En ninguna parte de la actual Constitución política de Chile, heredada de la dictadura cívico-militar, se encuentra la palabra energía. Pese a su utilización por comunidades y por los sectores económicos del país, este bien común cuenta con una ausencia en el marco constitucional, rigiéndose principalmente por políticas públicas que han favorecido la intervención y administración de empresas privadas en el ámbito de la energía.
Por Génesis Arenas Norambuena y Javier Arroyo Olea | Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA – Fuente: resumen.cl
En el caso chileno, contamos con una matriz energética general fuertemente dependiente y contaminante, concentrada principalmente en la utilización de hidrocarburos con los cuales no cuenta el país, siendo esencial la importación de estas fuentes de energía.
En relación a conceptos, debemos comprender términos que se diferencian y, muchas veces, se han utilizado como sinónimos para abordar la temática energética. Concretamente, los relacionados con matriz energética primaria, la cual contempla a la energía que es obtenida a través de fuentes en su estado natural sin transformaciones físicas o químicas -incluyendo aquellas que transitan en flujos de importación y exportación-, como también la matriz eléctrica, la que guarda relación con el consumo y la capacidad instalada de producción de electricidad que es vislumbrado, actualmente, en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Entonces ¿cuál es la situación de estos elementos para el modelo energético chileno? Su fuerte vínculo con impactos medioambientales, la dependencia en su generación, la conflictividad que arrastran y una saturación representada en su capacidad instalada.
En cuanto a la matriz energética primaria, el Anuario Estadístico de Energía elaborado por el Ministerio de Energía en 2020 (1) indica que la principal fuente proviene de combustibles fósiles, concretamente petróleo crudo, gas natural y carbón, representando un 66% del total, y la menor proporción es entregada por la hidroelectricidad, solar y eólica con menos del 10%. Más aún, entre 2009 y 2019, hubo un aumento en la utilización de carbón y gas natural para la matriz energética primaria pese a los discursos de descarbonización que se han instalado durante los últimos años.
Así, se ha puesto en tela de juicio no solo la forma de producción energética, sino también las motivaciones que existen tras esta generación. Ejemplo de aquello es su utilización excesiva en sectores extractivistas como la minería con el 14% de la energía total país, mientras que en consumo de electricidad lidera la nómina con un 34% del total, siendo esta última donde el cobre resalta como el sector con mayor cantidad de consumo.
Considerando esto último, la matriz eléctrica ha tenido un crecimiento sostenido durante la última década reflejándose en la capacidad instalada de generación bruta, pasando de 14.560 MW en 2010 a 25.579 MW en 2020, aumentando en 11.019 MW a escala país. Desagregando esta cifra, referida a la producción eléctrica, el carbón (19,1%), petróleo diésel (15.3%) y gas natural (15%) conjuntamente representan un 49,4% de la capacidad instalada a nivel nacional, siguiendo un patrón similar al de la matriz energética en términos de utilización de fuentes de generación vinculado, estrechamente, a la dependencia de fuentes a escala internacional y una estela de contaminación en múltiples escalas, afectando a comunidades y ecosistemas.
Pero ¿cuánta de esta electricidad es utilizada realmente en Chile? Los datos entregados por el Anuario Estadístico de 2020 indican que fue justamente ese año que la demanda del sistema alcanzó su máximo registrado durante la última década, siendo apenas un 44%, es decir, un 56% de la capacidad instalada en Chile no es utilizada para su finalidad, existiendo una saturación de la capacidad instalada, la cual ya arrastra conflictividad, contaminación y dependencia para su generación, versus el consumo del país.
Esta situación ha conllevado el avance de nuevas formas de producción y distribución de energía, fuertemente tildadas -por sus mismos promotores- como «renovables» y amigables con los ecosistemas. Así, parques eólicos, centrales hidroeléctricas de pasada, campos fotovoltaicos, electromovilidad en base a la explotación de litio y la naciente discusión acerca del hidrógeno verde han salido a colación. Sin embargo, lejos de dar una salida viable a la crisis climática y afrontar el rechazo de las comunidades, estos proyectos han arrastrado una intensa conflictividad social, al sustentarse y acoplarse al modelo de explotación energética actual, dando respuesta a las necesidades del extractivismo y no a las exigencias de las comunidades además de la urgencia de generar procesos de reparación de los ecosistemas.
Ante este escenario, como Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA hacemos entrega del segundo boletín «Miradas desde los conflictos socioambientales para una nueva Constitución«, el cual se encuentra referido específicamente a cómo, desde experiencias de conflictos, se abordan los proyectos energéticos y cómo este conocimiento puede nutrir el proceso constituyente aún en curso.
Al igual que en la entrega pasada -la cual guarda relación con la temática de Agua en el proceso constituyente – este boletín se construye a partir de una metodología sustentada en el cruce de información sistematizada de fuentes bibliográficas y audiovisuales, entre las que se encuentran textos que abordan la problemática de energía en América Latina, programas políticos de convencionales que conforman la bancada eco-constituyente, presentaciones de organizaciones ante la Convención Constitucional y entrevistas realizadas a integrantes de comunidades en conflicto frente a proyectos energéticos; concretamente de Rucalhue -localidad ubicada en la región del Biobío- y Los Ángeles.
Confiamos en que este documento -cuya invitación es, lejos de limitarlo, ampliarlo- nutrirá las imperiosas discusiones que debemos desarrollar colectivamente para transformar no solo la forma de producción energética, sino que también para dilucidar el modelo que nos permitirá dar paso a una transición energética justa que cuente con el respaldo de una nueva Constitución y recoja las voces de aquellas comunidades y territorios que han sido vulnerados por el modelo actualmente en crisis.
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