«Sería una terrible señal, que como muchas otras instituciones, el poder judicial responde al orden ejecutivo sin limitarlo como se espera de un ente autónomo, más que respetar las leyes, el recto raciocinio jurídico y la moderación; eligen servir al poder que en el futuro los puede nombrar al curso de ambiciones egoístas de cargos y privilegios».
28 de marzo de 2020
Por Teresa Olivares -Fuente: revistadefrente.cl
El caso del juez Daniel Urrutia evidencia la falta de autonomía del poder judicial y para contextualizar, el magistrado oficia a gendarmería para cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliario total a 13 adultos jóvenes que fueron arrestados por desórdenes públicos, respondiendo a la nueva ley antibarricadas promulgada el 30 de Enero del presente año, causa que se encuentra en investigación actualmente. Este cambio de medida cautelar responde a la contingencia que vivimos mundialmente por el Coronavirus y que los imputados están más expuestos, ya que el hacinamiento y la falta erradicación de la tuberculosis dentro de los recintos carcelarios ponen en extremo peligro a personas que aún no han sido condenas.
Frente a esta resolución el Juzgado de Garantía lo deja casi inmediatamente sin efecto y suspende al titular de sus funciones. Dos de los jueces de la Corte de Apelaciones que atentaron contra la «independencia judicial interna» del Juzgado de Garantía de Santiago, se encuentran compitiendo por el puesto de ministro en la Corte Suprema, el ministro presidente Hernán Crisosto y la ministra Jessica Troncoso. Quienes junto a seis ministros más, se saltan el debido proceso donde son las partes las que deben pedir su intervención, luego de otro recurso directo en el juzgado de Garantía de Santiago.
Para entender la actuación de los ministros de la Corte de Apelaciones podemos investigar el proceso de nombramiento para ser ministro de la Corte Suprema, que responde a la decisión del ejecutivo con la venia de dos tercios del Senado y que debe escoger de una quina propuesta por los ministros del Tribunal Supremo. Sea que hayan conseguido estar o no dentro de esa quina ellos están cimentando su carrera a través de una postura sobre los presos políticos de este gobierno, representando los intereses de este último.
La Asociación Nacional de Magistrados en una carta oficial ha exigido a la corte anular el oficio, puesto que este caso no pertenece al ámbito disciplinario, sino que es materia judicial que compete la actuación del juez Urrutia y es acorde a sus funciones.
La motivación de estos jueces ha incurrido en un atentado al principio de legalidad, actuando fuera de la ley, sobrepasado todo límite de sus facultades, aquí lo que se debería exigir es la intervención del congreso a través de una acusación constitucional contra estos ministros, para que sean revocados de su cargo, ya que no podemos esperar del Tribunal Supremo un acto ético, ya que responden a intereses políticos que les procuraron su cargo.
Habrá que ver qué ocurre con esto, sino sucede nada, cómo en el caso de la jueza Andrea Acevedo que responsabiliza a la víctima Jorge Mora asesinado por carabineros mediante un atropello y el fallo que le sucede fue totalmente a favor de esta institución, dando declaraciones que grafican su parcialidad en esta causa, donde las acciones disciplinarias son desestimadas por la Corte de Apelaciones. Sería una terrible señal, que como muchas otras instituciones, el poder judicial responde al orden ejecutivo sin limitarlo como se espera de un ente autónomo, más que respetar las leyes, el recto raciocinio jurídico y la moderación; eligen servir al poder que en el futuro los puede nombrar al curso de ambiciones egoístas de cargos y privilegios.
En vez de lo anterior, los nombramientos podrían ser dispuestos al sorteo de las personas que cumplen requisitos de trayectoria y excelencia. Pero en la actualidad la jurisprudencia está cargada al lado de la élite. Tomando en cuenta que nuestro país se encuentra en un proceso constituyente se debe tomar nota de estas arbitrariedades.
