El Centro de Investigación y Defensa Sur (Cidsur) presentó una querella criminal que “establezca las responsabilidades, tanto de civiles como de funcionarios de Carabineros que presenciaron y no realizaron ningún tipo de acto para impedir lo ocurrido” la noche del sábado 1 de agosto, en la que resultaron lesionados y detenidos comuneros mapuche -incluidos menores de edad- que estaban al interior de la Municipalidad de Victoria realizando una manifestación pacífica en apoyo a los presos políticos en huelga de hambre.
A raíz de los graves ataques racistas perpetrados por civiles y Carabineros el sábado pasado en diversas municipalidades de La Araucanía, este jueves 13 de agosto en el Juzgado de Garantía de Victoria el Cidsur presentó una querella criminal contra los y las responsables de los delitos de tratos inhumanos, crueles y degradantes, desórdenes públicos, daños calificados, delito contra la salud pública, amenazas, denegación de auxilio y omisión de denuncia, tras los hechos ocurridos en el desalojo de la Municipalidad de Victoria por parte de , quienes permitieron el linchamiento público de las personas mapuche que se encontraban al interior del recinto, y que fueron los únicos detenidos de la jornada.
La noche del sábado 1° de agosto, unas 150 personas se reunieron en la Plaza de Armas de Victoria en pleno toque de queda y sin contar con salvoconducto. Entonaron arengas racistas, lanzaron piedras y palos hacia el edificio municipal donde se encontraban los comuneros mapuche y quemaron un rehue, altar ceremonial del pueblo mapuche, que estaba instalado en la plaza pública.
A las 00:30 horas de la madrugada del domingo 2 de agosto Carabineros ingresó al municipio lanzando lacrimógenas, en compañía de civiles que usaron palos y armas para amedrentar y linchar a los detenidos, quienes fueron brutalmente golpeados en presencia de la policía: “Lo que da una connotación especialmente aberrante a las lesiones sufridas por los comuneros mapuche, toda vez que se tratarían de delitos de odio”, señaló Sebastián Saavedra, abogado querellante.
“Hemos calificados los hechos como un trato cruel, inhumano y degradante. Además de los delitos de daño y desorden público, amenazas y delitos contra la salud pública dado que no hubo el distanciamiento social establecido por las autoridades sanitarias”, agregó el abogado señalando que las penas que arriesgan las personas responsables van de los 541 días hasta los 5 años. Tratándose de afectaciones a menores de edad, la pena puede llegar a los 10 años. “Se tratan de delitos gravísimos por la connotación racista que tienen”.
La querella destaca que muchos de los antecedentes acá relatados se conocieron a partir de diversas publicaciones en redes sociales, vídeos y audios de personas de la ciudad de Victoria, los cuales dan cuenta de que los hechos fueron coordinados y que señalan la “existencia de grupos que bajo lógicas racistas pretenden imponer la autotutela al margen del derecho como forma de resolver conflictos de relevancia jurídica”.
Al respecto, el miércoles 5 de agosto CIPER publicó un informe reservado de Carabineros titulado: “Grupos de agricultores organizados y potencial enfrentamiento con comuneros indígenas”, en el cual el organismo estatal da cuenta de su preocupación ante la posibilidad de que esta organización “pueda evolucionar hacia un grupo de naturaleza paramilitar”.
