El exmilitar fue denunciado en noviembre por organizaciones no gubernamentales ante el Tribunal Penal Internacional por el descuido con el que trata a los nativos.
La pasada semana siete frentes parlamentarios de Brasil calificaron de política genocida del gobierno de Bolsonaro el veto a partes de una ley para brindar acceso de servicios básicos, médicos y económicos a las comunidades indígenas ante la pandemia de Covid-19.
Aprobado por el Congreso, el texto establece que los pueblos tradicionales, indígenas y quilombos (comunidades afrobrasileños) deben ser considerados ‘grupos en situación de extrema vulnerabilidad’.
Sin embargo, el excapitán del Ejército para defender sus 16 vetos argumentó que los beneficios incluidos por los legisladores generaban gastos adicionales y eran ‘contrarios al interés público’.
Ante este escenario, varios frentes parlamentarios, relacionados con la defensa de las comunidades originarias y la educación, denunciaron que los impedimentos del gobernante constituyen una ‘nueva demostración de falta de respeto e irresponsabilidad hacia el pueblo brasileño’.
Para los congresistas, los ‘vetos niegan derechos y garantías fundamentales para la vida de los pueblos tradicionales, como el acceso al agua potable, a las camas de la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), los productos de higiene y la distribución de alimentos’.
Al respecto, el Instituto Socioambiental también calificó de criminales los vetos presidenciales.
Hasta el momento, la Articulación de Pueblos Indígenas registra 12 mil 48 contagios y 445 víctimas mortales de la Covid-19 en ciudades y regiones no urbanas del gigante suramericano.
Según el último censo nacional, unos 900 mil brasileños se reconocen como indígenas. Sin embargo, en las últimas décadas, los expertos aseguran que aumentó este número. Se trata de familias mixtas expulsadas de sus territorios a lo largo del tiempo y que ahora buscan recuperar su identidad colectiva.
