«Que se ponga fin a la violencia carcelaria y policial y a la creciente militarización del Wallmapu, que somete al Pueblo Mapuche y a la población chilena local a un verdadero “estado de sitio” y a la continuidad histórica de una violencia genocida por parte del Estado chileno y sus agentes represivos. En las semanas recientes, nuestra gente se halla expuesta al incremento de dicha oleada represiva, incluyendo allanamientos, balaceras, despliegue de tanquetas, bombas lacrimógenas, violentando la vida de familias, niños y niñas, y personas ancianas y vulnerables. En las circunstancias actuales, todo ello agrava dramáticamente las realidades de la salud familiar y comunitaria en estos tiempos de crisis pandémica y social en el país y en el mundo».
3 de junio de 2020
Durante los meses recientes hemos constatado un aumento de la violencia estatal, policial y carcelaria contra hermanas y hermanos de nuestro Pueblo, profundizando las lógicas de racismo, capitalismo destructivo y opresión colonial que hoy se imponen a nivel local y global. El actual gobierno chileno, amparado en la actual crisis mundial de salud, ha incrementado sus prácticas de vulneración de los derechos indígenas y humanos en el Wallmapu-el territorio histórico del Pueblo Mapuche. En este contexto, declaramos lo siguiente:
Exigimos a las autoridades chilenas a responder efectivamente a las demandas planteadas por los presos políticos mapuche que se hallan en huelga de hambre desde el 4 de mayo en las cárceles de Angol y Temuko. Los hermanos encarcelados han debido dar este paso para denunciar la continuidad de la violencia estatal y policial en los territorios, el racismo y las condiciones denigratorias a que ellos mismos se hallan sometidos en los centros penintenciarios. Su huelga es una respuesta a un régimen jurídico y carcelario que, en su carácter racista y colonial, desconoce la pertenencia de Pueblo de los imputados y sus derechos al pluralismo legal y cultural. Se trata de un régimen retrógrado que vulnera los principios establecidos en la normativa internacional sobre Pueblo Indígenas y, además, carece del más elemental sentido humanitario. Recientemente ha fallecido la madre de Reinaldo Penchulef Sepúlveda, Sra. María Sepúlveda Vivanco, maestra curadora de semillas de la comuna de Galvarino. Reinaldo Penchulef, uno de los imputados y que forma parte de los 8 presos políticos mapuche en huelga de hambre en el recinto carcelario de Angol, no pudo estar junto a su familia y en el correspondiente Eluwün-la ceremonia espiritual y funeraria mapuche. Se vulnera así el duelo, la despedida digna y las consideraciones de Naciones Unidas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas. Más aun, y tan grave como lo anterior, es el hecho que el Machi Celestino Córdova, quien también inició una huelga de hambre el pasado 4 de mayo en la cárcel de Temuko, actualmente se encuentra en delicado estado de salud y riesgo vital. Todo esto pone al desnudo la grave crisis humanitaria que vivimos en el Wallmapu y que se expresa en la situación de los hermanos encarcelados. Recordamos que a lo largo de las décadas recientes y en algunos de los casos de los hermanos en huelga (tanto condenados como en “prisión preventiva” bajo diferentes causas), se han invocado mecanismos como las leyes “antiterrorista” y de “seguridad interior del Estado”, recursos de la ley chilena invocados con el fin de intimidar, silenciar o eliminar las voces de quienes luchan por los derechos y las demandas de nuestro Pueblo. Con mayor razón entonces denunciamos la crítica situación que hoy viven los presos políticos mapuche en Chile y exigimos respuestas efectivas a sus demandas.
Hacemos un llamado a los medios de comunicación a que asuman sus responsabilidades éticas y profesionales de informar al país y el mundo sobre la actual huelga de hambre de los presos políticos mapuche en Angol y Temuko, así como del trato carcelario a que se hallan sometidos y que infringe nuevamente los derechos indígenas y los derechos humanos en el Chile actual. A pesar de que esta huelga se inició hace ya varias semanas, los medios de comunicación chilenos, con el pretexto de la crisis del COVID-19, han escasamente informado al respecto y se hacen cómplices de la oleada violentista del Estado chileno. Por lo mismo, emplazamos a estos a cumplir con su obligación profesional y moral de informar.
Deseamos también denunciar el maltrato que, desde el 2011, han sufrido las hortaliceras mapuche en la ciudad de Temuko, quienes, en el mes recién pasado, han sido nuevamente reprimidas en las calles y plazas de esta ciudad por parte de las denominadas “fuerzas especiales” de Carabineros de Chile. El aparato policial chileno y las autoridades gubernamentales locales una vez más se ponen del lado de los poderosos. Estos buscan simplemente proteger un capitalismo comercial urbano que pretende eliminar y desplazar las prácticas de comercio tradicional de las mujeres y familias provenientes de los territorios rurales del Wallmapu; de este modo, se siguen aplastando las economías propias de la vida mapuche. Es más, en los sucesos recientes, las fuerzas policiales chilenas han amedrentado también a quienes igualmente practican por largo tiempo la compra de productos naturales que enriquecen la sana alimentación de las o los habitantes de Temuko. Ellas nos brindan alimentos sanos y frescos, necesarios para combatir la actual crisis del COVID-19 y fomentar el bienestar y economía local. En su contraparte, los “inspectores municipales”, funcionarios del gobierno local y lugartenientes de las políticas capitalistas neoliberales y el interés empresarial en la ciudad, han ejercido abusivamente sus “pequeños” poderes de empleados fiscales, multando arbitrariamente a quienes venden y compran. Esto es, por lo visto, la realidad que se busca imponer con violencia y abuso para así “normalizar” una sociedad neoliberal que ha develado su inhumanidad y crueldad sistémica en estos tiempos de pandemia.
Solidarizamos, por ello, con las mujeres mapuche que hoy están cansadas de las burocracias y falsas promesas de las distintas autoridades, por más de 9 años, que lo único que han tenido son sufrimientos por décadas de persecución y violencia policial y colonial chilena; que exigen en este tiempo tan difícil poder trabajar tranquilas y en el propio territorio. Ellas seguirán en resistencia porque de ello depende la sobrevivencia de sus familias, Son jefas de hogar en su gran mayoría y dependen de la tierra, de una labor ancestral en que manejan pequeños espacios donde gestionan y administran sus plantaciones, sus productos con el sello e identidad de cada territorio, diversidad que permite el Trafkintu (el intercambio). Como ya lo hemos planteado, si se considera la proveniencia y la historia de estas dignas mujeres de nuestro Pueblo, se puede constatar que ellas representan una larga tradición mapuche, y muchas de ellas ya son personas mayores que ameritan respeto comunal y público. El hecho que se haya desatado una violencia inusitada sobre ellas es expresión del carácter retrógrado del actual gobierno local y la ideología neoliberal a la que sirve, develándose su impune y cobarde violencia colonial, racial, patriarcal y etaria.
Denunciamos también al gran responsable de esta violencia policial contra las mujeres mapuche que practican su agricultura y su comercio propio: ese responsable individual y político-institucional es el actual alcalde Miguel Angel Becker Alvear. Este alcalde es un empresario del rubro agrícola, transporte y automotriz, militante de Renovación Nacional, pinochetista, ex militar; ya acusado de prácticas nazistas en 2009. Su política municipal de carácter represivo ya se vio desde el año pasado, cuando en el centro de Temuko se escucharon a través de alto parlantes amenazas de parte de inspectores municipales a todos quienes comprasen productos a vendedoras o vendedores ambulantes. Esto nos rememora prácticas propias de campos de concentración nazi, con soldados controladores, auxiliados por un personal vestidos para la guerra; en este caso, un aparataje similar se pone en acción contra mujeres mapuche desarmadas. El propósito ha sido el de intimidar y apresar, amplificando el horror con la intención que las emisiones de tal escarmiento sean escuchadas por el resto de la población.
En este contexto, la Comunidad de Historia Mapuche estima que es urgente:
Que el gobierno chileno y las instancias humanitarias internacionales respondan a las demandas de los presos políticos mapuche en huelga de hambre en las cárceles de Angol y Temuko; y, en concordancia con el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) de las Naciones Unidas, se les garanticen sus derechos en tanto miembros de un Pueblo. En particular, se deben poner fin a las condiciones denigrantes que existen al interior de los penales, las cuales, entre otras consecuencias, han limitado el ingreso de familiares y autoridades medicinales mapuche para visitar a los hermanos encarcelados. La solución de fondo a este problema es que se establezca una medida alternativa para que pu peñi puedan cumplir sus “condenas” o cargos de “prisión preventiva” en sus territorios y/o comunidades. Esta aspiración y demanda adquiere mayor relevancia en las actuales circunstancias generadas por el COVID-19 ya que el cuidado medicinal (Lawen) disponible en los territorios constituye una alternativa a los peligros del encierro carcelario. Asimismo, tal cual lo han planteado los presos políticos mapuche, es urgente que se rectifiquen los criterios condenatorios y de prisión preventiva que se les han aplicado, ya que son resultantes de una maniobra política por neutralizar sus luchas como líderes involucrados en procesos de reivindicación por derechos colectivos y territoriales.
Que se ponga fin a la violencia carcelaria y policial y a la creciente militarización del Wallmapu, que somete al Pueblo Mapuche y a la población chilena local a un verdadero “estado de sitio” y a la continuidad histórica de una violencia genocida por parte del Estado chileno y sus agentes represivos. En las semanas recientes, nuestra gente se halla expuesta al incremento de dicha oleada represiva, incluyendo allanamientos, balaceras, despliegue de tanquetas, bombas lacrimógenas, violentando la vida de familias, niños y niñas, y personas ancianas y vulnerables. En las circunstancias actuales, todo ello agrava dramáticamente las realidades de la salud familiar y comunitaria en estos tiempos de crisis pandémica y social en el país y en el mundo.
Proponemos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos y entidades del derecho internacional intervengan para exigir a las autoridades chilenas a cumplir con los principios y los derechos establecidos respecto del comercio comunitario por el Convenio 169 de la OIT, al cual el Estado chileno está adscrito. En particular, ante el hecho que el actual alcalde de Temuko no asume ni respeta dichos principios, es hora de que se someta al escrutinio público nacional e internacional. Recordamos que el Artículo 23 del mencionado tratado internacional establece que la artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales ligadas a la economía de subsistencia, deben reconocerse como factores de sustento de su cultura, de su autosuficiencia y de su desarrollo económico. Esta normativa internacional, y vigente en Chile, indica expresamente que los “gobiernos deberán velar porque se fortalezcan y fomenten” dichas actividades. De esta manera, los Pueblos Indígenas, y asimismo las mujeres de nuestro Pueblo, deben gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Ellas forman parte de la avanzada agro-ecológica en medio de la crisis mundial de la salud alimentaria, medioambiental y del cambio climático. Es por ello un imperativo que el Estado de Chile y sus autoridades locales y nacionales respeten el Convenio 169 y se abran a un debate inclusivo y amplio que conduzca a instituir medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente del Pueblo Nación Mapuche y de los Pueblos Originarios en su conjunto.
Finalmente, exigimos que se ponga fin a la represión hacia las comunidades que han decidido ejercer su autodeterminación para garantizar y cuidar la salud colectiva de sus territorios y las familias y personas que la habitan, especialmente nuestras personas mayores y cuyas vidas, desde una perspectiva de Pueblo, son esenciales para el Küme Mongen (“el buen vivir”). En este sentido, contamos con el respaldo de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, en que el principio de la autodeterminación resulta inalienable en su alcance y aplicación. Como bien lo plantea el artículo 26 de dicha Declaración, los Pueblos Indígenas tienen “derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido,” y esto invita a respetar las decisiones comunales y territoriales de autodeterminación en el Wallmapu. Esto, de paso, ayudará a enfrentar al nazi-fascismo colonial que localmente se nos impone y a la crueldad sistémica y genocida del actual capitalismo neoliberal chileno y global. Esta lucha común es la que nos permitirá avanzar hacia un horizonte de sociedad mapuche, sociedades indígenas y sociedad chilena sin racismo, sin patriarcalismo, sin Estado carcelario y sin opresiones coloniales.
Centro de Estudios e Investigaciones Mapuche / Comunidad de Historia Mapuche
