La pandemia del COVID-19 sigue generando tempestades. Además de los efectos sobre la salud pública y la economía, uno de los temas que no ha sido considerado mediáticamente, ha sido el ingreso abusivo de proyectos de inversión al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), como bien lo indica un informe elaborado recientemente por el Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA) en el que se da cuenta del aumento exponencial de ingreso de proyectos para ser sometidos a evaluación en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en comparación con los años anteriores 2018 y 2019, teniendo como referencia el periodo del 01 y 15 de mayo, cuando se diagnostica el primer caso de COVID en Chile.
Por José Luis Vargas
El aumento en las inversiones, también ha sido más que significativo: “La diferencia en cantidad de inversión, entre los dos años anteriores y el actual, la brecha es aún más notoria y significativa. El 2018 el monto fue de US$ 2.617 millones, el 2019 de US$ 2.130 millones y, en cambio, el 2020 la cifra salta a un total de US$ 16.466 millones […] “Es decir, el 2020 el monto de la inversión se multiplicó por 7 veces más en comparación a la de los dos años anteriores”, consigna el informe del OLCA [1].
La situación es preocupante, toda vez que se encuentran suspendidos los procesos de participación ciudadana de algunas de estas iniciativas y las Asociaciones de Funcionarios Públicos de los Servicios Ambientales del Estado, han solicitado expresamente la suspensión de los plazos de las evaluaciones ambientales, pues las condiciones actuales, afectan tanto la evaluación de los megaproyectos como la socialización de los mismos con las comunidades.
De esta situación no han estado ajenas las comunidades indígenas y organizaciones sociales del sur de Chile, a raíz del ingreso del proyecto eólico Ovejera Sur, el cual se emplazaría entre las comunas de Paillaco y La Unión (región de Los Ríos) con una inversión que alcanza los $280.000 millones de dólares, impactando significativamente a comunidades indígenas; impactos que no son reconocidos en el proyecto de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por el proponente, lo cual cierra la posibilidad a la realización de una consulta previa a las comunidades mapuche, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT, como bien lo da a conocer en esta entrevista la investigadora Ximena Cuadra Montoya, socióloga con maestría en ciencia política y amplia experiencia en temas ambientales, acompañando procesos de defensa territorial de comunidades indígenas y locales.
Fuente: Revista Territorio Sur
