La educación que queremos y necesitamos no puede ser sólo una petición al Estado, sino que debe ser una práctica permanente que debemos autogestionar desde cada territorio organizado.
Marcos Fauré[1] y Daniel Fauré[2]
¿Se acuerdan cuando, a sólo días de iniciada la revuelta popular, nos empezamos a reunir en plazas, parques y esquinas a dialogar sobre el país y la vida que queríamos? Esos espacios, que nacieron por cientos a lo largo del país y dieron origen a cabildos y asambleas territoriales, fueron los nichos donde se inició un acelerado proceso de politización popular, es decir, el paso de una fase histórica donde el protagonismo lo tenían las expresiones de descontento frente a las injusticias acumuladas luego de 47 años de un sistema económico neoliberal y una democracia “de baja intensidad”-; a una nueva fase donde esa protesta -siempre necesaria- empezó a acompañarse con asambleas soberanas que rayaban papelógrafos donde se delineaba colectivamente la sociedad que queremos, el cómo la construiremos, el con quiénes vamos a construirla y quiénes serán nuestros enemigos en ese proceso.
Sin embargo, ese proceso de politización se ha visto frenado, peligrosamente, luego de la victoria popular que implicó el triunfo del “Apruebo”. El “Partido del Orden”[3] ha logrado cambiar el foco de nuestras discusiones pasando de los proyectos de país a listas y pactos entre partidos, de discusiones sobre “la sociedad que queremos” a debates sobre “cambios dentro de los márgenes de la ley” -reforzando con ello la idea de que los procesos de transformación social los realizan solo determinados expertos (“políticos profesionales”, abogados constitucionalistas) y no el pueblo organizado, siempre dentro de los márgenes de las leyes que ellos escriben-, y limitando nuestras propuestas a los marcos rígidos de “lo realista” y “lo posible”, lo que siempre implica ajustarse a sus tiempos e intereses. Una actualización del eslogan del golpista Aylwin -la “justicia en la medida de lo posible”- que busca imponerse sobre esa corrida de cercos de lo que es o no modificable que realizamos desde el 18 de octubre en adelante.
Hablar de una nueva educación es hablar de una nueva sociedad
Por ello, lo primero que queremos señalar en torno al tema que nos convoca en esta columna, es que dialogar -desde los territorios organizados- sobre qué educación necesitamos y queremos, implica retomar la discusión general sobre la sociedad que queremos. En tanto no existe una práctica educativa “neutra”, que sea inmune al condicionamiento del contexto histórico en el que se da, es importante entender que la discusión sobre la educación que queremos es siempre una discusión política, que conlleva un modelo de sociedad que se quiere defender o construir. En ese sentido, parafraseando a Paulo Freire, la educación es una herramienta de transformación ya que, si bien no cambia al mundo, si cambia a las personas que cambiarán el mundo y, por ello, necesitamos claridad colectiva de la dirección a la que apuntaremos ese cambio.
Las luchas que se vienen a nivel nacional
Sabemos que el tema que se tomará la agenda desde abril será el del derecho a la educación. La derecha y la ex Concertación apostarán a asegurar el “derecho al acceso” y es importante correr ese cerco desde el primer día de debate. Sin embargo, los esfuerzos no pueden concentrarse solo en que la educación sea considerada un derecho en el nuevo texto constitucional -y por tanto que el Estado deba asegurarlo-, sino que urge que problematicemos esa idea y vayamos más allá: ¿queremos que el Estado asegure el acceso al sistema educativo que tenemos hoy? ¿De qué nos sirve como pueblos que se nos asegure eso si este sistema educativo es funcional al modelo de sociedad que la clase dominante quiere imponer? La conclusión es clara: asegurar constitucionalmente el derecho a la educación será útil sólo si esa educación apunta a construir un modelo de sociedad que sea beneficioso para los pueblos en lucha.
Acá es importante retomar la idea de que la educación no se puede desligar del debate político de la sociedad. Y, por lo mismo, del debate sobre el poder. Por ello, junto con el debate sobre la necesidad de que la educación sea considerada un derecho, debemos instalar la idea de que este derecho sólo se ejerce realmente cuando las comunidades educativas pueden tener poder sobre las decisiones de qué saberes se producen y comparten en las escuelas y liceos, y sobre los modelos de sociedad a los que apuntan y responden. Es decir, conseguiremos el derecho a la educación siempre y cuando exista control comunitario sobre ella. Solo así los derechos conquistados serán ejercidos y no mendigados, y lo que se asegure será el derecho a una práctica educativa nueva, que responda a la diversidad de necesidades, intereses y sueños que tenemos como pueblos en lucha y que se aleje cada día más de la tríada capitalista, colonial y patriarcal que nos han impuesto.
Las luchas que se vienen a nivel local
Ahora, ese proceso implicará una larga lucha con la clase dominante que buscará frenar cualquier intento de que los espacios educativos sean considerados como espacios donde se ejerce poder popular territorial -al igual como lo hicieron cada vez que el estudiantado secundario empezó a ensayar y prefigurar atisbos de control comunitario en las tomas de los liceos-. Por ello, es importante que los territorios organizados -en asambleas territoriales, cabildos u otras organizaciones- comiencen a vincularse de manera más orgánica con las comunidades educativas en cada uno de los territorios. ¡Cada asamblea debe tejer vínculos con las escuelas y liceos más cercanos! Si bien uno podría decir que “somos las mismas personas” -ya que muchos integrantes de estas organizaciones son padres, madres, apoderados, estudiantes o parte del profesorado- sabemos que cada orgánica tiene su propia agenda, que puede potenciarse si existe un apoyo entre ambas. Además, eso facilitaría particularmente la conexión entre las organizaciones secundarias y las asambleas territoriales, dos de las orgánicas protagonistas de la primera etapa de la revuelta y que se han invisibilizado en medio de la fiebre electoral constitucional que estamos viviendo.
En esa línea, es importante destacar que las “disputas por la escuela” que se vienen no serán solo por el control de la “institución escolar” sino una lucha cotidiana donde todas las personas que habitan ese espacio deberán plantearse y empezar a ensayar el cómo construir nuevas relaciones sociales que vayan anunciando la nueva sociedad que queremos, desde lo más micro a lo macro.
La educación más allá de la escuela: los desafíos autoeducativos de las asambleas
Finalmente, es importante recordar que la educación es una práctica que trasciende cualquier institución (estatal o privada). La práctica educativa -entendida como ese ejercicio donde las personas construyen y comparten saberes en función de sus necesidades e intereses- es una tarea demasiado importante para dejársela sólo a la escuela. Por ello, si superamos la idea de que el aprendizaje es solo una etapa -enmarcada en la niñez y juventud- y asumimos que los seres humanos somos sujetos de aprendizaje a lo largo de toda nuestra vida, entenderemos que esa dimensión de la vida también debe ser gestionada por las organizaciones territoriales.
Por ello, las asambleas territoriales, cabildos y otras organizaciones de base deben crear, sostener y profundizar su dimensión autoeducativa, ya sea creando o fortaleciendo sus comisiones de educación, de cultura o de formación política. Esto permitirá afrontar dos desafíos que se vienen: el primero, muy concreto, es autoeducarnos en torno a las diversas temáticas que se discutirán en el proceso constitucional que se avecina. Creemos que tenemos el desafío de desplegar una gigantesca campaña de educación popular, desde cada territorio pero con capacidad de coordinación y apoyo entre sí, para educarnos como pueblos en lucha, construir nuestras propuestas entre todes e imponerla a la convención.
El segundo desafío, más complejo e importante, es hacernos cargo de que los tiempos que se vienen requieren de un creciente protagonismo popular y ser protagonistas es algo que se aprende haciendo. Y, en tanto se aprende, es algo que puede y debe ser enseñado en cada asamblea. Por ello, las asambleas deben planificar sus prácticas cotidianas para que permitan el empoderamiento y protagonismo de cada integrante de ellas y así lograr que la participación y la militancia social sean, en sí mismas, un ejercicio constante de aprendizaje popular sobre cómo construir y ejercer poder.
En síntesis, la educación que queremos y necesitamos no puede ser sólo una petición al Estado, sino que debe ser una práctica permanente que debemos autogestionar desde cada territorio organizado.
* Publicado originalmente en #BIGDATA. Fanzine de la Asamblea Territorial Los Alerces, Ñuñoa. Nro. 9, febrero de 2021.
[1] Vocerx de la ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios) e integrante de la Asamblea Territorial Villas Unidas de Ñuñoa.
[2] Historiador social y educador popular.
[3] Con esta categoría nos referimos a ese importante bloque de partidos políticos -desde la derecha hasta sectores del Frente Amplio- que frente al avance de la revuelta popular y el terrorismo de Estado que se desató para frenarla, en vez de apostar por la fuerza popular que se desplegaba en dicho proceso, decidieron blindar al gobierno de Sebastián PIñera firmando el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” y aprobando la agenda represiva que le siguió.
