Los prisioneros políticos exigen su libertad aduciendo la grave situación de habitabilidad en los penales y el inminente riesgo de contagio al interior de ellas. Esta demanda es en función de las recomendaciones realizadas a nivel internacional, incluso por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. La situación peculiar es que el gobierno chileno ha otorgado libertad a varios prisioneros de delitos comunes, pero este beneficio no se le ha sido otorgado a ningún prisionero mapuche.
Lo más escandaloso es que dos asesinos de comuneros mapuche, el carabinero que disparo al peñi Camilo Catrillanca y el policía que mató al weichafe Alex Lemun, fueron liberados por el gobierno. Además, los policías involucrados en la operación Huracán también recibieron beneficios que implicaron su salida de prisión.
Temuco, 17 de julio de 2020. (Observatorio.cl)– Una comunicación especial haciendo un llamado urgente al Relator Especial de pueblos indígenas de Naciones Unidas, Francisco Cali, realizaron la Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de la Araucanía en conjunto con el Observatorio Ciudadano, pidiendo su intervención ante la huelga de hambre que por más de 70 días mantienen nueve presos políticos mapuche recluidos en cárceles de Temuco y Ángol, a los que se sumaron el pasado 06 de julio otros 11 presos mapuche de la cárcel de Lebu.
En la comunicación, solicitan específicamente, que intervenga “frente al Estado de Chile, en búsqueda de resolver las peticiones planteadas por las personas privadas de libertad en huelga de hambre a través de un diálogo directo entre las autoridades de Gobierno, los huelguistas y sus vocerías, buscando acuerdos que permitan salvaguardar sus vidas e instando al Estado de Chile a respetar los Instrumentos Internacionales de derechos humanos de los cuales es parte nuestro país, principalmente en lo relativo a la necesidad de modificar el citado Reglamento 518 para adecuarlo a los estándares internacionales y en el cambio de medidas de cumplimiento penitenciario acorde a sus realidades culturales”.
Junto con dar cuenta de la delicada condición de salud de los huelguistas, que han perdido en promedio 20 kilos de peso y que ya han comenzado a presentar síntomas como cefalea, náuseas, vómitos recurrentes, intolerancia a los líquidos, calambres e insomnio, acreditadas en las diversas certificaciones acompañadas, informan sobre las demandas planteadas por los huelguistas, para que en el contexto de pandemia y respondiendo a los pronunciamientos que han formulado organismos internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se realice un cambio de sus medidas cautelares y la forma de cumplimiento sus condenas, para que ésta pueda cumplidas en sus comunidades y de acuerdo a sus condiciones culturales, como establece el Convenio 169 de la OIT. Lo que hasta ahora les ha sido denegado.
Este situación contrasta “con el trato que han tenido los Tribunales de Justicia y el Sistema Penitenciario en los casos vinculados con funcionarios policiales que han cometido delitos en contra de personas mapuche, todos los cuales actualmente se encuentran con medidas de privación de libertad fuera de centros penitenciaros”, alegan en la comunicación. Por lo que esto constituye además “un trato discriminatorio que se da a las personas mapuche privadas de libertad en comparación con otros sectores de la población”, agregan.
Finalmente, en cuanto a la Reglamento 518 del Ministerio de Justicia del año 1998 sobre Establecimiento Penitenciarios, argumentan que este “no reconoce las particularidades culturales de las personas privadas de libertad pertenecientes a pueblos indígenas, distando sus condiciones penitenciarias enormemente de los estándares internacionales de derechos humanos, además no permitiéndose el pleno ejercicio de sus prácticas culturales, razones por las cuales esta normativa debe ser mejorada de forma urgente a fin de que se resguarden de manera efectiva sus derechos humanos y dar cumplimiento por parte del Estado de Chile a sus compromisos internacionales”.
Frente a este llamamiento urgente y el delicado estado de salud de los preso, el codirector del Observatorio Ciudadano, Hernando Silva, señaló “la situación de salud de los huelguistas es muy grave, por lo cual urge que es Estado – Gobierno, Poder Judicial, y Legislativo – atiendan a sus legítimas demandas accedan a éstas, las cuales se emparan en el derecho internacional y en las medidas requeridas en el contexto de pandemia”.
“Esperamos que las gestiones del Relator Especial sirvan para que el Estado de Chile se dé cuenta que es necesario terminar con el trato discriminatorio del sistema penitenciario en contra de las personas mapuche privadas de libertad, tanto en permitir ejercicio de sus prácticas culturales, como en las ponderaciones necesarias para permitir su cumplimiento penitenciario en lugares distintos a la cárcel, como sí ocurre con los funcionarios policiales que han cometido graves delitos en contra de personas mapuche como en los casos Huracán, Catrillanca y Lemún”, agregó.
Los presos actualmente en huelga de hambre son los siguientes: Centro Penitenciario de Angol; Sergio Levinao Levinao, Víctor Llanquileo Pilquimán, Juan Queipul Millanao, Juan Calbucoy Montanares, Freddy Marileo Marileo, Danilo Nahuelpi Millanao, Reinaldo Penchulef Sepúlveda y Hantu Llanca Quidel. Centro Penitenciario de Temuco; Machi Celestino Córdova Tránsito (autoridad espiritual tradicional del pueblo mapuche). Centro Penitenciario de Lubu; Eliseo Raiman Coliman, Matías Leviqueo Concha, Carlos Huichacura Leviqueo, Manuel Huichacura Leviqueo, Esteban Huichacura Leviqueo, Guillermo Camus Jara, Cesar Millanao Millanao, Orlando Saez Ancalao, Damian Saez Saez, Robinson Parra Saez y Oscar Pilquiman Pilquiman.
