Son diversas las miradas Mapuche respecto al modelo de sociedad que se anhela para Chile y Wallmapu, sobre todo en el marco del estallido social y del proceso constituyente que culminará con una nueva Carta Magna. Una de las principales demandas consiste en el reconocimiento de los pueblos originarios a través un Estado plurinacional, que garantice derechos al territorio, libre determinación, autonomía, plurilingüismo, salud, educación intercultural bilingüe, entre otros. Además, por la vía institucional, se promueve una nueva relación con la Ñuke Mapu, para que la naturaleza sea considerada como un ser de protección y derechos. De esa manera, se busca acabar con la histórica marginación, para relevar el indiscutible rol de las naciones indígenas en el pasado, presente y futuro de los territorios.
20/11/2021.- Por Martina Paillacar Mutizábal (*). Fotografías principales: Fernando La Voz
Durante las movilizaciones de octubre de 2019, los principales símbolos que flamearon indistintamente del territorio fueron la bandera de Chile teñida de negro, la Wiphala del Qullasuyu, y la Wenüfoye y Wuñelfe, ambas Mapuche. De ese modo, pueblos indígenas, organizaciones y movimientos sociales exigieron respeto a los derechos humanos, transformaciones y justicia social, así como la destitución de Sebastián Piñera, entre otras demandas que enfrentaron la represión policial y militar.
Estos emblemas resurgieron a partir de la sentida urgencia por cambiar de paradigma del modelo de sociedad y por visibilizar tanto las propuestas como reivindicaciones y problemáticas desde los pueblos indígenas que, durante años y desde diversos frentes, han exigido el respeto de sus derechos colectivos e individuales, frente a un Estado chileno que no los reconoce constitucionalmente y que responde a las demandas con violencia institucional.
De la misma forma, reflejan la lucha anticolonial que se da en diversos territorios con el fin de reescribir la historia y evidenciar el rechazo colectivo respecto al genocidio permanente contra los pueblos indígenas.
Son años de luchas desde los pueblos originarios por el resguardo de la cosmovisión y territorios, contra la estructura colonial de dominación y que en Abya Yala (América) se reflejan en horizontes compartidos desde los pueblos en miras al “buen vivir”.
En concreto, las demandas indígenas abarcan potestades jurídicas, políticas, sociales, culturales y ambientales. Entre ellas destacan el respeto a los derechos colectivos e individuales de los pueblos; el reconocimiento de preexistencia como nación, por tanto, la plurinacionalidad del Estado; la autonomía y la libre determinación; el derecho al territorio y a la restitución y protección de los mismos; la promoción de políticas en plurilingüismo por medio del fomento de una educación intercultural bilingüe basada en la cosmovisión indígena y en la revitalización del idioma.
Otros puntos prioritarios apuntan a tener un sistema de derecho propio desde los pueblos indígenas; un sistema de salud que además proteja y asegure el acceso a las fuentes de medicina; el reconocimiento de los derechos de la Ñuke Mapu (Madre Tierra) bajo el principio del itrofilmongen (todas las vidas); la protección, resguardo y fomento de los derechos de las mujeres indígenas; el fin del modelo extractivista y de las zonas de sacrificio; la participación y consulta previa y vinculante; el principio reparatorio ante el genocidio contra los pueblos indígenas; la soberanía alimentaria; la libertad a los presos políticos Mapuche; la desmilitarización de los territorios; el término de las políticas de persecución y criminalización; entre muchos otros.
Cabe destacar que Chile ha suscrito y ratificado una serie de tratados y convenios en relación al resguardo y protección de los derechos humanos en general y de los pueblos indígenas en particular. Entre ellos se encuentran el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes; el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, entre varios más.
Sin embargo, lo anterior no ha sido suficiente para integrar sus derechos, conocimientos y demandas en una Constitución que, a la actualidad, no reconoce la existencia de las múltiples naciones ni sus derechos fundamentales, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares de Abya Yala.
Como ejemplo de lo anterior se encuentran constituciones como la boliviana, que en su artículo 179 reconoce el derecho indígena al autogobierno y la jurisdicción indígena originaria y campesina que se ejerce por sus propias autoridades. Se suma el caso ecuatoriano, donde se define que el Estado reconoce y garantiza a los pueblos y nacionalidades indígenas “el Derecho internacional, a la cultura y a mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social”.
Asimismo, la Carta Magna de Nicaragua consigna en su artículo 5 que “el Estado reconoce la existencia de los pueblos originarios y afrodescendientes, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución y en especial, los de mantener y desarrollar su identidad y cultura” o bien el artículo 2 de la constitución en México que “reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía”, entre otras constituciones.
Por todo lo anterior, el proceso constituyente se erige como una oportunidad histórica para establecer en Chile y Wallmapu una nueva relación entre las múltiples naciones existentes en el territorio, que incorpore derechos y termine, a su vez, con la exclusión y discriminación histórica hacia los pueblos indígenas.
Escaños reservados y la constante vulneración
Fuente imagen: Senado
Cabe recordar que, desde la aprobación del proceso constituyente, distintas organizaciones exigieron cupos reservados para los pueblos originarios en la Convención. Esta discusión no sólo planteaba la necesidad de mecanismos de representación ante la histórica marginación y racismo, sino que también evidenciaba aspectos como la autoidentificación indígena, la definición del padrón electoral, criterios para la asignación de escaños, la definición del sistema de postulación y selección de candidaturas, entre otros.
El 17 de diciembre de 2020, la Sala del Senado despachó el informe de la Comisión Mixta con objeto de modificar la Carta Fundamental, para reservar escaños a representantes de los pueblos originarios – reconocidos por la Ley 19253 – en la integración del órgano constituyente que se conformaría para la creación de una nueva Constitución Política de la República, ello a raíz de la Ley 21.298 que se publicó cinco días después.
De ese modo, se otorgaron 17 escaños para representantes indígenas dentro de los 155 cupos de los distritos electorales. En detalle, se destinaron un cupo para los pueblos Rapa Nui, Quechua, Atacameño, Diaguita, Colla, Kawésqar, Chango y Yagán; siete para el Mapuche y dos para el Aymara. Sin embargo, el pueblo tribal afrodescendiente fue excluido y marginado del proceso constitucional.
En el caso concreto del pueblo Mapuche, los escaños también se dividieron por cupos: uno para las regiones Metropolitana, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y del Maule; cuatro para el Ñuble, Biobío y La Araucanía; y dos para Los Ríos, Los Lagos y Aysén. De igual forma, se estableció la regla de paridad, donde la candidatura del género sobre-representado/a cedió su escaño a su alternativa paritaria.
Luego de eso, las elecciones se realizaron los días 15 y 16 de mayo de 2021, presentándose 95 candidatos/as en total. En ese entonces, 1.239.295 personas indígenas estuvieron habilitadas para votar en el Servicio Electoral, quienes debían solicitar la “papeleta verde” para sufragar por un representante de su pueblo de pertenencia.
Como resultado, los/as candidatos/as electos/as fueron Isabella Mamani y Luis Jiménez para el pueblo Aymara; Eric Chinga para los diaguitas (como par alternativo de Gabriela Calderón por corrección de género); Félix Galleguillos Aymani en representación de los Licanantay o Atacameños (también como alternativa paritaria de Ximena Anza); Isabel Godoy Monárdez para el pueblo Colla; y Wilfredo Baicián Delgado en el escaño Quechua.
En tanto, Tiare Aguilera Hey fue electa como representante de Rapa Nui y Margarita Vargas López como portavoz Kawashkar, al igual que Lidia González Calderón que ocupó el escaño Yagán y Fernando Tirado que hizo lo mismo en el caso del pueblo Chango.
Finalmente, en el caso del pueblo Mapuche fueron escogidos Victorino Antilef Ñanco (par alternativo por corrección de género de Carmen Caifil); Alexis Caiguán Ancapán (en lugar de Carmen Jaramillo por la misma situación anterior); Rosa Catrileo Arias; Elisa Loncón Antileo; Francisca Linconao Huircapán; Natividad Llanquilleo Pilquimán y Adolfo Millabur Ñancuil.
De ese modo, asumieron un compromiso que se oficializó el 4 de julio de 2021 cuando se instaló la Convención Constitucional, la cual deberá redactar la nueva Carta Magna en un plazo de nueve meses, prorrogable por tres meses más.
Se trata de una fecha histórica puesto que, además, se elige ese mismo día a la presidencia de la Convención, que recae en la mujer académica y lingüista Mapuche de Traiguén, Elisa Loncon, con 96 votos a su favor.
En su discurso, Loncon señaló que “esta Convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide a la Madre Tierra, en un Chile que limpie las aguas, en un Chile libre de toda dominación. Un saludo especial a los lamngen Mapuche del Wallmapu, este es un sueño de nuestros antepasados, este sueño hoy se hace realidad”. Así, agregó: “Hoy se funda un nuevo Chile plural, plurilingüe, con todas las culturas, con todos los pueblos, con las mujeres y con los territorios, ese es nuestro sueño para escribir una nueva Constitución”.
También en julio, el joven integrante de la Coordinadora Arauco Malleco, Pablo Marchant, fue asesinado por Carabineros en el fundo Santa Ana de Forestal Mininco. Frente a esto, un grupo de 58 constituyentes que incluyó a los/as 17 escaños de los pueblos indígenas, realizó una declaración haciendo un llamado al Gobierno de Chile y al Congreso Nacional para terminar con la represión y “abrir espacio al diálogo de buena fe, para construir entre todos y todas un Estado Plurinacional donde se respeten y garanticen los derechos humanos”.
El 27 de julio, se crea la Secretaría o comisión de participación y consulta indígena, coordinada por Wilfredo Bacian y Margarita Vargas.
Posteriormente, se despacha el 4 de octubre el reglamento que “establece los mecanismos pertinentes, permanentes, vinculantes y continuados de participación y consulta indígena, que permitan a los pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado, presentar propuestas, recomendaciones y establecer acuerdos para ser debatidas en la etapa de deliberación del proceso constituyente, sin perjuicio de otros medios de participación que se tengan en otras etapas del proceso constituyente”.
Luego, el 12 de octubre de 2021, día en que se conmemora el “encuentro de dos mundos en Chile”- eufemismo en alusión al genocidio e invasión tras la colonización en contra los pueblos indígenas- el Presidente Sebastián Piñera decreta estado de excepción, bajo la cuestionada militarización en las provincias de Malleco, Cautín, Biobío y Arauco. Desde entonces, se encuentran bajo control militar de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa Nacional y se han desplegado más de 2 mil militares en territorio Mapuche.
En tanto, en noviembre se crea la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y plurinacionalidad, coordinada por Margarita Vargas y Victorino Antilef, que estableció su cronograma de trabajo y definió la invitación a organizaciones “para escuchar sus demandas respecto del proceso de participación y consulta contemplado para los pueblos originarios”. También se abordó la propuesta de que las decisiones tras las consultas indígenas sean vinculantes, entre otros temas.
Pese a todo lo anterior, la Constitución se redacta en un contexto marcado por la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, que se ve reflejado en un nuevo asesinato. Luego de la militarización en el territorio, miembros de la Infantería de Marina de la Armada de Chile asesinaron el 3 de noviembre al joven de 23 años Jordan Llempi Machacan, dejando gravemente heridos a otros comuneros Mapuche, incluidos menores de edad.
Ante ello, Elisa Loncón manifestó el repudio ante “esa política racista, violenta del Estado y del gobierno que está afectando a nuestras comunidades”, agregando que espera que las soluciones llegarán “por la vía política y no por la vía de la represión como lo ha instalado el gobierno”.
Por su parte, la machi y constituyente Francisca Linconao, en una sentida declaración, exigió la renuncia de Piñera, señalando al gobierno: “Basta ya, basta con la mentira, basta con la matanza, basta con los robos. Esto no puede seguir así”, instando a retirar a los militares de Wallmapu.
Así, el 4 de noviembre, los/as escaños reservados indígenas realizaron una declaración dirigida a la presidencia, rechazando el estado de excepción y solicitando el cese de la violencia y el fin a la militarización.
Fotografía: Fernando La Voz
Del racismo institucional a la plurinacionalidad
Históricamente, los pueblos indígenas no sólo han sido despojados de sus territorios, si no también, excluidos de los mecanismos de representación.
“La exclusión de los pueblos indígenas de los espacios de poder ha privado a la sociedad de otros conocimientos, otras formas de relacionamiento, otras formas de hacer política y de tomar decisiones. Los aportes que pueden hacer los escaños reservados son de carácter estructural, de apostar a las bases mismas de nuestra exclusión. Pueden poner en la agenda, con sus propias voces y posturas, nuevos derechos, nuevos principios. También nuevas formas de dialogar y de llegar a acuerdos, están haciendo un aporte a la visibilización y a la dignificación de los pueblos indígenas, marcando un piso mínimo desde el cuál se deberán llevar adelante, a partir de ahora, cualquier proceso de relacionamiento entre el Estado y los Pueblos Indígenas. Para ello, la plurinacionalidad e interculturalidad son elementos clave”, asegura Verónica Figueroa Huencho, académica Mapuche asociada del Instituto de Asuntos Públicos, de la Universidad de Chile); Ph.D. en Management Sciences (ESADE-Universidad Ramón Lull) y post doctorada del Center for Latin American Studies de la Universidad de Stanford.
Precisamente, la línea de investigación de Figueroa se enfoca en la gobernanza en contextos interculturales y procesos de formulación e implementación de políticas públicas indígenas. Es autora, entre otros, de “Nueva Constitución y pueblos indígenas: ejes sustantivos para un nuevo acuerdo de convivencia”, parte del libro “Wallmapu, ensayos sobre plurinacionalidad y Nueva Constitución”.
La académica afirma que en Chile aún existe racismo, lo que se ha reflejado incluso en la Convención: “Entre las principales problemáticas que han debido enfrentar los escaños reservados es que se comprenda que ellos representan a naciones preexistentes, con derechos colectivos, con autonomía y libre determinación. No representan a partidos políticos o listas de independientes, es una representación diferente. Sin embargo, han tenido que establecer alianzas y utilizar estrategias “winkas” también para poder posicionar sus propuestas y lo han hecho de una forma impecable”.
Por ello sostiene que “es así como podemos tener hoy una Comisión que debe velar por la implementación de un proceso de consulta, o para que conceptos como plurinacionalidad, autonomías, derechos, entre otros, estén presentes de manera transversal en todas las comisiones”.
Aunque el proceso constituyente sigue en plena marcha, la abogada y PhD en Antropología Sociocultural de la Universidad de California, Antonia Rivas Palma, evalúa de forma positiva la participación indígena en la Convención Constitucional. “Pasar de la absoluta negación de los pueblos indígenas en la constitución actual, a un proceso donde los pueblos y sus demandas han tenido un protagonismo indiscutible, es un avance innegable y fundamental. Los escaños reservados han desafiado las lógicas normales de hacer política, y exigiendo con fuerza y tenacidad sus demandas de reconocimiento en el derecho internacional de los pueblos indígenas y la plurinacionalidad”, sostiene la profesional, quien participó de los debates parlamentarios por escaños reservados
Luego, añade: “Sin duda que el camino no ha sido fácil, aún hay muchos obstáculos que hacen difícil el diálogo al interior de la Convención, especialmente con aquellos sectores que aún no comprenden que en Chile existen distintos pueblos, que es necesario reparar y restituir el daño causado y se niegan a aceptar en la diferencia. También existe el desafío de convencer a aquellos que, producto de una desconfianza histórica aprendida por siglos de promesas fallidas e incumplimientos, no creen en el proceso constituyente y sus posibilidades”.
Acto seguido, agrega que “la única forma de superar esa brecha es con una nueva Constitución que reconozca de manera amplia a los pueblos y sus derechos, y que permita en la práctica abrir los espacios de autonomía demandados. Por otra parte, los/as representantes de pueblos indígenas han actuado como bloque, a pesar de que sus realidades territoriales, culturales y políticas son muy diferentes, por lo que uno de los desafíos será acordar como resguardar los derechos colectivos de todos los pueblos, asegurando que las particulares de cada pueblo y sus demandas sean también protegidas”.
En esa línea, Rivas comenta que otros de los desafíos de la Convención consisten en avanzar en el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, no únicamente como una declaración de principios, sino como una regla que permita la distribución del poder que permee todas las estructuras del Estado “en base al derecho a la libre determinación, desde la estructura y forma del Estado, la consagración de escaños y cupos en todas las instituciones como el poder judicial, los órganos autónomos, las fuerzas armadas, todos los órganos de elección popular, junto con el reconocimiento de la autonomía territorial, funcional y política y el pluralismo jurídico”.
Igualmente, agrega que es fundamental el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en especial, la libre determinación, “que debe ser entendida tanto como el derecho a la autonomía territorial, funcional, económica y política en sus propios territorios, como el derecho a participar en las instituciones del Estado”. En cuanto al territorio también destaca el reconocimiento del “derecho de los pueblos indígenas a poseer, controlar, conservar, utilizar y recuperar la propiedad de las tierras de ocupación tradicional”.
La abogada detalla que la Constitución debería establecer las bases para la creación de una institucionalidad, ya sea por medio de una Comisión o un tribunal ad hoc con facultades para iniciar un proceso de verdad, justicia, reparación y restitución de los territorios usurpados, tras un diálogo con todos los actores posibles.
“La plurinacionalidad es un principio que le habla no a los pueblos indígenas, acostumbrados desde siempre a convivir en su diferencia, debiendo someterse a las reglas ajenas. La plurinacionalidad nos habla a nosotros/as, al pueblo chileno, que debe asumir también que por sus venas corre sangre mestiza, aceptando la pérdida de la hegemonía y la existencia de otros modelos posibles, de otra forma de relacionarse, de otra forma de ver el mundo, de relacionarse con la naturaleza, y de pensar el futuro. Ese es el desafío más grande que tiene Chile”, finaliza señalando.
Las claves para una Constitución plurinacional y ecológica
Fuente fotografía: Fernando La Voz
Respecto a la importancia de la cosmovisión indígena en el proceso constitucional, la machi Francisca Linconao Huircapán asevera que “es muy importante hablar de principios de Estado desde la mirada y el kimün de los pueblos y naciones; porque ha pasado en otros territorios que sólo se reconoce a los pueblos sin modificar realmente el tipo de Estado. En el documento base que elaboramos junto a la Comisión de Derechos de los Pueblos, desarrollamos junto a los equipos toda la organización necesaria para salir del Estado neoliberal y pasar a un Estado plurinacional, social y democrático de derechos; intercultural y plurilingüe, con reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza. Este documento es público y ojalá no sufra recortes esta semana, que viene el tiempo de indicaciones”.
Sobre el resguardo de los derechos de la Ñuke Mapu, la autoridad ancestral y espiritual, quien también ha sido una férrea defensora de derechos humanos, señala que “es difícil pensar en estos derechos como algo aparte. Esto tiene que ver con el derecho a la tierra, al agua y a la restitución del territorio ancestral; pero también a la autonomía y autogobierno, a la consulta previa y en general al respeto de los tratados históricos celebrados con los pueblos. Desde la comisión de derechos de los pueblos ya hemos trabajado una propuesta de norma para que se reconozca a la Ñuke Mapu como sujeta de derechos. Queremos que se respete integralmente su existencia, hábitat, bienestar, restauración, mantenimiento y regeneración de sus ciclos naturales, y además que exista el derecho a que sea reparada del daño. Yo sé que en otros países cercanos y en Europa ya se avanzó sobre los derechos de la naturaleza; es algo donde las primeras naciones vamos avanzando de la mano”.
Sobre las principales problemáticas que deben enfrentar como pueblos, indica que “una de las cosas más difíciles es comprobar que hay mucho desconocimiento sobre temas de derechos humanos y de derechos indígenas; también que todos hablaron de plurinacionalidad en sus campañas pero no están dispuestos a apoyar que los pueblos nos autodeterminemos y decidamos qué Estado queremos”.
Así, finaliza comentando que “esto para mí es el racismo en su máxima expresión, ya sea por desconocimiento o por desprecio que existe hacia las primeras naciones. Romper con la lógica monocultural ha sido muy difícil, hay mucha resistencia a reconocernos y dar espacios de autonomía y decisión incluso en pequeña escala. Pero por eso estamos aquí, para pelear por más derechos”.
Fuente imagen: Rosa Catrileo
En tanto, la abogada Mapuche, Rosa Catrileo Arias, cuestiona “la idea de que los pueblos indígenas somos homogéneos por ser pueblos indígenas, es una mirada colonial que hemos debido enfrentar. Dentro de las diferencias y diversidad hemos podido trabajar, pero no exento de complejidades, el desafío es trabajar juntos como pueblos indígenas y tratar de educar, hacer un trabajo pedagógico porque hay mucho desconocimiento respecto de ello”.
En ese sentido, agrega que “debe haber un reconocimiento respecto de los genocidios de los pueblos indígenas para que el Estado se haga cargo a través de procesos de reparación y garantía de no repetición. Para el pueblo mapuche tiene relación con las restituciones territoriales producidas en atención al despojo que fue consecuencia de la invasión militar al Wallmapu”.
Así, comenta: “Tenemos la declaración de Estado plurinacional que debe ir de la mano con el reconocimiento de autodeterminación de los pueblos indígenas, y debe quedar reconocidos como pueblos naciones preexistentes al estado y que el Estado se declare intercultural a fin de que las relaciones entre Estado y pueblos indígenas se den en un plano de igualdad”.
Finalmente, Catrileo reflexiona: “Las demandas incluyen la protección de la naturaleza en virtud de las visiones indígenas y estamos promoviendo que quede como principio constitucional la protección del itrofil mogen, entendiéndolo como la biodiversidad y respeto a la naturaleza. Somos un elemento más en la naturaleza y por lo tanto es nuestra obligación respetar a todos los seres que conforman la biodiversidad, tanto lo que vemos como lo que no vemos, ya que la espiritualidad se relaciona con la naturaleza. Esto quedó en el documento de trabajo desde la comisión de derechos humanos y vamos más allá del conservacionismo, desde la visión espiritual, donde los seres humanos somos un elemento más y esa es la mirada que estamos tratando de impregnar en derechos de la naturaleza”.
Fuente imagen: Adolfo Millabur Constituyente Mapuche
Por otro lado, el convencional constituyente Mapuche y ex alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur Ñancuil, señala que “lo primero que valoro es la participación de distintos pueblos a través de los 17 escaños que están participando en lo formal e institucional de la redacción de nueva constitución. Sobre el proceso que tenemos que dar respecto a participación y consulta indígena, estamos recién comenzando, queda como tarea establecer un grupo de trabajo de carácter técnico para que lleve adelante desde la convención, lo que es la consulta y participación en materias que afecten a los pueblos originarios”.
“Evalúo como positivo y con hartas expectativas el proceso constituyente, especialmente en materias de plurinacionalidad, interculturalidad, distribución y redistribución del poder y la descentralización del mismo, que son temas importantes que tienen relación con la parte orgánica de la Constitución a través de la participación intensiva que ojalá se dé, pero al mismo tiempo, con la participación formal y política que están haciendo al interior de la convención los 17 escaños de los pueblos originarios”, comenta Millabur, quien además lideró el proceso de emplazamientos a parlamentarios para la reforma constitucional que incorporara a los pueblos originarios.
Aun así, considera como problemática “la bajada de información a la población común por parte de los medios masivos de comunicación, ya que hay un sesgo de comunicación que se han encargado de desvirtuar y desprestigiar el quehacer de la Convención y por cierto los pueblos originarios tienen menos instrumentos para hacerse escuchar y bajar la información. El reto es que haya una alta participación en la consulta y participación indígena”.
Para Millabur, las temáticas claves a las que se debe poner atención es el Estado plurinacional e intercultural; la autodeterminación de los pueblos; la autonomía; el pluralismo jurídico y cómo se redistribuye el poder a nivel orgánico de la Constitución.
Fuente imagen: Frente Fotográfico
Como ya se mencionó, la redacción de la nueva Constitución se enmarca en un contexto de graves violaciones a derechos humanos contra los movimientos sociales y particularmente, contra el pueblo-nación Mapuche. Por otra parte, cabe destacar también que comunidades Mapuche se han marginado del proceso constituyente, apelando a las fundadas desconfianzas dada la violencia sistemática estatal institucionalizada contra las comunidades indígenas y disidencias.
A través de los escaños reservados, el proceso constituyente podría ofrecer una oportunidad inédita para incorporar derechos históricamente negados, al discutir y acoger demandas, reivindicaciones y luchas indígenas.
En ese sentido, la vía institucional busca terminar con el legado pinochetista y las políticas neoliberales para abrir nuevas posibilidades, entre ellas, repensar una nueva estructura política-económica-ética que respete los derechos humanos de los pueblos indígenas, al igual que la coexistencia de cosmovisiones, nacionalidades e identidades. De la misma forma, plantea desafíos fundamentales en relación al resguardo de la Ñuke Mapu, con todas las implicancias socioambientales que ello significa.
A mediados de 2022, sesenta días después de finalizada su redacción, se realizará un plebiscito de salida, con motivo de aceptar o rechazar la Constitución. De ser aceptada, el o la nuevo/a presidente/a de Chile deberá convocar al Congreso para que se prometa el respeto de la nueva carta fundamental.
Mientras tanto, muchos/as depositarán todos los esfuerzos y expectativas en este proceso, para que el racismo, discriminación, marginación, violencia y exclusión dejen de ser parte del sistemático e institucionalizado accionar del Estado de Chile hacia los Pueblos Indígenas.
(*) Martina Paillacar M, periodista del Colectivo Editorial Mapuexpress. Contacto: delsurperiodistas@gmail.com. Este trabajo fue producido en el marco del proyecto Cambio Climático y Nueva Constitución de FES Chile, Climate Tracker y ONG FIMA.
