ASODEPLU. Asamblea Originaria por la Descolonización y la Plurinacionalidad ha iniciado una campaña como petición para exigir al estado chileno y en particular al Presidente de la República, una política especial para pueblos originarios para enfrentar la crisis sanitaria por pandemia covid 19, indicando que han sido invisibilizados y que en vez de protegerles, «el estado les ha amenaza con acciones y omisiones inexcusables».
Entre los puntos críticos, señalan que No hay datos estadísticos sobre el contagio de Covid – 19 y pueblos originarios. También, que en las actuales políticas aplicadas, No hay pertinencia cultural en las medidas aplicadas, en vulneración de leyes y reglamentos sobre la política de medicina intercultural. A su vez, que no hay diálogo con las autoridades tradicionales verdaderamente representativas de los pueblos originarios
Otro punto crítico que mencionan: «Las grandes empresas extractivas no han paralizado sus actividades, provocando contagios masivos (como la minería en Calama y Tarapacá, hidroeléctricas y forestal en territorio mapuche, y la salmonicultura en Puerto Natales, entre otras actividades y territorios), pese a que no son esenciales».
Denuncian que «La presentación de proyectos para evaluación ambiental ha aumentado entre marzo y mayo de 2020, al doble, comparado con el mismo periodo el año pasado, y los recursos invertidos en ello han aumentado un 500%, lo que nos obliga a la defensa de nuestros territorios y nos distrae de los esfuerzos por sobrevivir a la pandemia», agregando en otro punto que se continúan las consultas indígenas de proyectos empresariales específicos, incluso se ha ofrecido hacerlas vía web, ignorando la brecha digital, lejanía y factores culturales.
Otros puntos son referidos a diversas malas prácticas y actos de mala fe: «Se ha presionado VÍA TELEFÓNICA a las comunidades para aprobar cambios reglamentarios, como la reforma del artículo 85 del Reglamento ambiental (sobre consulta), y la Guía de Proyectos de Energía». Agrega: «Se continúa imponiendo legislación dañina o usurpadora, como la Ley de Patrimonio, el Reglamento de Transgénicos, en momentos en que nuestra gente está luchando por sobrevivir, y contra lo señalado por la Comisión Interamericana de DDHH».
En materia de salud pública y desarrollo, señalan: «El rezago económico de los territorios indígenas rurales y urbanos se ve aumentado por la falta de financiamiento público para infraestructura básica (hospitales, presencia de médicos, conectividad). Colchane, por ejemplo, aún espera la electrificación de la comuna, prometida hace 10 años, y en la que se han gastado muchos millones sólo en el proyecto. En Arica Parinacota, se demoran hora en bajar a los enfermos a las ciudades en vista de la lejanía de los centros urbanos, el Hospital de Paillaco carece de lavandería, por dar ejemplos». También hacen referencia del desconocimiento desde numerosas comunidades sobre información de programas sociales y las ayudas en materias de productos de primera necesidad y bonos.
Estos y otros puntos relacionados a materias de exclusión, negación y discriminación en el marco de la pandemia, hacen que La Asamblea Originaria por la Descolonización y la Plurinacionalidad, vinculada a diversas organizaciones desde Arica a Punta Arenas, levante una propuesta de 12 puntos que se da a conocer a continuación:
PROPUESTAS
Es por ello que solicitamos al Estado se implemente, por las vías que sea posible, las siguientes medidas, en el marco de una POLÍTICA ESPECIAL PARA PUEBLOS ORIGINARIOS FRENTE AL COVID:
1. Crear, con el consenso y participación de las autoridades ancestrales indígenas de los territorios, Protocolos especiales de atención en salud para indígenas en el contexto de la pandemia por el COVID-19, que contemple la medicina indígena, los conocimientos indígenas, y la acción y colaboración de autoridades indígenas en las medidas de prevención y combate de la pandemia.
2. Modificar el protocolo de funerales y manejo de cadáveres, para compatibilizarlo y proteger el derecho al buen morir de los pueblos originarios, de acuerdo a las tradiciones y costumbres indígenas, incluyendo las ceremonias fúnebres.
3. Dotar de médicos suficientes e infraestructura a territorios lejanos. En el futuro, entregar la administración en salud, con financiamiento estatal, a las autoridades tradicionales de los territorios indígenas, tal como lo dispone el Convenio 169 de la OIT (artículo 25).
4. Visibilizar estadísticamente los contagios de pueblos originarios, desagregando datos por pueblo, territorio, fallecidos, urbano, rural, etc.
5. Respetar las medidas de confinamiento, aislamiento y cierre de pueblos o territorios para detener los contagios.
6. Avalar y apoyar, incluso logísticamente, los acuerdos entre autoridades tradicionales, comunidades, o entre la población indígena rural y urbana, respecto de distribución de alimentos e insumos, derecho a acceder a los territorios, riego y cuidado de animales y cultivos, etc.
7. Crear, con la colaboración de las autoridades territoriales indígenas, residencias sanitarias pertinentes para pueblos originarios, y una política de acompañamiento y asistencia de indígenas de su territorio y pueblo originario para las personas de la tercera edad.
8. Paralizar las consultas indígenas ambientales, de reglamentos y proyectos de ley durante la pandemia, menos intentar hacerlas por internet o por teléfono, lo que es abiertamente ilegal.
9. Desmilitarizar los territorios indígenas, para que la lucha contra la pandemia no signifique reprimir sin justificación a los pueblos originarios.
10. Evitar que las medidas contra la pandemia signifiquen colapso, desincentivo u obstáculo a las actividades tradicionales de los pueblos originarios, como caza, pesca, acuicultura, ganadería, etc., potenciando la soberanía alimentaria local.
11. Implementar medidas económicas especiales para financiar los planes de desarrollo indígena de cada territorio, para el salvataje de las economías locales, rurales o urbanas. Deben privilegiarse las actividades tradicionales indígenas, en diálogo con las autoridades ancestrales y organizaciones propias. Las entregas de ayuda urgente en alimentación e insumos deben coordinarse con las autoridades tradicionales, o en subsidio las organizaciones ahí donde estén constituidas.
12. Acceder a los petitorios de los presos políticos mapuche, y atender los derechos de la población penal indígena en general, que sufren los riesgos de la pandemia en condiciones de especial vulnerabilidad.
Para diseñar y aplicar estas medidas, pedimos que se establezca un diálogo con los representantes indígenas que determinen los territorios y cada organización, con el gobierno nacional, para analizar, transparentar y tomar las medidas necesarias para enfrentar el CODIV 19 en comunidades rurales y urbanas de los pueblos indígenas.
Estaremos muy al pendiente de la respuesta a esta carta, pues es responsabilidad del Estado en su conjunto tomar medidas rápidas y urgentes para salvar la vida y asegurar la supervivencia de los pueblos originarios.
FIRMAN
1. Verónica Henríquez Antimanqui, mapuche, Presidenta Asociación Futa Trawun, Paillaco. ASODEPLU, Asamblea Originaria por la Descolonización y la Plurinacionalidad
2. Haydee Águila, kawésqar, Presidenta Comunidad Indígena At Ap, Punta Arenas. ASODEPLU, Asamblea Originaria por la Descolonización y la Plurinacionalidad
3. Esteban Araya Toroco, likan Antai, Presidente Asociación Indígena de Regantes y Agricultores Lay Lay, Calama. ASODEPLU, Asamblea Originaria por la Descolonización y la Plurinacionalidad
4. Ariel León Bacián, aymara – quechua. Iquique, Región Metropolitana. ASODEPLU, Asamblea Originaria por la Descolonización y la Plurinacionalidad
5. Denis Quichel Antillanca, mapuche, Presidenta Asociación Newentwaiñ, Concepción, ASODEPLU, Asamblea Originaria por la Descolonización y la Plurinacionalidad
6. Ercilia Araya Altamirano, colla. Presidenta Comunidad Indígena Colla de Pai Ote. Copiapó. ASODEPLU, Asamblea Originaria por la Descolonización y la Plurinacionalidad
7. Nancy Piñones Ormazábal, Presidenta Comunidad aymara Elba Sanjinés Huara. Región Metropolitana
8. María Navarro, miembro de la Comunidad Kawesqar Seno Obstrucción, Puerto Natales
9. Yaneth Challapa, aymara, habitante de la comuna de Colchane, Cariquima
10. Carmen Paine, werken de la Asociación indígena de Butalelbun, Alto Bio Bio.
11. Wilfredo Bacián, Presidente de la Comunidad quechua de Quipisca, Tarapacá.
12. Ruth Godoy, Presidenta de la Comunidad Quechua de Macaya, Tarapacá.
13. Rosa Ovando, miembro de la Comunidad kawesqar Canoeros Australes. Región de Magallanes.
14. Richard Fernadez Chavez, Coordinadora Aymara de defensa de los recursos Naturales, Arica Parinacota.
15. Leticia Caro Kogler, Presidenta de la Comunidad Kawesqar Grupos Familiares Nómades del Mar, Punta Arenas
16. Haylen Chang Cutipa, miembro del pueblo de Belén, quechua, Arica Parinacota.
