“En lugar de abordar las arraigadas desigualdades socioeconómicas para ofrecer una recuperación justa de la pandemia de COVID-19, Estados de todas las Américas llevaron a cabo en 2021 un ataque sostenido contra la defensa de los derechos humanos dirigido contra personas que se manifestaban pacíficamente, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
Santiago, 29 de marzo de 2022. (radiodelmar.cl)– El informe de Derechos Humanos para el año 2021 de Amnistía Internacional realizó una contundente crítica al actuar del gobierno de Sebastián Piñera frente al «estallido social» y llamó al nuevo gobierno del Presidente Gabriel Boric a «avanzar hacia un plan integral de reparación para todas las víctimas, en la reforma estructural a Carabineros y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que estos hechos tan brutales no vuelvan a ocurrir nunca más».
Uso excesivo de la fuerza
Las protestas continuaron, aunque con menor intensidad a causa de la pandemia. La policía siguió haciendo un uso excesivo de la fuerza y se registraron al menos dos casos más de lesiones oculares.
En febrero, un malabarista callejero murió por disparos de un policía en la localidad de Panguipulli. La fiscalía de la región de Los Ríos presentó pruebas de que el disparo mortal se había efectuado mientras la víctima se hallaba inmovilizada en el suelo. Un agente estaba siendo investigado al finalizar el año.
En marzo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos denunció que las investigaciones sobre los más de 3.000 casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social de 2019 y 2020 habían sido paralizadas. La Fiscalía Nacional declaró que casi la mitad de los casos bajo su responsabilidad se habían archivado sin que se hubieran presentado cargos. En mayo, el fiscal nacional ordenó a todos los representantes del ministerio público que revisaran sus casos y consideraran la posibilidad de abrirlos de nuevo si no se habían cumplido los criterios mínimos de investigación.
Derechos de los pueblos indígenas
En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzó el examen de la admisibilidad de un recurso presentado por José Tralcal, Luis Tralcal y José Peralino, tres varones mapuches declarados culpables en un juicio injusto en relación con un incendio en el que habían muerto dos personas.
En mayo, la Corte Suprema confirmó las sentencias de siete expolicías y un abogado implicados en la muerte de un joven mapuche, Camilo Catrillanca, en las heridas causadas a un adolescente que lo acompañaba y en la obstrucción de la investigación sobre el caso. Las dos víctimas habían recibido disparos de la policía durante la persecución de los presuntos autores de un robo, en el que ninguno de ellos había participado. Se esperaba que tres de los exagentes policiales cumplieran penas de cárcel.
En abril, la policía hirió de bala al líder mapuche Alberto Curamil durante su arresto tras una manifestación, y después le negó el tratamiento médico inmediato. El acto se celebraba en apoyo a Elena Paine, una lideresa mapuche cuya casa había sido incendiada el día anterior.
Situación general en América Latina
“En lugar de abordar las arraigadas desigualdades socioeconómicas para ofrecer una recuperación justa de la pandemia de COVID-19, Estados de todas las Américas llevaron a cabo en 2021 un ataque sostenido contra la defensa de los derechos humanos dirigido contra personas que se manifestaban pacíficamente, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en un intento de silenciar o erradicar la disidencia”, ha declarado hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de su informe anual. La región sigue siendo la más letal para quienes defienden los derechos humanos y se dedican al activismo medioambiental: sólo en enero de 2022 se cometieron al menos 20 homicidios y el año pasado se perpetraron decenas más en Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, México, Perú y Venezuela.
Informe de Amnistía Internacional 2021/22: La situación de los derechos humanos en el mundo detalla cómo, dos años después de empezar la pandemia, las Américas sigue siendo la región con más muertes causadas por la COVID-19, en gran parte debido al acceso limitado y desigual a la atención sanitaria, a sistemas de salud pública con financiación insuficiente, y a políticas y medidas de protección social inadecuadas para las comunidades marginadas. La impunidad por violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional sigue siendo motivo de gran preocupación en más de la mitad de los países de la región, al mismo tiempo que han aumentado los ataques contra la independencia judicial.
Incluso antes de la pandemia, las Américas tenía los índices más altos de disparidad de ingresos del mundo. La recuperación económica irregular del continente el año pasado tuvo poco impacto en las consecuencias de décadas de desigualdad estructural y resultó insuficiente para revertir la recesión económica de 2020, que provocó tasas de desempleo récord, la disminución de ingresos y el aumento de la pobreza. Esto ha empeorado situaciones de emergencia humanitaria preexistentes en países como Haití y Venezuela, donde millones de personas siguen sin acceso a alimentos y atención sanitaria suficientes.
Mientras tanto, los esfuerzos para acallar las voces independientes y críticas cobraron fuerza en 2021 al desplegar los Estados un abanico creciente de herramientas y tácticas como las amenazas, el hostigamiento, las detenciones arbitrarias de motivación política, los enjuiciamientos infundados, la vigilancia ilegítima, el uso excesivo de la fuerza, las desapariciones forzadas y los homicidios ilegítimos para reprimir los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
En el caso de Chile, el gobierno de Sebastián Piñera dejó un legado sombrío en materia de derechos humanos en particular en lo referido al estallido social. Las investigaciones de los casos de violaciones a los derechos humanos prácticamente no han avanzado. Según Fiscalía de las más de 10 mil denuncias tan solo nueve han llegado a sentencias condenatorias. La lucha por la verdad, justicia y reparación está más viva que nunca. El nuevo gobierno de Gabriel Boric debe avanzar hacia un plan integral de reparación para todas las víctimas, en la reforma estructural a Carabineros y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que estos hechos tan brutales no vuelvan a ocurrir nunca más.
