No habían pasado ni dos semanas de la sentencia histórica que ponía fin a uno de los conflictos socioambientales más grandes, largos y bullados del país –Pascua Lama, por daños gravísimos de contaminación de aguas y afectación de la salud de la población, destrucción de glaciares y vegas altoandinas, entre otros– y la empresa ya era denunciada por las comunidades por seguir interviniendo socialmente el territorio.
Dos meses después, nos enteramos por la prensa de que Barrick estaba realizando 29 sondajes en la misma zona afectada. Según sus propias declaraciones, “En Pascua estamos trabajando para analizar las diferencias entre el modelo que hemos analizado y la geología de la zona. Para ello, hemos iniciado un proceso de perforación (…) para buscar una forma de extraer, con el menor daño ambiental y de manera rentable, el mineral de oro ubicado en esa zona de la alta cordillera” [Pulso].
En pocas palabras, son sondajes destinados a adelantar trabajos para proyectos futuros en el mismo lugar. Esta actividad es absolutamente ilegal pues no está ni autorizada ni concuerda con la clausura definitiva mandatada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y confirmada por el Primer Tribunal Ambiental, cuya ejecución está aún pendiente. Antes siquiera de hablar de nuevas intervenciones a futuro, las cuales desde ya rechazamos como comunidad, por lo menos debe materializarse el cierre ordenado por tribunales.
Esta ilegalidad en su actuar, algo a lo que Barrick está acostumbrada, se confirmó con declaraciones de la propia SMA, según las cuales “en el proceso de cierre no se contempla ningún tipo de sondaje”. De manera alarmante, la SMA transparentó además que se habría enterado de estos hechos por la prensa. Sin embargo, a la fecha su única medida ha sido pedir información a la propia empresa, desechando medidas cautelares urgentes que permitan la paralización de los sondajes mientras investiga el hecho. Por lo tanto, los sondajes llevan un avance de tres meses (de una campaña de siete meses) sin que la autoridad se haya pronunciado de alguna manera respecto de su legalidad.
Para las comunidades, se trata de una situación escandalosa que genera desconcierto, desesperanza y, como ya es frecuente, aún más descrédito de las autoridades. No obstante, el 4 de diciembre de 2020 se interpuso una denuncia ante la SMA exigiendo la paralización inmediata de los sondajes, el retiro de las máquinas y la urgente fiscalización in situ. La acusación fue acogida con fecha 7 de enero de 2021 y certificada siete días después.
Fiel a su tradición de confundir y responder con mentiras, según información provista por Barrick estos sondajes contaban con autorización de Sernageomin. Al ser requerido por la comunidad mediante solicitud de transparencia, el director de la entidad, Alejandro Cecioni Raspi, confirmó el 21 de diciembre que “este servicio nacional no tiene competencia para otorgar o aprobar proyectos a efecto de ejecutar campañas de exploración o prospección (…)” (se adjunta). Es más, el servicio incluso instó a la empresa a que cumpliera la sentencia indicando que esta está obligada a cumplir con los compromisos judiciales con otros organismos públicos o con privados, según consta en un oficio enviado a esta con fecha 5 de octubre de 2020 (Sernageomin. OF.ORD N°1818).
Todo lo anterior confirma sin lugar a dudas la ilegalidad de los sondajes y deja nuevamente al descubierto la conducta engañosa y criminal por parte de esta trasnacional que sigue vulnerando la institucionalidad ambiental y desdeñando a los servicios fiscalizadores del país.
Recientemente, las comunidades solicitamos a expertos de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares apoyo para ubicar los sondajes en la zona de intervención. El resultado ha sido alarmante: estos sondajes se están realizando en pleno ecosistema glaciar, al lado de los mismos glaciares por los que se condicionó la aprobación del proyecto Pascua Lama y se prohibió toda afectación, remoción y destrucción, cuestión que, como ya hemos dicho, no se cumplió y es una de las razones de la clausura definitiva. Es desolador constatar que se ubican a tan solo 520 metros de los Glaciares Toro1 y Toro 2, y a 1520 metros del Glaciar Estrecho, poniendo nuevamente en grave riesgo estos elementos esenciales para la vida de las cuencas y el suministro de agua de todo el Valle del Huasco.
Se trata de una situación inaceptable que vulnera el espíritu preventivo de la sanción de clausura cuyo objeto primordial es no seguir profundizando los efectos negativos de la trasnacional en esta zona totalmente afectada, protegiendo así la vida de los ecosistemas y de la población río abajo del proyecto.
En este preciso momento somos testigos de los estragos provocados por aludes en la zona central del país, también a causa de megaproyectos que intervienen la parte alta de los cauces y los ecosistemas glaciares con túneles, sondajes y mega obras de construcción. Así, se asume que es la fuerza de la naturaleza la responsable cuando en realidad se trata de la acción irrespetuosa de grandes empresas que no dudan en intervenir los ecosistemas para favorecer sus negocios sin ningún criterio más allá de la codicia y la búsqueda implacable de beneficios económicos.
Las comunidades exigimos al Estado de Chile y a todas las autoridades hacerse cargo de este nuevo crimen ambiental de manera urgente y a coordinar el actuar de sus servicios para poner fin a la impunidad con que opera esta minera. No puede ser que una trasnacional tenga mayor poder que la justicia nacional. “EXIGIMOS LA PARALIZACIÓN INMEDIATA DE LOS SONDAJES EN GLACIARES POR PARTE DE BARRICK GOLD”
ASAMBLEA POR EL AGUA DEL GUASCO ALTO
