Por Karina Vargas – Fuente: observatorio.cl
El proceso constituyente en desarrollo es una oportunidad para repensar el país en que vivimos y establecer nuevas formas de convivencia entre las personas y los pueblos que lo habitan.
La Constitución Política impuesta por la dictadura en 1980 estableció una concepción mono cultural del Estado, siguiendo el modelo clásico de “Estado-nación”, desconociendo la existencia y derechos de los pueblos indígenas que habitan Chile. Además, desprotegió los derechos económicos, sociales y ambientales, en contraste con la protección otorgada a los derechos de propiedad de particulares, incluyendo aquellos sobre bienes comunes como el agua, lo que resultó en un deterioro acelerado de los ecosistemas del país.
Contrario a ello, en las últimas décadas en las Constituciones de América Latina, se ha venido reafirmado la concepción del Estado social de derecho, en el que el Estado tiene un rol fundamental en la economía, así como en el aseguramiento de los derechos humanos, incluyendo entre ellos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, estableciendo mecanismos para permitir su exigibilidad; y a su a vez se vienen superando las concepciones mono culturales del Estado para reconocer la pluralidad de pueblos y naciones que lo conforman, entre ellos los pueblos indígenas, así como sus derechos colectivos y los aportes que estos pueblos y naciones aportan al desarrollo cultural, social y económico de los Estados.
En este contexto, el rol de las mujeres indígenas empieza a relevar su real importancia, no sólo por el hecho histórico que significa que de los 17 escaños reservados para los y las representantes indígenas, 9 de ellos son para mujeres indígenas, y que además haya resultado electa para presidir la Convención a una mujer mapuche, la Dra. Elisa Loncón. Resaltando que cuatro candidatas electas por escaños reservados tuvieron que ser reemplazadas por sus candidatos alternos, a fin de lograr la paridad. Es decir que, sin la aplicación del mecanismo de paridad, en el caso de los pueblos indígenas 13 cupos habrían sido asignados a mujeres y sólo cuatro a hombres.
Todo ello expresa la reivindicación y valoración de los aportes que vienen realizando las mujeres indígenas dentro de sus territorios, comunidades, organizaciones y en el país en general. Aportes que no siempre son visibilizados, pero que en el actual proceso constituyente comienzan a relevarse.
En este sentido, es importante resaltar el rol fundamental de las mujeres indígenas en el desarrollo social, político y cultural de sus pueblos y naciones, ya sea desde su rol en la transmisión de sus saberes tradicionales, en la revitalización de sus idiomas, en su aporte a la soberanía alimentaria y el cuidado de las semillas, como en el rol que desempeñan en el contexto actual de pandemia, donde aportan sus conocimientos en salud y en el uso de las plantas medicinales, así como la activación de redes para el trueque e intercambios solidarios de sus productos.
Las mujeres indígenas también cumplen un rol importante en la defensa del medio ambiente y sus territorios; son activas defensoras del territorio. Por ejemplo, Ercilia Araya, lideresa Colla, que ha sido criminalizada y hostigada por defender los derechos de su comunidad frente al daño ambiental de diversas mineras canadienses en la región de Atacama, o Machi Millaray, líder espiritual mapuche que viene luchando por la protección del Río Pilmaiken, estrechamente relacionado al Complejo Natural Ceremonial Ngen Mapu Kintuante, ubicado en el sector rural de Maihue –Caramallín– región de Los Lagos y región de Los Ríos, que se encuentra amenazado por la construcción de dos proyectos hidroeléctricos (proyecto hidroeléctrico Osorno y Los Lagos), los cuales fueron autorizados sin un proceso de consulta y sin obtener el consentimiento de las comunidades afectadas.
Asimismo, frente a las amenazas del cambio climático, como las grandes sequías o invernadas extremas en los territorios, las mujeres indígenas realizan aportes importantes a la lucha contra el cambio climático, a través de sus conocimientos tradicionales, respecto al manejo y conservación de los bienes comunes o recursos naturales, para adaptar sus cultivos a situaciones adversas a fin de asegurar la soberanía alimentaria, o aportar a la protección de la biodiversidad del planeta en su rol de guardianas de las semillas.
Y desde luego, la activa participación política que ejercen en sus territorios, comunidades, organizaciones y en la política nacional donde cada vez están más presentes para denunciar el despojo de sus territorios, la defensa del agua y los bienes comunes, y las políticas extractivas, neoliberales y patriarcales del Estado.
Sin embargo, a pesar de estos aportes vitales, las mujeres indígenas son quienes afrontan las mayores desigualdades sociales y brechas de género en el país, debido a la intersección que existe por ser mujer e indígena. Lo que se aprecia, por ejemplo, en mayores barreras en el acceso a la justicia, a la educación y a la salud de calidad. Además, son quienes afrontan mayores situaciones de discriminación y violencia que, entre otras, se manifiestan en tasas de pobreza por ingresos y multidimensional que se acercan respectivamente al 18% y al 30% frente al 11% y 20% de las mujeres no indígenas (RIMISP, 2017). Sumado a las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres indígenas, el alto porcentaje de hogares con jefatura femenina por pertenencia a pueblos indígenas llega al 44% (Casen, 2017), en muchos casos debido a la migración de sus parejas que se van a trabajar lejos, con la consecuente sobrecarga de trabajo para las mujeres que quedan solas a cargo de la casa los hijos, la chacra y los animales.
Esta situación se agrava con las desigualdades de género, que afectan tanto a la mujer indígena como la no indígena, tal como las bajas tasas de participación laboral, que en la zona rural llega al 32,1% de la tasa de ocupación para las mujeres, frente al 64,7% de la tasa de ocupación para los varones (Casen, 2017). Además, cuando las mujeres indígenas rurales pueden acceder al trabajo, la probabilidad que éste sea informal, inestable o con bajos ingresos es mayor que en el caso de los hombres, siendo que sus ingresos principales derivan de actividades vinculadas con la agricultura y el comercio.
A lo anterior se suma la violencia hacia las mujeres, que aún existe y afecta las relaciones de complementariedad entre los géneros. Además de ser quienes asumen la mayor cantidad de tareas de cuidado y crianza.
En este sentido, las mujeres indígenas que han sido electas como convencionales vienen expresando no sólo su voz y sus aportes, sino también las vivencias de sus pueblos y territorios, pues son mujeres que han debido enfrentar diversas desigualdades, violencias y atropellos a sus derechos por ser mujeres e indígenas. Cuyas historias de vida están cruzadas por la violencia del Estado y por una resistencia cultural, social y económica, que les permite hoy en día estar en ese espacio.
Es por ello que la nueva Constitución para Chile, que ya se empieza a escribir, con la participación directa de estas mujeres y recogiendo sus propuestas, saberes, historias de vida y aspiraciones de sus pueblos, sin duda será un hito fundamental para avanzar en superar las brechas que enfrentan y para garantizar los derechos de sus pueblos y de las mujeres indígenas de acuerdo con los estándares del derecho internacional de los pueblos indígenas y los estándares del derecho internacional sobre la mujer. Así como a aportar en general a la construcción de un nuevo país, porque avanzar hacia el buen vivir para todos los pueblos no puede concebirse sin el bienestar de todas las mujeres.
* Coordinadora Programa Derechos de Pueblos Indígenas, Observatorio Ciudadano.
