En este nuevo inicio para todos los pueblos y territorios, dialogar y debatir con transparencia es como la pampa para un xawvn, y ni a la pampa, ni al cerro, ni al bosque, se le pueden poner candados y puertas.
Por: Martín Llancaman. Licenciado en filosofía, Universidad Alberto Hurtado Magíster en filosofía, Universidad de Chile.
18 de junio de 2021
La declaración de la Vocería de los Pueblos a favor de seis garantías democráticas para la realización de la Convención Constitucional ha provocado la sobrerreacción generalizada de la vieja élite política y quienes son cercanos a sus ideales: desde Insulza hasta Mariana Aylwin, pasando por el ministro Delgado y el presidenciable Desbordes, todos cuestionan la ‘legitimidad democrática’ de que 34 constituyentes electas y electos propongan la necesidad de revisar y discutir las normas con las que se trabajará.
Y es que los sectores que controlaron ampliamente la política por los últimos 30 años no quieren reconocer que la Convención elegida representa efectivamente el ‘poder constituyente’. Esa primera afirmación es central a la hora de redactar una Constitución que sí cuente con la legitimidad que la Constitución de 1980 no tuvo, por ser elaborada desde la imposición de una dictadura. Fue precisamente el ‘poder constituyente’ lo que textualmente la Junta Militar se arrogó (Decreto 128 de 1973) para hacer uso de los poderes Ejecutivo y Legislativo –suspendiendo el Congreso– y para justificar legalmente lo que ya había conseguido por medio de la sistemática violencia de Estado: su permanencia en el poder.
Es en el marco de la recuperación de ese poder constituyente que se abre hoy la puerta histórica a retornar también la soberanía a los pueblos. En tal sentido, las naciones originarias sabemos de las duras consecuencias de ser despojados y excluidos de esa soberanía. Por eso, cuando la vieja política llama a no cuestionar las reglas que los partidos dejaron pactadas en el acuerdo del 15 de noviembre, lo que hay detrás es el intento de mantener el statu quo, uno donde la democracia es tutelada y donde el colonialismo sobre las naciones originarias sigue siendo la norma.
Que las reglas constitucionales de funcionamiento –incluyendo la norma de dos tercios– deban ser revisadas y discutidas es razonable y democrático. El argumento de que esas normas fueron votadas y aprobadas junto al plebiscito es conservador, y ya ha sido usado por la derecha para bloquear necesarias reformas a la Convención. Hace pocos meses los senadores Kast y Ebensperger usaron este argumento una y otra vez para lograr negarse a que la histórica reserva de escaños para pueblos originarios fueran 24 adicionales a los 155 convencionales. Las normas modificadas aquella vez, si bien permitieron la elección de constituyentes de naciones originarias, lo hicieron bajo el alto costo de una participación sumamente desigual y la completa exclusión del pueblo afrodescendiente.
Un diálogo y un debate abiertos sobre la regla de dos tercios parecen más necesarios aún, cuando se trata de establecer una Carta Magna legítima que no arrastre el legado antidemocrático de la Constitución del 80. A la memoria chilena no se le debe olvidar que la Constitución de Guzmán y la comisión Ortúzar dictaba en la Cámara Alta la presencia de 12 senadores designados de un total de 38[1]: por la regla de dos tercios, los representantes de la dictadura mantenían prácticamente intacto su poder de veto en el primer Senado de la transición. Por eso, el pueblo mapuche y sus organizaciones como Ad Mapu, ya demandaban en 1983[2] “la participación en la redacción de una nueva Constitución política”, que garantizara los derechos de los pueblos. Al país le costó 15 años de democracia (1990-2005) el terminar con la designación de senadores. Visto de esa manera, incluso la historia de las instituciones representativas en Chile muestra que las normas previas pueden y de hecho se han cambiado para mejor.
En este camino por repensar los marcos del diálogo constitucional, los saberes indígenas serán un trascedente aporte, sobre todo cuando reconocemos la densa historia diplomática y política mapuche sobre la base de los antiguos parlamentos. Y en ese sentido, si hay algo que el conocimiento del azmapu –las normas propias de convivencia y relación del pueblo mapuche– puede aportar a la Convención, es precisamente entender que las reglas están hechas para la vida y equilibrio de la comunidad y no para que la comunidad quede atada a las reglas. Kisugvnewvn decimos, el derecho de darnos decisión a nosotros mismos.
No conocemos las razones del Parlamento para dejar pactada previamente una parte central de las normas de la Convención: no hubo debate público sobre ellas sino un encuentro de medianoche a puertas cerradas. Todo lo que la ciudadanía vio al otro día, fue la foto de una sala de palacio llena de rostros políticos: los movimientos sociales y la ciudadanía merecen ahora la transparencia que no hubo entonces.
Por eso es clave tanto construir acuerdos públicos sobre los quórums de votación como sobre las formas de participación social en la constituyente. Hasta ahora las reglas expresan un solo momento de voz para ello; un plebiscito de salida. Pero no basta, ¿de qué otras maneras las comunidades y múltiples organizaciones tendrán la seria oportunidad de llevar en condiciones de igualdad sus reflexiones a las y los convencionales?
Sin duda, los pueblos, las regiones y las naciones preexistentes han logrado movilizar los hechos hacia un momento refundacional. A la altura de este hito histórico, tanto el llamado a debatir garantías y reglamentos como el llamado a reconocer el poder constituyente que los pueblos expresarán en la Convención es profundamente democrático. Las naciones originarias, como dice la constituyente Elisa Loncon, “sabemos de haber quedado marginadas de la participación y la decisión por siglos” y, por eso, podemos señalarle abiertamente al pueblo de Chile que su mejor camino es la conversación amplia, sin exclusiones y sin censuras previas.
En este nuevo inicio para todos los pueblos y territorios, dialogar y debatir con transparencia es como la pampa para un xawvn, y ni a la pampa, ni al cerro, ni al bosque, se le pueden poner candados y puertas.
[1] En la reforma de 1989 pasaron a ser 44 senadores en total.
[2] Ad Mapu. (Abril de 1983). Resoluciones de la tercera jornada de la Asociación Gremial de pequeños agricultores y artesanos Ad Mapu.
