencia, particularmente en el gobierno de Gabriel Boric, en tanto las exportaciones forestales durante el primer semestre de 2022 habrían aumentado aproximadamente en un 30%.
