La crisis pandémica ha impactado violentamente sobre las formas de vida de los pueblos indígenas en Chile y en el mundo, profundizando sus desigualdades estructurales y exponiendo la vulnerabilidad colonial a la que han estado históricamente sometidos. Las comunidades en resistencia Mapuche han enfrentado esta situación recuperando el territorio ancestral que les han despojado y denunciando que el Covid-19 es una manifestación de la nocividad capitalista sobre la naturaleza. No obstante, la respuesta racista del Estado chileno, aún durante la pandemia, ha sido reprimir, perseguir y criminalizar a todo aquel que se oponga a los intereses de las clases dominantes.
En Chile, la pandemia del Covid-19 suspendió la coyuntura política más importante desde el fin de la dictadura. A partir del 18 de octubre de 2019, millones de personas ocuparon las calles y los territorios del «oasis neoliberal» latinoamericano buscando cambiar un ordenamiento constitucional que ha perpetuado los intereses imperialistas de las clases dominantes. El «milagro chileno», como llamó el economista Milton Friedman a las reformas de liberalización económica adoptadas durante el régimen militar, no tardó en sacralizar la desigualdad social como norma divina y a las élites como sus sacerdotes. De esta manera, la crisis pandémica que azota al mundo se superpuso a la crisis del modelo neoliberal, dejando al descubierto su verdadero motor: la mercantilización total de la vida social.
En ambos escenarios, antes y durante la pandemia, la lógica de administración de la crisis operó bajo un mismo patrón punitivista y de pauperización: en el primero, con gran dolor para el campo popular, dejando miles de heridos, 32 muertos en manos de policías o militares y más de 2.500 presos políticos y, en el segundo, desprotegiendo a grandes masas de trabajadores y trabajadoras, salvando a empresas privadas con fondos públicos y sacando a las calles, nuevamente, a numerosas tropas militares para salvaguardar un inútil toque de queda nocturno. De este modo, el proceso de imbricación de la crisis del coronavirus está siendo utilizada para articular medidas de control social, políticas de precarización, y un conjunto de legislaciones en beneficio de las élites y el capital financiero.
Mapuche zomo (mujer mapuche) tocando el ñolkiñ durante las protesteas en Concepción (Chile). Foto: Pablo Hidalgo
Si bien este nuevo contexto de pandemia significó un salvavidas para el gobierno de Sebastián Piñera, que tras la rebelión de octubre se mantenía en la presidencia con tan solo un 6% de aprobación y en la mira de los organismos internacionales de Derechos Humanos, durante las últimas semanas el hambre y la falta de oportunidades económicas han obligado a las clases populares a generar alternativas para alimentarse, emergiendo instancias como las “ollas comunes”. Frente a este escenario, han vuelto a brotar manifestaciones de indignación contestataria. Todo indica que, si esta compleja situación continúa, la rebelión popular-comunitaria volverá a tomar las calles de Chile con o sin pandemia.
Sin embargo, esta superposición de crisis no afecta transversalmente a todo el país. Como siempre, es sobre los sectores populares y los pueblos indígenas donde recaen las peores consecuencias, visibilizando la acumulación histórica de desigualdades a las que han estado sometidos. Es por esto que en diversas zonas del Wallmapu (nación Mapuche), las comunidades mapuche tomaron medidas ante la aparición de la pandemia: se activaron redes de apoyo alimentario y frente a la nula reacción del gobierno, se levantaron cordones higiénicos comunitarios con el fin de restringir el tránsito de turistas y transporte mercantil por los territorios.
“Es sobre los sectores populares y los pueblos indígenas donde recaen las peores consecuencias, visibilizando la acumulación histórica de desigualdades a las que han estado sometidos.”
La pandemia exhibió también ciertas distinciones importantes entre el movimiento mapuche y el movimiento chileno, los cuales se venían “desdibujando” desde el levantamiento de octubre. Resaltar estas distinciones, sin ánimos de divisionismos esencialistas, nos permite comprender la fortaleza contenida en dos vías de lucha que, más allá de sus particularidades, identifican a un enemigo compartido. Así, sería imposible establecer que ambas colectividades, luego de la rebelión, compartieron estrategias de lucha. Aunque ejercieron prácticas conjuntas de resistencia, las cuales podríamos llamar una “rebeldía plurinacional”, estas manifestaciones no lograron desbordar el plano de lo inmediato y de lo simbólico: la presencia masiva de la wenufoye (bandera mapuche) en las marchas, la destrucción de diversas estatuas coloniales en las principales ciudades de Chile y la inestable legitimación de la violencia política en manos de la famosa “primera línea” fueron expresiones concretas de una adscripción común que no logró ni ha logrado fraguarse en una alianza de emancipación.
De esta forma, si bien en un plano estratégico algunos dirigentes mapuche reconocieron que su liberación como pueblo dependía de la liberación de los sectores chilenos oprimidos, el movimiento mapuche autonomista marcó una táctica a ritmo propio dentro de la rebelión de octubre y también dentro de la crisis pandémica. A nuestra consideración, esto obedece a una concepción diferenciada sobre las formas de entender las tramas históricas de la dominación y la emancipación que, si bien no son antagónicas, contienen matices importantes. Ejemplo de esto es cómo el pueblo mapuche, a diferencia del pueblo chileno, comprende y analiza la actual pandemia desde la integralidad de su historia de sometimiento y resistencia y no como un evento espasmódico.
La rebelión de octubre. Manifestantes en las calles de Concepción (Chile) resistiendo a las fuerzas represivas policiales. Foto: Pablo Hidalgo.
La pandemia y el kuxan (enfermedad) desde el pensamiento mapuche
El pueblo mapuche hace décadas que viene denunciando la nocividad del modelo capitalista en su modalidad neoliberal. No solo en un plano material, donde las consecuencias del despojo sobre sus tierras son alarmantes, sino también en torno a las diferentes tramas espirituales, culturales y políticas que sustentan su forma de vida y que la lógica colonial del capitalismo ha sofocado históricamente. Tales embestidas han causados múltiples transformaciones sobre el territorio y en las formas de vinculación humana que en este se desarrollan, obligando a las poblaciones locales a trastocar los ciclos productivos, a enfrentar sequías, plagas, enfermedades y otras adversidades derivadas de la expansión de los modelos forestal, energético y minero en el Wallmapu.
Además de esto, con el fin de proteger los intereses del capital, gran parte del territorio en conflicto está militarizado, ante lo cual las comunidades deben lidiar con allanamientos sistemáticos, retenes y una serie de hostigamientos recurrentes. Por lo anterior, no es extraño que desde la cosmogonía mapuche se refieran a la pandemia actual reivindicando la memoria del despojo y la violencia, la cual se remonta a otros males que aún afectan su itrofil mongen (la vida en su plenitud).
Efectivos de las fuerzas especiales de la policía chilena resguardan el ingreso de fundo forestal al sur de la provincia de Arauco. Foto: Julio Parra.
Desde el mapuche rakizuam (pensamiento mapuche), es imposible ver la pandemia actual como un fenómeno únicamente biomédico, desligado de otros factores que han perjudicado por largo tiempo a la totalidad de seres coexistentes sobre la mapu (tierra). Según el intelectual y kimche mapuche José Quidel: “El kuxan (enfermedad) es una entidad viva que tiene diversos orígenes y que en algún momento logra penetrar en algunas de las dimensiones del che (persona); puede ser en su püjü (espíritu), en su rakizuam (pensamiento), en ragi chegen (lo social) o en su kalül (cuerpo biológico) y desde allí se nutre, se fortalece”. Si no es tratado, con el tiempo este kuxan va apoderándose del entramado donde se introdujo, provocando daños y trastornos que llegan a ser irremediables. Tal es el motivo de que muchas comunidades comprendan y expliquen sus problemas individuales y comunitarios atendiendo las inestabilidades que un kuxan puede provocar en lo social.
“El pueblo mapuche entiende al Covid-19 como un kuxan que enraíza su naturaleza multidimensional en el resultado nocivo de una serie de procesos ejecutados por dispositivos capitalistas y coloniales sobre cuerpos, territorios, recursos y espiritualidades.”
Bajo esta concepción, la cual reta al paradigma biomédico hegemónico, el pueblo mapuche entiende al Covid-19 como un kuxan que enraíza su naturaleza multidimensional en el resultado nocivo de una serie de procesos ejecutados por dispositivos capitalistas y coloniales sobre cuerpos, territorios, recursos y espiritualidades de gente mapuche y no mapuche en términos de larga duración. Es decir, la aparición de esta enfermedad, que ha expuesto mundialmente los límites de la administración neoliberal de la vida, no es producto de un “acontecimiento” aislado, sino de la nociva condensación contemporánea con que se ha desarrollado históricamente el sistema de dominación sobre el Wallmapu.
Por lo anterior, desde este plano histórico e interdependiente derivado del mapuche rakizuam, podríamos sostener que el ascenso de las recuperaciones territoriales mapuche durante los últimos años se debe a la necesidad de buscar alternativas de vida frente a estas múltiples crisis que socavaron sus posibilidades de reproducción comunitaria, hoy nuevamente amenazadas por el Covid-19.
El Lov Elicura como experiencia antagonista a los kuxanes históricos
La madrugada del 29 de enero, más de un centenar de efectivos policiales allanaron violentamente cinco viviendas en el Valle de Elicura, ubicado en el Lavkenmapu (territorio costero de la nación mapuche). Entre golpes, forcejeos y múltiples vulneraciones a sus familias, se llevaron en calidad de detenidos a Matías Leviqueo, Eliseo Reiman, Guillermo Camus, Esteban Huichacura, Carlos Huichacura y Manuel Huichacura. Bajo la presunta participación en la muerte de un vecino de la zona, aquella misma tarde todos los imputados pasaron a control de detención y quedaron en prisión preventiva. En la audiencia de formalización se pudo constatar que las únicas pruebas en contra de los comuneros fueron declaraciones brindadas por testigos protegidos que, además de ser contradictorias entre sí, no lograron establecer indicio alguno que vinculara a los imputados con el supuesto delito. Ignorando estos vacíos jurídicos, los comuneros de Elicura fueron trasladados a la cárcel de Lebu (poblado cercano), iniciando así su prisión política que se extiende hasta la actual crisis pandémica.
Lamentablemente, tal ejercicio de criminalización no es ninguna novedad en el Lavkenmapu. Frente al ascenso de las recuperaciones territoriales o Lov (forma histórica y tradicional de organización mapuche) durante los últimos años, el Estado, las forestales y los latifundistas de la región han utilizado diversos mecanismos de coerción (como montajes o juicios viciados) para proteger las tierras mapuche que usurparon y los intereses económicos que materializaron sobre estas, aprovechándose de las desigualdades y vulneraciones que ellos mismos crearon a costa de la división comunitaria, el empobrecimiento familiar y la escasa generación de opciones laborales superexplotadas. Este conjunto de prácticas, constituyen expresiones concretas de violencia estructural que permiten fluir los distintos kuxanes sobre el territorio.
Recuperación territorial del Lov Pichillenquehue, Lavkenmapu. Foto: Edgars Martínez Navarrete.
Los presos políticos de Elicura son consecuencia de esta historia. Particularmente aquellos integrantes del Lov Elicura, experiencia lavkenche de resistencia que recuperó hace dos años el ex fundo Las Vertientes, hasta ese entonces en manos de los grandes latifundistas del sector: la familia Rivas. Este clan familiar se instaló junto a otros grupos de colonos a finales del siglo XIX en la ribera del Lago Lanalhue, cuerpo de agua sagrado en la cosmogonía mapuche, y desde entonces gran parte de sus herederos han sido responsables y cómplices de una serie de despojos sobre el Valle de Elicura, sometiendo racialmente a su población y mercantilizando de manera sistemática sus recursos naturales.
Comenzando el siglo pasado, se inicia un proceso de concentración de la tierra profundamente desigual para las poblaciones locales. Si bien existieron avances sustantivos a favor de las comunidades durante los ciclos de Reforma Agraria (1962-1973), estos fueron severamente interrumpidos con el golpe de estado, evento aprovechado por muchas familias adineradas de la zona, entre ellas los Rivas, para ampliar sus deslindes territoriales adquiriendo predios y parcelas bajo métodos ilegales o a precios ridículamente bajos. A través de la contrareforma agraria en el Valle de Elicura, a las porciones de tierra que no continuaban en manos latifundistas, el Estado terminó de fragmentarlas mediante dos vías principales. Por un lado, las superficies emplazadas en zonas boscosas fueron adquiridas por empresarios forestales a través de dudosos remates, lo cual les permitió una rápida expansión del monocultivo de pino y eucalipto apoyada con generosas dádivas estatales. Por otro lado, las hectáreas más amplias de valle fértil se entregaron a parceleros chilenos, arrinconando a las familias mapuche a pequeños predios en los cuales les era imposible realizar sus actividades de subsistencia, mutilando sus dinámicas productivas, acosando sus prácticas culturales y obligándoles a vivir en dependencia de la patronal.
Protestas en Renaico (Chile) durante la rebelión comunitaria popular del 2019. Presencia de la bandera Mapuche. Foto: Colectivo Social Salvemos al Río Renaico.
Don Miguel Leviqueo Catrileo, habitante de Elicura, expresa: “Siempre los mapuche vivimos en pequeños predios de tierra mientras los ricos se hacían sus casas en lo alto, en tremendas parcelas, de ahí nos miraban como sembrábamos lo poco para vivir”. Estos procesos dirigidos a la desarticulación de las comunidades lavkenche, continuaron bajo otras modalidades una vez acabada la dictadura. Los Rivas, como “dueños” del Valle, se llenaron los bolsillos a costa del negocio forestal y constituyeron alianzas con el gran capital maderero, expandiendo en conjunto las plantaciones de monocultivo que para ese entonces ya rodeaban al Valle de Elicura. Pese a las conquistas políticas que el movimiento mapuche logró establecer durante el periodo neoliberal y a ciertas aperturas legales que permitieron su presencia en restringidos espacios democráticos, la lógica multicultural del capitalismo en la transición perpetuó el despojo en todo el Wallmapu.
En este contexto, las profundas condiciones de desigualdad en que vivían las familias lavkenche del Valle nuevamente se agudizaron con el arribo de distintas transnacionales a comienzos del presente siglo. Primero, arremetieron algunas compañías menores de extracción de áridos sobre los ríos Calebu y Elicura, principales arterias hídricas del territorio que alimentan el Lago Lanalhue, causando daños irreparables en estos. Posteriormente, desde el año 2016, con la aprobación para construir la central hidroeléctrica “Gustavito” de la corporación energética española Hidrowatt, que a la vez pertenece al grupo empresarial Impulso, se evidenciaron los planes de levantar otras dos hidroeléctricas en el Valle por parte de este conglomerado económico. Frente a tal situación, la cual comenzaba a despertar sospechas e indignaciones, el lonko Miguel Leviqueo indicó: “No nos benefician en nada, solo nos traen destrucción”.
Integrantes del Movimiento en Defensa de los Ríos del Valle de Elicura toman la carretera P-60 que une Contulmo y Cañete. Foto: Carla Leviqueo Raiman.
Tales amenazas se convirtieron prontamente en enemigos comunes para una población local profundamente fragmentada y desunida producto de las múltiples violencias y racismos a las cuales había sido sometida por largo tiempo. La inminente llegada de las hidroeléctricas al territorio significó un encuentro colectivo frente a las injusticias presentes y pasadas, una indignación común que quedó plasmada en las palabras de Pamela Rayman, integrante del Lov Elicura: “Ya estamos plagados de forestales. Con Hidrowatt no será lo mismo”. Durante ese año nace el Movimiento en Defensa de los Ríos del Valle de Elicura, organización conformada por gente mapuche y no mapuche que llevó adelante una serie de acciones para frenar la instalación de estos megaproyectos, alcanzando su apogeo en julio de 2016 con la toma de la carretera P-60-R que une Cañete y Contulmo, dos de los principales centros urbanos de la zona. Si bien este movimiento sembró las primeras semillas de antagonismo colectivo en el Valle luego de largos años de letargo, el desgaste de la lucha jurídica, las fricciones intrínsecas de cualquier organización y algunos conformismos ante ciertos avances en la lucha terminaron por disolverlo.
Pero la resistencia en el Valle de Elicura no concluyó con el movimiento. La juventud elikurache (adscripción territorial local), nacida y crecida entre pinos y latifundistas no se conformó con estas pequeñas victorias y afirmados en su derecho a la autodeterminación decidieron avanzar en la reconstitución territorial y cultural del Valle: el único camino posible para desgarrar la historia de sometimiento que pesaba sobre sus hombros. De esta manera, el 21 de enero del 2019 un grupo entró a recuperar el Fundo Las Vertientes, perteneciente hasta ese entonces a un heredero de la familia Rivas, naciendo así el Lov Elicura y constituyéndose como una experiencia de resistencia que ha significado un obstáculo concreto al avance del despojo en el Lavkenmapu. Desde entonces, las estructuras chilenas de dominación han desplegado sobre este Lov diversos mecanismos de represión, intentando desarticular las actividades que sustentan su entramado comunitario y con las cuales se posibilita la concientización de aquella gente que aún no se atreve a enfrentarlas. El allanamiento ocurrido a finales de enero y la subsecuente prisión política que viven los integrantes de este proceso deben verse como una acción más de esta estrategia de persecución y hostigamiento.
Comuneros mapuche realizan malon wiño (ritual de arenga) frente a la cárcel de Lebu en apoyo a presos políticos de Elicura. Foto: Julio Parra.
La prisión política mapuche en tiempos de crisis pandémica
“Estamos en tiempos de lucha, pero también de resistencia. Debemos apoyarnos como hermanos y hermanas en cualquier territorio y alzar la voz ante las amenazas de cualquier tipo. Dejar la pasividad y pasar a la acción. Esta huelga es eso, es un paso hacia la movilización dado que es preferible morir luchando que de rodillas ante un sistema opresor que a través del miedo a un virus somete implacablemente”, señala el Machi Celestino Córdova desde su huelga de hambre en la cárcel de Temuco.
El 11 de febrero de 2020 se reunieron fuera de la cárcel de Lebu distintos Lov y comunidades en resistencia del Lavkenmapu y otros territorios con la finalidad de apoyar a los presos políticos de Elicura que ya cumplían una decena de días tras las rejas. Mediante un comunicado que logró salir a la luz pública agradecieron a todas las personas que aquel día les acompañaron en la realización de un nguillanmawün, ceremonia mapuche dirigida a brindarles newen (fuerza) y a pedir justicia ante el proceso que los mantiene privados de su libertad. Además, reiteraron su apoyo a todos los presos políticos mapuche y no mapuche recluidos en distintas cárceles de Chile. Hasta la fecha, son más de 30 mapuche que se encuentran en prisión preventiva, o cumpliendo condenas por distintas causas, obligados a vivir la pandemia en drásticas condiciones higiénicas propias del confinamiento. Tal situación, además de vulnerar sus Derechos Humanos, viola los principios de la medicina mapuche que establecen una vinculación estrecha entre el che (persona) y las diferentes actividades desarrolladas en su mapu (territorio). Asimismo, ante el recrudecimiento del punitivismo estatal, dentro de los centros penitenciarios han proliferado algunas zonas grises que son aprovechadas por el personal de gendarmería para ejercer distintas formas de violencia racista contra la población mapuche.
Frente a estas claras desventajas que viven los presos políticos mapuche ante la justicia chilena, desde el lunes 4 de mayo muchos de ellos recluidos en Temuco y Angol tomaron la drástica decisión de iniciar o retomar la huelga de hambre como medida de presión ante el sistema ejecutivo y judicial. Con esta nociva determinación, que se prolonga hasta la actualidad, exigen al gobierno acogerse al convenio 169 de la OIT y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los cuales indican la opción de cambiar las medidas cautelares en estos contextos de crisis. Asimismo, demandaron la devolución del territorio ancestral usurpado, el abandono de las empresas transnacionales responsables del desequilibrio en la vida mapuche y la desmilitarización del Wallmapu. Por último, hicieron un llamado de movilización a todas las expresiones de resistencia que luchan día a día por la liberación nacional de su pueblo.
“Demandaron la devolución del territorio ancestral usurpado, el abandono de las empresas transnacionales responsables del desequilibrio en la vida mapuche y la desmilitarización del Wallmapu.”
Sin embargo, de manera irrisoria e indiferente ante las demandas de los presos políticos mapuche, la respuesta del sistema judicial chileno fue otorgar el cambio de medida cautelar al policía responsable de la muerte de Camilo Catrillanca en noviembre del 2018, permitiéndole pasar su proceso jurídico con arresto domiciliario ante la amenaza que el Covid-19 representaba para su vida. A contracorriente, la justicia ha negado sistemáticamente cambiar las medidas cautelares de los imputados mapuche fruto del conflicto territorial existente en Wallmapu. La criminalización en tiempos de pandemia, el carácter racista de la justicia y la indiferencia del gobierno de recoger las demandas de los presos políticos mapuche en huelga de hambre han generado un aumento progresivo de las acciones de resistencia en las zonas de Arauco y Malleco: epicentro del conflicto territorial que mantiene el estado, empresas forestales y latifundistas con las comunidades y lov mapuche en resistencia. De esta manera, se ha presenciado una continuidad en las recuperaciones territoriales y de las múltiples formas de protesta que impulsa el movimiento mapuche contemporáneo.
Si bien la prisión política en Chile afecta de manera transversal a los sectores comunitarios y populares que han decidido luchar por una sociedad distinta, el sesgo racista y colonial con que opera el sistema judicial bajo los intereses económico-políticos del Estado, vulneran de forma particular y situada al ser mapuche. De este modo, la cárcel y la persecución política constituyen mecanismos de sometimiento contra aquellas experiencias como el Lov Elicura que han construido, metro a metro, alternativas emancipatorias de vida frente los verdaderos kuxan que azotan al mundo: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado.
Edgars Martínez Navarrete, Natasha Olivera y Julio Parra son integrantes del medio de prensa mapuche Aukin. Edgars Martínez, además, es doctorando en CIESAS–CDMX. Este artículo es en memoria de Miguel Leviqueo Catrileo, de las y los integrantes del Lov Elicura y de todas y todos los presos políticos en Chile.
Publicado en Debates Indígenas
