Con anterioridad el Conservador de Bienes Raíces de Panguipulli se había negado a recibir la carta de oposición y fue una sentencia de la corte suprema la que le ordeno recibirla y suspender el procedimiento iniciado por bienes nacionales.
COMUNICADO PÚBLIO DE LA COMUNIDAD CARLOS ANTIMILLA DE COÑARIPE
El día martes 6 octubre, en horas de la mañana, la comunidad Carlos Antimilla representada por su Lonko don Pedro Antimilla, ingresó carta de oposición en el Conservador de Bienes Raíces de Panguipulli, dicho documento tiene como propósito oponerse al intento de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Región de Los Ríos, de inscribir a nombre del Fisco de Chile cien hectáreas que actualmente ocupa – sin título de dominio- la Diócesis de Villarrica.
La Comunidad Carlos Antimila junto a otra autoridades ancestrales del sector Rukakura de Coñaripe, comuna de Panguipulli, llevan adelante un juicio reivindicatorio en el Juzgado Civil de Panguipulli, en contra de la citada Diócesis, que se resiste a restituir a la comunidad las cien hectáreas amparadas por el Título de Merced N° 2429 del año 1913, y que no fueron adjudicadas en 1982 cuando se dividió en más de 400 hijuelas individuales, las originales 5.232 hectáreas amparadas por el Titulo de Merced.
En efecto, hace pocos meses la SEREMI, intentó inscribir dichas cien hectáreas, que no se encuentran inscritas en propiedad en el Conservador de Bienes Raíces de Panguipulli, a nombre del Fisco de Chile, con fundamento en el Decreto Ley 1939 del año 1977, que lo autoriza a a requerir la inscripción de las tierras ”que carecen de otro dueño”, desconociendo en esto la supervivencia del Título de Merced en aquellas cien hectáreas que no fueron precisamente adjudicadas en los años ochenta.
Cuando la comunidad demandante tomo conocimiento de esta maniobra de la Seremi de Bienes Nacionales, presentó carta de oposición en el CBR de Panguipulli, sin embargo este se negó a recibir dicha oposición, por lo que recurrieron de protección, recurso que fue inicialmente desestimado por la Corte de Apelaciones de Valdivia, sin embargo luego fue acogido por sentencia de la Corte Suprema de fecha 21 de septiembre que ordenó al Conservador de Panguipulli, recibir la oposición y enviar los antecedentes al Juzgado Civil de Panguipulli, suspendiendo de esta manera el procedimiento con que la Seremi de Bienes Nacionales pretendía inscribir a nombre del fisco las cien hectáreas.
Resulta especialmente grave que un órgano del estado contravenga de un modo tan nítido y flagrante toda la legislación indígena interna y toda aquella normativa internacional que obliga al Estado de Chile a la protección, promoción, ampliación y cautela de la tierra y territorio indígena. Esta incongruencia resulta impresentable y un atropello más del gobierno de turno a los compromisos y obligaciones que ha contraído el estado, respecto de los pueblos indígenas.
El artículo primero de la Ley Indígena 19.253 actualmente vigente, declara como deber de la sociedad y del estado: “proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, proteger su equilibrio ecológico y propender a su ampliación”, el Convenio 169 de la OIT, mandata reconocer “el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.” (14.1) y de manera explícita en el artículo 14.2. mandata a los gobiernos para tomar medidas que garanticen ”la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión“, en fin, el artículo 8 de la Declaración de la ONU, sobre Derechos de Pueblos Indígenas señala que “Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de(…) todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de sus tierras, territorios o recursos”. Toda esta normativa es desconocida y vulnerada por el propio Ministerio de Bienes Nacionales, intentando disputarle a las comunidades indígenas, cien hectáreas cuya posesión y dominio no sólo les pertenecen ancestralmente sino que el Estado de Chile les reconoció en un Título de Merced.
En la mañana del día de hoy martes seis de octubre, con la entrega de la carta de oposición que por orden de la Corte Suprema el Conservador de Bienes Raíces de Panguipulli debió recibir , se puso fin –a lo menos- al intento subrepticio de Bienes Nacionales de inscribir por la vía administrativa tierra indígena, a nombre del fisco.
