Tal como ha sido la tónica frente a la resistencia de los pueblos indígenas y a la revuelta popular de octubre, la cual tuvo a Piñera en la mira de los órganos internacionales como artífice de una crisis de Derechos Humanos, somos testigos de cómo el gobierno está próximo a mancharse las manos nuevamente con sangre mapuche.
Texto: Edgars Martínez Navarrete Fotografías: Julio Parra
No todos los presos en Chile valen lo mismo. Mientras a un tercio de la población penal del país (13.321 reclusos de un total de 39.677) les fue concedida la modificación de la modalidad cautelar o de cumplimiento de condena, logrando salir a la calle por decreto judicial desde el 18 de marzo del presente año, el Estado ha decidido mantener encarcelados a los más de 30 presos políticos mapuche en distintos centros penitenciarios. Algunos de estos, en medio de la crisis pandémica, ya llevan tres meses en huelga de hambre. Como si fuera poco, unos de los beneficiados con esta medida fue Carlos Alarcón Molina, policía que se encontraba en prisión preventiva acusado del asesinato de Camilo Catrillanca en noviembre de 2018.
El gobierno de Sebastián Piñera ha sido indiferente a las demandas de los presos mapuche en huelga de hambre. Pese a que las peticiones de estos últimos son la articulación de una mesa de negociación con el ministro de justicia y la reglamentación del Convenio 169 de la OIT con referencia a la prisión indígena, es decir, cuestiones estipuladas en el marco básico de la ley, el gabinete ha preferido hacer oídos sordos y agravar el estado de salud de los comuneros en las cárceles chilenas.
Además de una excesiva pérdida de peso debido a la huelga de hambre, los presos mapuche están extremadamente expuestos a contagiarse de COVID-19 ante el debilitamiento que ha sufrido su sistema inmune. Alejados de sus territorios e impedidos de ser visitados por sus autoridades culturales, el estado de salud de los huelguistas corre un inminente riesgo vital. Un caso extremo de esto es del machi (autoridad espiritual mapuche) Celestino Córdova, al cual se le ha prohibido volver a su espacio sagrado (Rewe) para renovar las fuerzas espirituales propias que necesita una autoridad como él.
Junto con tal indiferencia, a la vez, otra de las estrategias de fragmentación que el gobierno ha ejercido para debilitar el movimiento de apoyo a los presos son los traslados arbitrarios que pretenden derivar a ciertos imputados a centros penitenciarios alejados de sus territorios de origen. La prisión preventiva que cumple Tomás Antihuen Santi en Concepción, a más de 150 km de su hogar, y la amenaza de trasladar a los 11 presos mapuche de Lebu a Concepción (misma distancia) es una muestra concreta de esta práctica divisoria ya que las familias y las comunidades son los principales soportes espirituales, morales y materiales de los huelguistas.
No obstante, frente a tal situación los presos mapuche y sus familias no están solos. En medio de la crisis pandémica actual, durante las últimas semanas se han multiplicado por todo el territorio nacional distintas acciones de respaldo a sus demandas. Tomas de carretera, manifestaciones en las principales ciudades del país, la multiplicación de acciones de sabotaje al capital forestal y la ocupación de distintas instalaciones gubernamentales y regionales en el sur de Chile han sido parte del repertorio de protesta articulado por comunidades y organizaciones mapuche que insisten en que el gobierno debe abrir una vía democrática de comunicación para resolver las demandas de los huelguistas. En estas acciones mujeres y niñas/os mapuche han sido fuertemente reprimidas por parte de la policía chilena, pasando incluso días enteros retenidas en diversos centros penitenciarios.
Pero no tan sólo la policía o los militares, que siguen desplegados en el Wallmapu supuestamente por la “crisis pandémica”, se han encargado de reprimir al movimiento de apoyo a los presos. Ante la ocupación que hicieron comunidades y lov mapuche a las municipalidades de Curacautín, Victoria, Ercilla, Traiguén y Collipulli en la IX región como medida de presión durante la noche del primero de agosto del presente año, decenas de personas convocadas por terratenientes y dirigentes de los sectores forestales y agroexportadores de la zona golpearon a las familias, quemaron sus vehículos y, en complicidad con la policía, desalojaron agresivamente las instalaciones. Para coronar, destruyeron espacios sagrados que las comunidades mapuche mantenían en las ciudades para reunirse y realizar diversas actividades. De manera evidente, estos niveles de violencia no fueron criminalizados por el gobierno con la misma mano dura con que se trata al mapuche o al pobre. Incluso, tales actos se justificaron mediáticamente por la derecha nacional y los grupos cómplices del neoliberalismo, quedando hasta el momento impunes ante la justicia.
Los responsables políticos de tal escenario y quienes reditúan de estos actos racistas no son precisamente sus ejecutores inmediatos, quienes actúan como cómplices conscientes de la violencia patronal, sino las élites económicas y supremacistas blancas que han mantenido la acumulación de capital, la explotación y el despojo con base en un sistema colonial que históricamente ha socavado las condiciones de vida tanto del pueblo mapuche como de los sectores populares chilenos, acrecentando jerarquías raciales, violencias entre oprimidos y enfrentando a sectores con base en imaginarios eurocéntricos. Una contienda entre pobres, encubierta como “étnica”, que beneficia a los poderosos.
No es menor que tales niveles de violencia se hayan producido días después de la visita del Ministro del Interior Víctor Pérez Varela a la zona, viaje en el cual, además de perfilar las nuevas medidas de contrainsurgencia y represión contra el movimiento mapuche, brindó su respaldo a distintos gremios económicos de la región. Fueron precisamente sectores organizados de estos gremios, famosos por su política anti-mapuche y de ultraderecha como la Asociación de Agricultores de Malleco o la Agrupación Paz y Reconciliación en la Araucanía – APRA- quienes, según audios filtrados en redes sociales, convocaron a civiles a reunirse la noche del primero de agosto para linchar a las familias mapuche que mantenían tomadas las municipales de la Araucanía.
Pese a este contexto de violencia, que muestra la profundidad real del problema en el sur del continente, se ha demostrado a nivel mundial el respaldo que tienen las justas peticiones de los presos políticos mapuche. Las distintas redes de solidaridad nacional e internacional han enviado mensajes de apoyo a estos y a sus familias, exigiendo al Estado de Chile la implementación de lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT y exponiendo el peligro que corren los comuneros al estar presos en adversas condiciones de hacinamiento. A través del medio de comunicación mapuche AUKIN, se han concentrado y reproducido decenas de comunicados y videos enviados desde diversas partes del mundo, entre los cuales figuran mensajes del Congreso Nacional Indígena (México), del municipio autónomo de Cherán (México), de la Ongi Etorri Errefuxiatuak Araba (País Vasco), del pueblo Nasa (Colombia), de organizaciones populares en Argentina, Italia y Chile, del movimiento internacional de solidaridad con Kurdistán y de colectivos feministas comunitarios de Bolivia, junto a muchos otros.
Cada hora que pasa es fatal para el estado de salud de los presos políticos mapuche. A casi tres meses del inicio de la huelga de hambre, la indolencia de Sebastián Piñera demuestra el carácter racista y represivo del Estado chileno. Tal como ha sido la tónica frente a la resistencia de los pueblos indígenas y a la revuelta popular de octubre, la cual tuvo a Piñera en la mira de los órganos internacionales como artífice de una crisis de Derechos Humanos, somos testigos de cómo el gobierno está próximo a mancharse las manos nuevamente con sangre mapuche.
