El subsecretario del Interior ha dicho que la adquisición de tierras indígenas que realizó en Pucón fue legal, puesto que se las compró a una mujer chilena que las había recibido anteriormente en una liquidación de sociedad conyugal con su marido mapuche. Pero un informe de Conadi, en un caso idéntico, sancionó que este tipo de operaciones son nulas, lo que además contradice el actual informe encomendado por Rodrigo Ubilla a la actual Conadi.
Por Maximiliano Alarcón G. – Fuente: interferencia.cl
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, hoy empoderado en sus funciones de seguridad y orden, no sólo está aproblemado por ser uno de los protagonistas de la mayor crisis política que haya vivido un gobierno de la posdictadura. Paralelamente, un nuevo antecedente complica su escenario judicial en la demanda que enfrenta por haber comprado tierras indígenas, las que no podía adquirir por prohibición de la Ley Indígena (19.253).
INTERFERENCIA accedió a un informe jurídico de Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), con fecha 26 de marzo de 2015, el cual analiza un caso idéntico al de Rodrigo Ubilla, es decir, la liquidación de la sociedad conyugal entre una mapuche y un chileno, en la cual este último recibió una parte de las tierras indígenas, las que posteriormente vendió a otra persona no indígena. El veredicto según Conadi es que todo el proceso debía ser anulado.
El 3 de marzo de este año INTERFERENCIA reveló que Ubilla compró dos terrenos por tan sólo diez millones de pesos al interior de la comunidad Mariano Millahual ubicada en Pucón en 2009. Según la Ley Indígena, una persona no indígena no puede comprar tierras de estas características. Esto motivó que los dueños originales, la familia Painequir, demandara al subsecretario con tal de recuperar las propiedades.
Desde que este medio reveló el caso, Ubilla ha declarado que se trata de un tema personal, es decir, no gubernamental, y por supuesto, legal. Su abogado, Marcelo Neculmán declaró el pasado 26 de septiembre en las afueras del Juzgado de Garantía de Pucón que la compra era legal puesto que venía de una subdivisión hecha tras la disolución de la sociedad conyugal entre el mapuche Jorge Painequir y la chilena Guadalupe Moris: “Quien le vendió a Rodrigo Ubilla es una persona que no es indígena”, dijo Neculmán, según consignó La Voz de Pucón.
Pero este documento de 2015 de la Conadi, anterior a la repercusión política del caso de Ubilla, señala todo lo contrario a la tesis del subsecretario y Neculmán:
“El hecho de adjudicarse un inmueble indígena a una persona no indígena en el contexto de un procedimiento de sociedad conyugal disuelta, esto es habida entre una persona indígena y una persona no indígena, no conlleva la desafectación de la calidad de indígena del inmueble«, dice el documento. «Dicho acto de adjudicación va en contra de lo establecido en el inciso penúltimo del artículo 12 de la Ley 19.253, vulnerando dicha norma imperativa, por lo cual el acto de adjudicación al cónyuge no indígena adolece de nulidad absoluta”, concluye el escrito, firmado por el entonces subdirector nacional de Conadi, Ernesto Paillán Hernández, junto con dos abogados del organismo.
El informe jurídico de 2015 fue presentado como prueba en el Juzgado de Garantía de Pucón por Gabriel Osorio, abogado de la familia Painequir. Este además señala que la venta de los terrenos posterior a la liquidación de la sociedad conyugal, también es nula.
Esta información vuelve a poner en foco las decisiones de la actual dirección de Conadi, la que desde que se reveló el caso de Ubilla ha argumentado a favor del subsecretario sin tomar en cuenta informes anteriores del mismo organismo.
Por ejemplo, el mismo día en que INTERFERENCIA publicó el primer artículo, la Conadi salió a defender a la autoridad de gobierno a través del entonces director subrogante, Fernando Sáenz, quien declaró en un punto de prensa que «revisados los antecedentes por Conadi, señalamos claramente que este asunto fue una compra legal, es un compra entre particulares, que son los antecedentes que a nosotros nos llegaron. Fue una subdivisión que se realizó, se establecieron dos lotes, los que fueron debidamente inscritos en el registro público de tierra de Conadi«, dijo Sáenz en la oportunidad, sin tener todavía un informe y en consideración de que siempre este ha sido un caso entre particulares.
Tiempo después, en abril, todavía bajo la dirección de Sáenz, Conadi emitió un documento a pedido de la Subsecretaría del Interior, el cual fue filtrado a La Tercera en su artículo Tierras de Ubilla en La Araucanía: informe jurídico de Conadi ratifica que terreno comprado no es indígena:
“El inmueble en comento figuraba en posesión e inscrito en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Pucón del año 2008, a nombre de doña Guadalupe del Carmen Moris Gajardo, persona no indígena, quien como ya se señaló, lo adquirió por liquidación de la sociedad conyugal”, dice el informe de abril de 2019 aludido por el periódico.
A raíz de este último documento, la comisión de la Cámara de Diputados que investigó la compra irregular de tierras indígenas, solicitó a la Fiscalía que se indague a Rodrigo Ubilla por tráfico de influencias, al haber utilizado a la Subsecretaría del Interior para obtener un informe que lo beneficiaba en una causa que él mismo reconoció como “personal”.
Por otro lado, el subsecretario está a la espera de una nueva citación del tribunal para declarar por el caso. Ésta se iba a desarrollar el pasado 21 de octubre, pero debido a las manifestaciones nacionales, la familia Painequir aceptó suspender la diligencia, a la cual la autoridad estaba obligada a ir por el tribunal.
Nuestro medio contactó a la Conadi para saber el por qué de este contraste en los informes, pero sus funcionarios no quisieron dar declaraciones.
Ver Informe Conadi 2015: informe_juridico_conadi_2015
