Las mujeres trabajadoras del campo y del mar denunciamos el manejo del gobierno de Piñera respecto de la crisis social y sanitaria provocada por el COVID-19. Es posible advertir, sin mayor esfuerzo, que amparados en la Constitución neoliberal del 80, este gobierno no ha hecho sino privilegiar la economía de los grandes empresarios antes que la salud y bienestar de la población.
Nuestro pueblo, azotado por el hambre, las muertes y la avaricia de las empresas que obligan a los trabajadores a seguir trabajando, se las arreglado mediante organización popular y resistencia. Nuestra organización, con esta coyuntura, ha iniciado una reflexión en torno a los siguientes ejes:
1. Necesidad del fortalecimiento de los derechos colectivos: la pandemia nos en rostro la debilidad sindical chilena por lo que es necesario avanzar para revertirlas. Hoy nos encontramos con muchos sindicatos, atomizados, pequeños con escaso poder de negociación porque la ley les impone negociar solo a nivel de empresa, sin posibilidad de articulación nacional o sectorial. Desde nuestra perspectiva, las y los trabajadores deben promover, en el contexto constituyente la consagración del derecho a negociación colectiva por rama económica, es decir, que todos los trabajadores de un mismo rubro económico negocien juntos, nacionalmente, para de esta manera asegurar que las remuneraciones y condiciones de salud, higiene y seguridad, sean igualitarias, sin importar el tamaño específico del sindicato en cuestión. Para el mundo de la agro industria, este es el único camino para poder enfrentar las condiciones de explotación y abuso a la que nos enfrentamos a diario.
2. Amenazas a la soberanía política y alimentaria: la reforma constitucional que habilitó el plebiscito constituyente introdujo una peligrosa disposición que se señala que el contenido de la Nueva Constitución no puede contradecir los tratados internacionales comerciales suscritos por Chile. Nos parece que esto es una amenaza a la soberanía política porque limita el campo de acción de quienes están llamados a escribir un nuevo texto constitucional. Para nuestro sector, en particular, es preocupante porque con esta disposición no podremos poner cortapisas al modelo extractivista conforme está regulado en numerosos tratados de libre comercio. Lo que es más grave, de aprobarse el TPP-11 en el Congreso, antes de que se conforme la convención, podríamos estar atado de manos para consagrar derechos como la soberanía alimentaria o el derecho al agua puesto que irían en contravención a dicho tratado. Lo señalado es grave y nos obliga a promover e intervenir, en tanto trabajadoras y trabajadores, como clase organizada en el proceso constituyente, siendo ésta la única garantía para que la Convención Constitucional se declare soberana y por primera vez en mucho tiempo, la soberanía popular pase encima de los poderes económicos multinacionales.
3. Redes solidarias de abastecimiento: Frente a la crisis y ante la pésima gestión del gobierno para dar respuesta a las demandas de hambre en distintos sectores, han resurgido instancias de organización y solidaridad ya históricas como las ollas comunes y se han fortalecido otras, que apuntan a construir otras sistemas económicos como las redes de abastecimiento populares, que impulsan y promueven otras formas de relacionarnos entre seres humanos y con la naturaleza, que apuntan a una economía del comercio justo, local con un enfoque en la soberanía alimentaria. Hemos sido testigos de como campesinas/os y trabajadores/as del mar han entregado grandes cantidades de alimentos a ollas comunes de centros urbanos, una prueba más de que para asegurar nuestra alimentación es imprescindible su trabajo.
4. Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR): En medio de la pandemia se oficializa esta política, impulsada desde hace meses por el empresariado agrícola que busca mayores garantías legales (aún más) para continuar depredando los territorios rurales. La sequía acentuada en gran parte del territorio nacional y la devastación del suelo, aire y de las aguas así como la pérdida de fauna y flora nativa demuestran que el modelo de desarrollo impuesto, el extractivista, sólo genera riquezas para la clase dominante y pobreza para los habitantes y para el ecosistema de los territorios explotados. Esta política fomenta el modelo agroexportador, relegando a la agricultura familiar campesina, quienes alimentan al país con sus producciones. El deterioro de la agricultura familiar campesina, a su turno, obliga a incorporarse al mercado laboral formal de la agroindustria en donde campea el abuso y la explotación laboral a la vez que se obstruye y dificulta la organización colectiva de los trabajadores para poder hacer frente a dicha desigualdad.
5. Decreto del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) para derogar la resolución n°1523: aprovechando la pandemia y casi solapadamente, el gobierno a través del SAG, pretende relajar las normas respecto de la producción transgénica en el país. De esta manera, sin consulta democrática ni a los actores sociales interesados ni al mismo Congreso Nacional, se anunció la promulgación de un decreto que habilita la producción y comercialización de cultivos transgénicos en el mercado interno, cuestión que hasta ahora, estaba limitada por la Resolución 1523 del SAG. Lo grave de esta situación es que evidencia el comportamiento autoritario de este gobierno, pauteado por los grandes consorcios de la agroindustria que, en desmedro de la salud y calidad de la alimentación de la población, opta por irrespetar el Convenio 169 OIT (que obliga a consultar a las comunidades) para dar cumplimiento cabal a los tratados internacionales comerciales. Lo anterior, vuelve a poner en el centro el debate de la soberanía política y alimentaria toda vez que solo a través de ella podemos avanzar hacia un modelo agro-ecológico, respetuoso de la agricultura familiar campesina y propensa a equilibrar la relación de los seres humanos con la naturaleza. Como organización, nuestro llamado es afiliarse, organizarse, reflexionar y luchar. Para poder hacer frente al modelo neoliberal, extractivista y patriarcal no hay otro camino que no sea la acción colectiva de las trabajadoras.
SINDICATO NACIONAL DE ASALARIADAS AGRÍCOLAS Y TRABAJADORAS DEL MAR ANAMURI CHILE
