La reciente y lamentable muerte de un comunero mapuche a manos de carabineros, ocurrida durante una acción de sabotaje en contra de una empresa forestal, en la cual resultó también un trabajador gravemente herido, y las posteriores acciones de quema de maquinarias y vehículos forestales en respuesta a ello, dan cuenta del recrudecimiento de la violencia en el Wallmapu.
Sabemos que el conflicto entre el estado y el pueblo mapuche se inició con el despojo territorial primero por los españoles y luego por el estado chileno para otorgarlas a privados, siendo las grandes beneficiadas las empresas forestales. En la escalada de este conflicto que hemos alertado desde hace varios años, frente a la legítima protesta del pueblo mapuche por sus territorios, es también conocido que el estado respondió con todo su aparataje policial y legal, ejerciendo violencia física en contra de las comunidades y familias mapuche.
Lo anterior resultó en la muerte de al menos una decena de integrantes de comunidades y en innumerables casos de tortura y tratos crueles en contra de estos, incluyendo casos que afectaron a niñ@s, mujeres y ancian@s. También resultó en la persecución de centenares de líderes mapuche, que han sido víctima de largos procesos judiciales, prolongada prisión preventiva, y condenas contrarias al debido proceso como lo estableció en su fallo condenatorio al estado chileno la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Incumpliendo el estado sus obligaciones adquiridas al amparo de la Ley Indígena y del Convenio 169 de la OIT, y sin respuesta adecuada a las demandas del pueblo mapuche, entre las que se incluye la salida de las forestales de Wallmapu y el reconocimiento de los territorios de uso y ocupación tradicional junto con formas de autonomía y control de estos, era previsible que la respuesta de algunos sectores mapuche se haya tornado cada vez más frontal. Ello ha incluido el desarrollo de acciones de fuerza en contra de bienes, en particular aquellos de propiedad de las forestales, acciones que en algunos casos han afectado la vida e integridad de personas no mapuche.
Se tratan todos de hechos lamentables y condenables cada vez más frecuentes que no nos pueden, ni nos deben dejar de impactar. Con preocupación percibimos que se alienta una lógica de guerra, ya no solo desde el estado, sino también desde algunos sectores de la sociedad chilena y empresarial, y que algunos sectores del pueblo mapuche están tentados a seguir. Ello ocurre justamente en momentos en que se inicia el trabajo de la Convención Constitucional, proceso a través del cual se buscan precisamente nuevas formas de convivencia entre el estado chileno y los pueblos indígenas.
Urge abordar las causas del conflicto y una salida que garantice los derechos territoriales y colectivos del pueblo mapuche. Una vía es sin duda el actual proceso de la Convención Constitucional, donde el pueblo mapuche se encuentra representado a través de los escaños reservados; pero dada la gravedad del contexto actual, es urgente detener esta escalada de violencia avanzando también en acciones para canalizar dichas demandas a través de instancias de diálogo que podrían ser convocadas desde entidades como el Sistema de Naciones Unidas, el Sistema Inter Americano de Derechos Humanos, o en su defecto, desde centros de mediación internacional de trayectoria en negociaciones de paz.
El proceso constituyente y la convocatoria a instancias de diálogo urgente entre el estado y el pueblo mapuche constituyen herramientas fundamentales para revertir la creciente espiral de violencia que hoy se vive en Wallmapu, así como para avanzar hacia nuevas formas de convivencia intercultural. Estamos en el momento crucial, donde o se buscan caminos de entendimiento que aborden las causas del conflicto o se consolida la lógica de guerra que algunos sectores están buscando. Como institución de derechos humanos apostamos a lo primero.
Observatorio Ciudadano
20 de junio de 2021
