Estas maniobras de tratar de imponer exigencias por sobre las demandas ciudadanas, de los pueblos originarios y de las comunidades costeras, están siendo la regularidad de un gobierno debilitado y ahora saliente, que fue manejado y presionado por una clase política corrupta casada con crueles, nuevos e históricos sectores empresariales.
Por Patricio Melillanca
16 de septiembre de 2021
El Subsecretario del interior, Juan Galli, difundió un oficio en que ordena a los cuestionados delegados presidenciales regionales designados por el régimen de Sebastián Piñera, a que ellos sean quienes manejen las Comisiones Regionales del Uso del Borde Costero (CRUBC).
Este órgano conocido como las CRUBC, que está en cada región, «analiza y concede derechos de uso de los recursos y oportunidades que este (estos ecosistemas costero marinos) ofrece».
Este anunció tiene varias aristas: Es una ley de amarre, como lo hizo la dictadura cívico militar de Pinochet en sus últimos meses. En este caso es una imposición mediante oficios de un debilitado gobierno saliente, con muchos de sus representantes políticos cuestionados por corrupción, especialmente en los sectores de pesca y acuicultura, cuestión que se expresa en la Ley Angelini Longueira que otorgó propiedad de forma gratuita, de cuotas pesqueras a clanes familiares empresariales.
El actual oficio de Piñera, firmado por el subsecretario del interior Juan Galli Basili, debilita la Ley 20.249, conocida como Ley Lafkenche, que recupera los Espacios Costero Marinos que los pueblos originarios que actualmente habitan y han habitado de manera ancestral.
Este oficio, el 18.500, del Ministerio del Interior, ordena a los funcionarios regionales «presidir a las CRUBC para avanzar en las materias que tengan pendientes de resolver». Esto es, imponer y defender cuestionados intereses empresariales en territorios de las identidades Williche y Lakenche del Pueblo Mapuche y de otros pueblos originarios, donde además la gente que habita estos territorios, eligió a Gobernadores Regionales para que administren estas zonas.
Estas maniobras de tratar de imponer exigencias por sobre las demandas ciudadanas, de los pueblos originarios y de las comunidades costeras, están siendo la regularidad de un gobierno debilitado y ahora saliente, que fue manejado y presionado por una clase política corrupta casada con crueles, nuevos e históricos sectores empresariales.
Este es el oficio firmado por Juan Galli Basili LINK aquí.
