Felipe Gutiérrez Ríos, Colectivo Mapuexpress
El artículo aborda el primer lustro de explotación la formación Vaca Muerta (2012-2017) en la Patagonia Argentina, tomándola como un caso testigo. Su objetivo es tanto caracterizar el modelo hidrocarburífero no convencional, como describir las principales tendencias que posibilitaron su desarrollo. Para esto, se busca en primer lugar situar a este tipo de explotación en el marco de la explotación de energías extremas durante la fase neoliberal en todo el continente. Posteriormente revisa las principales tendencias identificadas a lo largo de este proceso como son: la creación de un discurso oficial que permitió el desarrollo del fracking en un escenario altamente conflictivo, el alto impacto social y ambiental de su desarrollo, y la promoción directa por parte del Estado a través de cuerpos legales y millonarias transferencias. Dicho análisis se hace a través de la revisión de prensa, políticas públicas y medios especializados que permiten sistematizar este proceso desde la perspectiva de la ecología política.
A lo largo de la década del 2000 la industria hidrocarburífera de Estados Unidos comenzó a masificar la utilización del fracking, una técnica experimental que a través de la combinación de la perforación vertical y horizontal más la inyección de millones de litros de agua, un cóctel químico y arenas, permitía explotar reservorios conocidos como “No Convencionales” (D´Elía y Ochandio, 2012). La nueva técnica abría la opción de correr los límites impuestos a la explotación de hidrocarburos en todo el mundo, y comenzó a ser ampliamente promocionada por el Departamento de Estado de EEUU en conjunto con empresas que tienen su casa matriz en dicho país (Blake, 2016). Al mismo tiempo comenzaron a socializarse numerosas noticias de sus impactos a nivel social, ambiental y a la salud de las personas (Concerned Health Professionals, 2015) así como se puso en cuestión su rendimiento económico y energético (Hughes, 2013).
Una década después la promoción gubernamental/empresarial norteamericana en América Latina se intensificó: desde México a Chile diversos gobiernos buscaron habilitar reglamentos y contratos que permitiesen hacer realidad este nuevo “El Dorado” petrolero, en un proceso donde Argentina se transformó en una verdadera punta de lanza (Gutiérrez, 2016). Desde entonces la valorización de la formación Vaca Muerta se convirtió no solo en el objetivo central de la política energética del país, sino también se ubicó como piedra angular de su desarrollo económico cuyos protagonistas -gobierno, empresas, sindicatos y medios de comunicación- obviaron las enormes dificultades técnicas, ambientales y financieras que supondría esta explotación.
Dada la relevancia que ha tenido este proceso, el presente artículo busca caracterizar el modelo de explotación que se ha territorializado en el megaproyecto Vaca Muerta durante el lustro 2012-2017. Dicho análisis se realizará desde la perspectiva de la ecología política entendida como el campo que analiza tanto los procesos de valorización y apropiación de la naturaleza, como sus consecuencias sociales y ambientales y las relaciones de poder que se entretejen en dicho proceso (Leff, 2003; Escobar, 2011; Alimonda 2011).
En el caso de la industria hidrocarburífera en la Norpatagonia, como veremos, a partir de la neoliberalización del sector en la década de 1990, comenzaron a recrudecerse conflictos que podríamos delimitar dentro de la primera contradicción del capital, capital-trabajo, particularmente en el proceso de desguace de YPF y el surgimiento de movilizaciones de trabajadores desocupados –“piqueteros”- en localidades históricas petroleras como General Mosconi, en la provincia de Salta, y Cutral Co, en la provincia de Neuquén (Petruccelli, 2005). Al mismo tiempo, la extranjerización y privatización del sector, sumado a la mayor intensidad de la explotación petrolera y el fortalecimiento de un movimiento indígena, particularmente en comunidades mapuche de Neuquén, visibiliza una serie de conflictos que están dentro de la órbita de la contradicción capital-naturaleza (O’Connor, 2001). Si bien esta última contradicción tiene larga data, es en la década de 1990 cuando comienzan a expresarse de manera más clara una serie de conflictos territoriales en la Norpatagonia que superan las demandas históricas de las organizaciones sociales -en torno a mayor captura de la renta hidrocarburífera- y comienzan a discutir en torno a los impactos sociales, ambientales y a la salud de las personas por parte de la industria petrolera, así como al valor simbólico que tienen los territorios reconocidos como parte de las comunidades mapuche.
A pesar de la masificación de este tipo de conflictos, en el debate público están absolutamente minorizados y subalternizados con relación a los discursos que centran a Vaca Muerta como el futuro energético y productivo del país, a la par que presentan de manera esquemática o derechamente obvian las dificultades técnicas, financieras, sociales, y ambientales, que tiene su explotación.
Las políticas que promueven y posibilitan Vaca Muerta continúan un persistente proceso de acumulación que tiene una raíz profundamente colonial al entender a la Norpatagonia (así como a otras regiones de América Latina) como espacio subalterno “que puede ser explotado, arrasado, reconfigurado, según las necesidades de los regímenes de acumulación vigentes” (Alimonda, 2011:22). Estas políticas están sustentadas por una “triple oficialidad” ciencia-Estado-mercado que genera y reproduce un discurso colonial del poder que resulta posibilitante del desarrollo de megaproyectos como Vaca Muerta (Qujano, 2000; Machado, 2014).
Por lo anterior, entendemos que la perspectiva de la ecología política permite dialogar y a la vez entender de manera más compleja la correlación entre ambas contradicciones del capital situadas en los lugares afectados a esta industria en la Norpatagonia, para el periodo antes señalado. La revisión de algunos conceptos abordados desde la ecología política para el caso de Vaca Muerta – como el desarrollo de energías extremas, a través de un proceso entendido como acumulación por desposesión- permitirán articular el análisis posterior que metodológicamente se tratará de una revisión y el estudio tanto de los periódicos de la región como de las políticas públicas que han facilitado la explotación de Vaca Muerta, de manera de establecer las principales tendencias que caracterizan al periodo. A partir de una primera revisión, se han seleccionado tres elementos que consideramos pilares del modelo no convencional argentino: un plan comunicacional que disminuyó la resistencia contra el megaproyecto; una serie de políticas públicas destinadas a su desarrollo; y una reguero de impactos sociales y ambientales que se dan a diversas escalas y niveles. Cada uno de estos apartados tiene un desarrollo específico. En primer lugar se revisarán los discursos de los promotores de Vaca Muerta, enunciados en medios de comunicación y otros espacios de difusión. Desde la perspectiva de cómo se vertebra el discurso de la colonialidad del poder (Quijano, 2000), este apartado busca estudiar cómo se facilitó mediáticamente el desarrollo de un proyecto de estas características, potencial generador de conflictividad social. En segundo término se analizarán artículos periodísticos e investigaciones especializadas que revisan los impactos del megaproyecto Vaca Muerta. Estos impactos los abordamos desde una perspectiva socioambiental, considerando tanto problemas a la salud y la contaminación de fuentes de agua, como violaciones de derechos humanos y criminalización de las demandas de los grupos sociales que disputan los territorios contenidos en este megaproyecto. Finalmente se analizarán las políticas estatales de promoción de la explotación de Vaca Muerta y sus resultados, en particular los programas de estímulo y beneficios otorgados a las empresas que operan en la Cuenca Neuquina, con el objetivo de analizar el rol que tuvo el Estado en dicho proceso.
El modelo hidrocarburífero como motor del capitalismo
En este apartado hacemos una revisión del contexto en el que se insertó el desarrollo del megaproyecto Vaca Muerta, y las perspectivas desde las cuales revisaremos posteriormente las tres principales tendencias de su explotación. Para esto abordaremos los conceptos de energías extremas y el debate en torno al extractivismo que se articulan con una breve revisión de la explotación hidrocarburífera en la región.
El modelo energético argentino antes del desembarco del fracking
La energía en Argentina está profundamente ligada al desarrollo de YPF, empresa estatal nacida en 1922 que con su rol prácticamente monopólico marcó el rumbo del sistema energético nacional, primero con la explotación de petróleo y luego también de gas que a partir de finales de la década de 1970 se transformaría en el principal insumo energético del país. De este modo se configuró una relación extremadamente dependiente entre los hidrocarburos y el sistema energético argentino, que en 2015 representaban el 84.69% (52% gas y 32% petróleo) de la oferta energética primaria del país.
Este modelo comenzó a entrar en crisis en la década de 1990, cuando el sector petrolero se transformó en un paradigma de las políticas del presidente peronista neoliberal Carlos Menem (1989-1999). En línea con los intereses del mercado mundial y en el marco del Consenso de Washington, la administración menemista desarrolló un triple proceso de desregulación del mercado, transferencia del dominio del recurso desde el Estado federal a las provincias y la privatización de YPF. Con las compañías privadas como actor protagónico, la extracción hidrocarburífera tuvo un brusco ascenso, llegando en 1998 al pico de extracción de petróleo y en 2004 al de gas, en un proceso paralelo a la sostenida caída del horizonte de reservas debido a la declinación natural de los sobreexplotados pozos y a la prácticamente nula inversión en exploración por parte de las empresas privadas, en particular Repsol-YPF. Esto provocó la masificación de una serie de conflictos, antes mencionados, que leemos en clave de dos contradicciones del capital: la disputa por los puestos de trabajo y la propiedad estatal del recurso (capital-trabajo) y la masificación de conflictos de carácter sociambiental (capital-naturaleza), en particular en el caso de comunidades mapuche que comienzan a hacer cada vez más masiva su demanda por derechos territoriales (Gutiérrez y Millaman, 2014).
A grandes rasgos, el panorama de desinversión, federalización, transnacionalización, caída de los niveles de producción y una extrema dependencia de los hidrocarburos se mantuvo durante los gobiernos peronistas progresistas de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Al mismo tiempo, en ese período se evidenció un aumento constante del consumo energético, motorizado por el crecimiento económico. Esta situación derivó, en 2011, en una crisis que se manifestó en la balanza comercial energética cuyo déficit alcanzó los 3,500 millones de dólares. Sumado a esto, la fuerte confrontación con la dirección española de Repsol-YPF y el anuncio del descubrimiento del yacimiento Vaca Muerta llevaron a que en mayo de 2012 el gobierno sancionara la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, a través de la cual el Estado expropió el 51% de la propiedad de Repsol en la compañía.
Múltiples son los factores que determinaron esta maniobra, sin embargo el principal fue la necesidad por parte del Gobierno Nacional de controlar la explotación de Vaca Muerta, buscando un explosivo aumento de la extracción de hidrocarburos que le permitiera frenar la sangría de dólares que significaba la importación de gas. Ante la crisis de falta de hidrocarburos, nuevamente la salida fueron los hidrocarburos.
Energías extremas
El punto de partida del fracking a nivel de la agenda pública no solo argentina, sino en toda América Latina, fue el estudio de 2011 de la Agencia de Información Energética (AIE) de Estados Unidos, que situó a la región como la zona del mundo con mayores recursos técnicamente recuperables de shale gas. Este ranking ubicaba a Argentina como el tercer país del mundo con mayores recursos de gas de lutitas y el quinto en petróleo de lutitas. Sin embargo dicho estudio debe entenderse como una herramienta geopolítica y por tanto tiene más características propagandísticas que técnicas (Observatorio Petrolero Sur, 2012). La certificación de reservas propias en lugares como Polonia, China y la formación de esquisto de Monterrey en California, han demostrado que sus estimaciones fueron sobredimensionadas (Bertinat et al., 2015:53-54). Sin embargo, este estudio modificó el escenario no solo en Argentina, sino en varios países del continente, dado que el masivo desarrollo del fracking en EE.UU. prometía que era posible rentabilizar algunas formaciones que por décadas habían sido desechadas.
Los no convencionales no son la única nueva forma de extracción de energía que se está desarrollando en América Latina a partir de la primera década del siglo XXI. Existen un conjunto de formas de generación energética que muestran cada vez más un mayor impacto socioambiental. Estas reúnen una serie de condiciones comunes, a las cuales entendemos como energías extremas: son reservorios poco estudiados que no fueron explotados durante las décadas anteriores por diversos motivos; se encuentran a grandes profundidades; alojan hidrocarburos de baja calidad; su extracción requiere nuevos desarrollos tecnológicos y por ende, son técnicas experimentales; los costos operativos son mayores; se realizan encadenamientos productivos, que incluyen grandes infraestructuras por lo cual suelen darse bajo la forma de megaproyectos; y en muchos casos su explotación se realiza en condiciones muy rigurosas, aumentando los riesgos laborales y los accidentes no solo en el sitio de extracción sino en el conjunto del entramado del megaproyecto (Klare, 2012; Scandizzo y Roa, 2017).
Algunos casos de esto son la certificación de reservas petroleras (así como también mineras) en la franja del Orinoco en Venezuela; la extracción de hidrocarburos en aguas ultraprofundas en Brasil como es el caso del Presal; la explotación hidrocarburífera en el Golfo de México; así como el avance de bloques hidrocarburíferos en comunidades indígenas y áreas protegidas en diversos países como Perú, Ecuador y Bolivia; entre otros casos dentro de los que se encuentra la explotación de Vaca Muerta en Argentina.
Vaca Muerta y colonizada
De manera concurrente, la explotación de estas nuevas tecnologías se dio en un periodo que fue llamado el boom de los commodities: una sostenida alza de precios de las materias primas que le permitió a la mayoría de los países del continente un crecimiento histórico de sus economías. Esto signó a los recursos naturales no solo como motor económico de algunos de los países latinoamericanos sino como sostén de sus políticas ya fuera en los países que contaban con gobiernos neoliberales como los denominados progresistas, que al menos pusieron en tensión dicho modelo (Seoane y Algranati, 2013). Esto no quiere decir que el extractivismo sea en sí mismo un sistema social y económico autónomo, sino más bien que las actividades extractivas son parte integrante del proceso de acumulación del capital que reúne una complejidad de procesos y relaciones.
Consideramos que la acumulación capitalista tiene dos aspectos. De una parte, la relación puramente económica que ocurre en los sitios de producción de plusvalía, y de otra, la relación entre el capital y las formas de relación no capitalistas, como la política colonial y la violencia y “sólo de ambos reunidos sale el curso histórico del capital” (Luxemburgo, 1967: 351). Entonces, es efectivo que la apropiación violenta de los bienes naturales es parte constituyente del proceso de acumulación originaria pero esta no se encuentra solo en el origen del capitalismo, sino que se configura como un proceso continuo y persistente de acumulación de capital por desposesión que no es contrario sino más bien se constituye de manera dialéctica con la reproducción ampliada de capital. Este proceso de acumulación por desposesión está signado tanto por la explotación del trabajo, como de la naturaleza, y se establece como una mercantilización de esta última por la vía de la privatización tanto de los bienes naturales como de los bienes sociales, constituyendo un cercamiento de los bienes comunes (Harvey, 2004; Galafassi y Riffo, 2018).
En ese contexto el rol de la energía es clave porque funciona como un verdadero motor del capital, en un círculo vicioso activado por la presión gubernamental y empresarial por aumentar los niveles de generación energética para, a su vez, sustentar proyectos extractivos que cada vez requieren de más energía. En este marco comienza en 2013, a partir del acuerdo YPF-Chevron, el desarrollo masivo de Vaca Muerta, al que entendemos como un Megaproyecto de escala global en el sector de No Convencionales, dado que es el de mayor envergadura por fuera de Norteamérica. Su desarrollo tuvo varias características y tendencias, de las cuales describiremos tres que nos parecen centrales para entender el caso concreto de Vaca Muerta y la masificación de la técnica del fracking en Argentina.
El fracking en contexto argentino
1.- La “batalla comunicacional”
El desarrollo del fracking ha provocado conflictividad social en diversos lugares del mundo y los riesgos a la salud y el ambiente han llevado a que sea prohibido en países como Francia, Bulgaria y Uruguay y provincias/estados de Estados Unidos, Canadá, Australia, España, Argentina y Brasil. Al mismo tiempo posee moratorias u otras disposiciones que lo detienen temporalmente en Alemania, Holanda, Irlanda del Norte, Escocia y Gales. En el caso Argentino fue prohibido en la Provincia de Entre Ríos y en más de sesenta municipios. El riesgo de que una situación parecida podía ocurrir en la Norpatagonia, especialmente luego del masivo rechazo al acuerdo entre YPF y Chevron que movilizó a miles de personas en la ciudad de Neuquén, se transformó en una amenaza para la explotación de Vaca Muerta, lo que llevó a una fusión de los discursos corporativos, sindicales y gubernamentales que comenzaron a buscar estrategias para contrarrestar la mala publicidad del fracking.
En 2013 ante el selecto Club del Petróleo el gobernador de Neuquén señalaba que “si demostramos que cuidamos el medio ambiente, el Estado y las empresas, tenemos la batalla ganada en materia comunicacional” (Lassalle, 2016). La disputa tendría desde entonces un nombre: la batalla comunicacional por Vaca Muerta. Más allá de las diversas estrategias de respuesta desde los sectores que se oponían al fracking, para este caso es interesante analizar los dispositivos desplegados por el discurso oficial, que incluye a la triada empresas-sindicatos-gobiernos.
Antes hacíamos referencia a la profunda raíz colonial de los procesos de acumulación de capital situados en territorios como la Norpatagonia. Machado Araoz sostiene que para que se instale un discurso que sustente y posibilite estos procesos, se requiere de un vínculo necesario y constituyente entre los procesos sociales/económicos concretos- el colonialismo – y en cómo estos son narrados –la colonialidad-. Mientras “el fenómeno colonial pone de manifiesto en qué medida “lo real” es algo que finalmente se construye en el plano de las disputas epistémico-políticas sobre el sentido (…) La colonialidad se expresa en las narrativas sociales. Diferentes registros (…) terminan por naturalizar el discurso de la colonialidad bajo la forma de una sola versión oficial” (Machado 2014:27-28).
En el caso de Vaca Muerta, podemos ver cómo el discurso oficial buscó naturalizar su explotación instalándose como una narrativa racional, obviando que su desarrollo tenía en realidad que ver con las relaciones de poder en pugna. El primer discurso que emergió fue el de los gobiernos nacional y provincial que, en sintonía con Estados Unidos, saturaron con mensajes que ubicaban a Vaca Muerta como la gran joya mundial petrolera. La entonces presidenta Cristina Fernández incluso llegó a hablar de que el país se convertiría en la “nueva Arabia Saudita”. Se configuró así una “ilusión desarrollista” en términos de la socióloga Maristella Svampa que, siguiendo a René Zavaleta, sostiene que se reproduce una visión “el doradista” de una abundancia de recursos naturales, sobre los cuales hay que apostar de manera acrítica (Svampa, 2013).
Otra estrategia desplegada por el discurso oficial fue desestimar las críticas al fracking, tanto el mensaje como a sus emisores. De esta manera se le encargó al Instituto Argentino del Petróleo y el Gas -instituto de las corporaciones petroleras- la redacción del informe “El abecé de los hidrocarburos contenidos en Reservorios No Convencionales” a través del cual buscaban imponer su verdad ante los mitos en torno al fracking. Se generó así un discurso de “fracking seguro” sobre el cual se montó no solo el relato oficial, sino también el de algunos políticos de oposición, y algunas ONGs. Siguiendo esta línea discursiva, si el fracking se aplica con normativas claras y adecuados controles, no tiene un impacto ambiental negativo.
Este discurso se comenzó a replicar no solo en boca de los sectores políticos y empresariales, sino a través de la masificación de páginas web y perfiles en redes sociales que buscaban instalar la idea de la existencia de una mayoría social en favor del fracking. A esto se sumó la desacreditación de los sectores que se oponen al fracking, que quedó sintetizada en una frase del diputado Luis Sapag, al señalar que los movimientos socioambientales “son irracionales y emotivos (…) objetivamente, hay un mayor riesgo de accidente en la cocina de un apartamento o en las carreteras del país que en un sitio petrolero” (Lassalle, 2016).
Una tercera línea argumental que se impuso, esta vez en exclusivo desde el gobierno nacional, era que el fracking no solo no es nocivo si se lo realiza desde YPF, sino además que era el camino para lograr una supuesta “soberanía energética”, entendida en términos hidrocarburíferos. Así, se desplegó una enorme campaña publicitaria por parte de la empresa semiestatal, en particular para el mundial de fútbol Brasil 2014, donde comparaban a Lionel Messi –abandonado por Argentina, robado por los españoles y finalmente recuperado- con la empresa de bandera. Este discurso publicitario tiene un correlato en el discurso político. YPF es una de las empresas más asociadas a la argentina desarrollista y su privatización fue uno de los principales hitos del neoliberalismo. Así su “recuperación” tenía tintes de gesta patriótica. Envueltos en un solo discurso, el fracking, la selección de fútbol, Messi y la YPF nacional significaban volver a la época en que los argentinos estaban “orgullosos del producto de nuestro suelo”, como rezaba el slogan de la campaña publicitaria gubernamental-empresarial.
Se configuró así un discurso oficial que buscó, y de alguna manera logró, instalar en la opinión pública que Vaca Muerta es la única alternativa posible ante la crisis energética. Su explotación, por tanto, resultaba irreversible. Los anteriores discursos de necesidad de diversificación de la matriz, o de los pasivos ambientales dejados por la explotación hidrocarburífera en la cuenca neuquina, quedaron sepultados detrás del nuevo discurso oficial que para amplias capas de la población se fue convirtiendo prácticamente en un hecho natural. De este modo los elementos centrales del discurso del poder (“quienes se oponen son fundamentalistas”, “el fracking es seguro, de la mano de YPF nos llevará a la independencia energética”) fueron naturalizados y se transformaron en narrativas sociales para amplios sectores. Oculta detrás de esa “verdad” quedaron los impactos que este megaproyecto produce y los actores/actrices sociales que disputaban contra este modelo.
2.- Impacto a gran escala, diverso y multinivel
El ocultamiento de lo que estaba detrás del discurso oficial de Vaca Muerta está ligado a la trama de narrativas sociales y conflictos que suceden al interior de este vasto territorio. A partir de la lectura de prensa y producciones especializadas queremos resumir y sistematizar dicha trama en este apartado.
Un primer elemento que es importante distinguir para esta sistematización es que entendemos a Vaca Muerta como un megaproyecto que no solo se sitúa en los sitios de extracción sino que se compone de una compleja infraestructura física y también jurídica. Es un entramado de insumos, industrias asociadas, transporte, comercio, cuerpos normativos, instituciones financieras, corporaciones empresariales que son parte indivisible y posibilitante del megaproyecto.
Por lo mismo cuando nos referimos a este megaproyecto estamos superando la idea de la formación geológica Vaca Muerta, que si bien tiene 30 mil km² -similar al tamaño de Bélgica- sus ramificaciones se expanden mucho más allá de esos límites geológicos. Por ejemplo la AIE de EE.UU., más allá de la alta estimación de recursos hidrocarburíferos que calcula en Vaca Muerta, valora positivamente la cercanía a importantes cursos de agua y la infraestructura ya existente. Así, bienes subterráneos y superficiales se complementan con la historia del desarrollo de esta industria a nivel local, debido a que las instituciones e infraestructuras son necesarias para lograr extraer los hidrocarburos desde la formación geológica (Álvarez, 2016).
De este modo entendemos que Vaca Muerta se compone también de una red de infraestructura existente y en proceso de instalación. Sus límites, entonces, lejos de ser claros, como supone la idea de los 30 mil km2, se difuminan en amplias regiones. Caminos, rutas, ductos y transferencias bancarias constituyen eslabones necesarios para que la extracción se realice. Más allá de las infraestructuras tradicionales, este tipo de explotación genera infraestructuras financieras y jurídicas, que rozan lo ilegítimo. Esas instituciones como las empresas offshore (asentadas en paraísos fiscales como Delaware e Islas Caiman, entre otros), permiten por un lado, gestionar la financiación necesaria para la explotación y, por otro, liberar a las corporaciones de las obligaciones en caso de demandas posteriores. Al mismo tiempo, la juridicidad internacional y sus cortes intervienen en las disputas situadas dentro de las fronteras estatales, como establecen los acuerdos arribados con las compañías trasnacionales.
En 2019 Vaca Muerta está dividida en 200 áreas en las que operan las empresas YPF, PAE, Total, Pampa Energía, Exxon, Tecpetrol, Wintershall, Y‐SUR, Entre Lomas, Capex, Medanito y Shell, entre otras compañías que poseen la concesión para explorar o explotar un área hidrocarburífera y que contratan a decenas de otras para concretarlo.
Estas áreas se superponen con algunas zonas de alta sensibilidad. Es el caso del Área Natural Protegida Auca Mahuida, que ha sido intervenida con más de setenta pozos convencionales y uno no convencional, operado por la empresa francesa Total, amenazando esa importante área de conservación patagónica. Otros pozos no convencionales han tenido accidentes graves como la pérdida de pastillas radioactivas -que implicaron el sellado de esos pozos- y el incendio de otros, incluso dentro de zonas urbanas, como ocurrió en 2013 en la ciudad de Plottier. Además de Plottier, otras urbes han sufrido con el avance sistemático de pozos de tight gas que conviven a metros de casas de barrios humildes. Dichas poblaciones también están afectadas por la contaminación generada en los basureros petroleros; plantas de tratamiento que han tenido un crecimiento exponencial en la era del fracking, como es el caso de Comarsa que creció un 465% entre 2009 y 2014 (Álvarez, 2017).
Al mismo tiempo está el caso de la comunidad mapuche Campo Maripe, poseedora ancestral del territorio concesionado a YPF-Chevron. La comunidad no solo vio vulnerado su derecho a consulta, sino que ha sido constantemente reprimida, hasta el punto de sufrir la quema de tres de sus casas durante la aprobación del acuerdo petrolero (Periódico 8300, 2013). Al igual que otras comunidades como Futra Trayen, ha sido judicializada y criminalizada. Además, la intensidad del avance de los pozos ha provocado diversos accidentes, incendios y fugas de gas en estos territorios (Periódico 8300, 2014; La Izquierda Diario, 2015).
Otra zona amenazada por el avance del tight gas es el Alto Valle del Río Negro, principal zona de producción de manzanas y peras en el país. El desembarco no convencional, generó una nueva crisis de esta actividad, amenazada tanto por el proceso especulativo inmobiliario de la industria, como por la posible contaminación de estas tierras, con productores que han alertado la pérdida de mercados por la imposible convivencia de ambas actividades (Álvarez, 2017).
Por último, consideraremos también como impactos, las malas prácticas que han provocado diversos accidentes laborales algunos con el resultado de la muerte de los operarios. Podemos decir que esta es una consecuencia no prevista del fracking que no tiene directa relación con la técnica en si misma sino que, entendemos, está dada por dos factores que confluyen: en primer lugar las características de la explotación no convencional exigen una explotación más intensiva en los territorios, lo que vinculado a la exigencia de mostrar resultados en Vaca Muerta y el esquema de subsidios –que veremos más adelante- resultan es la minimización de los sistemas de seguridad y una maximización de la toma de riesgos por parte de los trabajadores. En segundo término consideramos que el crecimiento de este tipo de accidentes tienen directa relación con la firma en 2017 de una adenda del convenio colectivo que multiplicó las horas de trabajo y redujo la cantidad de operarios (García, 2018).
A estos impactos “tangibles” deben sumarse los que hoy no pueden ser calculados, como la contaminación de fuentes de agua subterránea, así como a la tierra y el aire, que podrán repercutir en la salud pública de los y las habitantes de la zona, así como de las personas que trabajan en el sector.
Todos estos impactos redundan en un proceso no solo de violencia física sino también simbólica, como la violación del derecho ambiental e indígena, la criminalización de activistas, sindicalistas e indígenas por protestas en contra del fracking y la modificación de reglamentos legales en favor de las demandas corporativas (Gutiérrez, 2014). La instalación de la narrativa pro Vaca Muerta y su explotación intensiva impidieron la democratización de la discusión tanto en torno a la política energética a nivel nacional –como es el caso de la imposición de una nueva ley de hidrocarburos en favor de la explotación de Vaca Muerta en 2014- como de la vocación y el futuro productivo de los territorios locales.
Haciendo una lectura más amplia de los conflictos sociales en torno a Vaca Muerta –como la criminalización de las comunidades mapuche y otras organizaciones sociales, la política de impedir los territorios libres de fracking y el cercenamiento de los debates democráticos en torno a la explotación petrolera- muestran a un Estado completamente activo en todas sus instancias buscando asegurar la actividad petrolera aplicando, para esto, diversas formas de violencia simbólica y física.
En resumen, al complejo entramado de infraestructura se le suman los multidimensionales impactos propios de un megaproyecto de estas características. Dichos impactos podemos resumirlos en 1) al ambiente, como es el caso de Auca Mahuida, los accidentes en los sitios de extracción y los basureros petroleros; 2) a la legislación indígena, como es el caso de las comunidades mapuche, con la consabida represión de sus miembros y criminalización de sus autoridades; 3) a la salud tanto de la población general –como es el caso de los basureros petroleros- como en particular de quienes habitan los sitios de extracción, ya sean habitantes locales o trabajadores; 4) a las actividades productivas preexistentes, como la fruticultura del Alto Valle; 5) a los derechos laborales a partir de la flexibilización de los convenios colectivos y la baja seguridad laboral que ha llevado a numerosas muertes de trabajadores petroleros. Todos estos se conjugan con 6) la violencia simbólica ejercida a través de la imposibilidad de llevar a la práctica un proceso democrático de discusión en torno a los derechos antes mencionados, así como la imposición de reglamentos legales o judiciales que impiden proponer otra matriz productiva para estos territorios.
Un modelo sostenido por el Estado
El tercer elemento relevante para pensar el caso Argentino, es el sostenimiento del megaproyecto Vaca Muerta, a través de una decidida acción estatal que posibilitó su desarrollo.
En un primer periodo, la administración kirchnerista facilitó la puesta en marcha del megaproyecto Vaca Muerta, a través de una serie de normas y leyes, como el programa “gas plus” que aumenta los precios de los nuevos pozos de gas y la Ley de Hidrocarburos de 2014; y en su rol de empresa a través de la búsqueda de socios comerciales para YPF. A escala local, esta última tendencia fue precedida por el gobierno neuquino.
El escenario internacional, sin embargo, conspiró en contra del megaproyecto, debido a la sostenida baja del precio del petróleo que aún en 2019 no retoma los valores que se registraron en 2014. Debido a los altos costos del megaproyecto -según el ex CEO Miguel Galuccio, el barril de petróleo no convencional tendría un valor “marginalmente rentable” a partir de los 84 dólares- el entonces gobierno de Cristina Fernández implementó un sistema de sostenimiento de precios más altos del petróleo a nivel nacional, cercanos a un doble del valor internacional.
A través de este “barril criollo” fueron transferidos 5,370 millones de dólares entre diciembre de 2014 y mayo de 2016 hacia las empresas operadoras. De este modo la administración kirchnerista mantuvo a un valor promedio de 70 dólares el barril de petróleo para el periodo enero-noviembre de 2015, mientras que el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de una fuerte devaluación del peso, sostuvo esta política reduciendo su valor promedio a 60 dólares en el periodo diciembre 2015-mayo 2016 (López, García, Kofman, 2016). Así, el grueso de la rentabilidad del sector fue sostenido por los consumidores finales que sufrieron aumentos cercanos al 150% en las tarifas de combustibles durante el periodo de administración de la YPF kirchnerista.
En el sector gasífero se implementó también un sistema de transferencias a través de una serie de estímulos con el objetivo de aumentar los niveles de extracción de gas. De este modo a partir de 2008 la gestión kirchnerista inició varios planes y normativas que fueron continuadas por el gobierno de Macri, que sumaron 12,316 millones de dólares en transferencias entre 2008 y mediados de 2016. Las transferencias totales al sector sumaron 21,535 millones de dólares entre el cuarto trimestre 2008 y el segundo trimestre de 2016, de los cuales 13,313 millones de dólares fueron entregados de manera directa por el Estado. A modo comparativo esto es más del doble de lo invertido por el Estado en el área de ciencia y tecnología en igual periodo, y un 60% más de lo que las operadoras pagan en salarios (López, García, Kofman, 2016). Así, a través de este complejo esquema de subsidios y programas de estímulo, el Estado logró rentabilizar la explotación de hidrocarburos con especial interés en el megaproyecto de Vaca Muerta logrando, al menos en parte, mantener la operación en la región en tiempos del petróleo bajo.
En ese sentido puede trazarse una línea de continuidad entre la política energética de Cristina Fernández y la de Mauricio Macri. Sin embargo esta equivalencia solo puede encontrarse en lo que refiere al incentivo a las empresas. Una vez llegado al gobierno, el ex CEO de la empresa Shell y nuevo ministro de Energía, Juan José Aranguren, inició una política de quita de subsidios de gas y electricidad a las y los usuarios tanto residenciales, como comerciales. Esta política conocida popularmente como “tarifazo” implicó aumentos cercanos al 400% en gas y 1000% de luz en una primer etapa, que se aplicaron a pesar de la alta conflictividad social desatada por estos anuncios. El Gobierno de la alianza política Cambiemos, justificó políticamente esta impopular medida con discursos que atacaban los subsidios a los sectores residenciales implementados por el kirchnerismo, además de argumentar un supuesto “valor real de la energía”. En rigor, ese supuesto precio es un acuerdo entre el Estado y las empresas, por ende, lo que los funcionarios macristas defendían era la tasa de ganancia de las distintas compañías del sector energético.
La oposición popular obligó a retrasar para 2017 el nuevo esquema de programas de estímulo, que buscaba disminuir las cuantiosas transferencias desde el Estado nacional a las empresas del sector y reemplazarlas por el alza de las tarifas de estos servicios públicos.
Ante la virtual paralización del megaproyecto Vaca Muerta en 2016 y la amenaza de masivos despidos, a comienzos de 2017 el Gobierno logró un acuerdo con empresas, Gobiernos provinciales y sindicatos para establecer una adenda al contrato colectivo que incluía una serie de elementos de flexibilización laboral (EJES, 2017). Al mismo tiempo estableció, ahora sí, una modificación del programa de subsidios, por la que quitaba los estímulos, excepto para las explotaciones no convencionales en la cuenca Neuquina, centrando la inversión en el Megaproyecto Vaca Muerta.
Esta reconfiguración del esquema de subsidios no afectó los márgenes de ganancia de las empresas debido a que fue reemplazado en parte por transferencias desde los distintos sectores de consumo. A pesar de ello, de acuerdo a la investigación “Ganadores y perdedores en la Argentina de los hidrocarburos no convencionales”, del Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental, estas políticas no implicaron un aumento en la inversión de las compañías -de hecho, se redujeron un 36 % de 2015 a 2016-, ni impidió que facturaran en dólares números similares a los años anteriores (la tasa de ganancia de estas empresas se mantiene estable desde 2011). Las otras grandes beneficiadas por el esquema mencionado fueron las empresas que se ubican en el segmento entre la operación y el consumo (como Transportadora Gas del Norte, Capex y Metrogas), y que se han transformado en las que más crecieron en la bolsa de valores de Buenos Aires entre 2015 y 2017 (García Zanotti et al., 2017).
En contrapartida, debido a esta política el impacto en los hogares fue muy fuerte, pero desigual. Entre 2015 y 2017 los y las usuarias del 10 % de los hogares más pobres perdieron un 4.62 % de sus ingresos por el costo más elevado del gas, en tanto que el decil de mayor ingreso perdió el 0.73 % de su capacidad de consumo. Por su parte en 2016 se destruyeron 3417 puestos de trabajo, a los que se suma la pérdida de una serie de derechos laborales por la modificación del convenio colectivo (García Zanotti et al., 2017).
En definitiva, la nueva política macrista condujo a una concentración del sector corporativo, que se vio ampliamente beneficiado por el nuevo esquema de subsidios, ahora sustentado en su mayor parte por transferencias desde los distintos sectores de usuarios/as y consumidores.
Entre las continuidades y rupturas de la política de Mauricio Macri, parece claro que tuvo una agenda propia: otorgó nuevos beneficios a las empresas y generó mayor carga sobre los sectores que utilizan la energía como un servicio público, además de una mayor precarización laboral. Pero al mismo tiempo existen una serie de elementos de continuidad, como la política de mantener inalterados los volúmenes de ganancia de las compañías o el sostenimiento de YPF como Sociedad Anónima con un tipo de gestión empresarial, aunque controlada por el Gobierno nacional. El kirchnerismo sentó una serie de bases normativas y legales que facilitaron las políticas del Gobierno macrista: a grandes rasgos el marco legal del sector permanece sin modificaciones e incluso se ha profundizado (en el caso hidrocarburífero) desde la aplicación de las políticas neoliberales. Y recordemos también que la Ley de Hidrocarburos, a pesar de sus innumerables reformas, es la sancionada por el dictador Juan Carlos Onganía en 1967.
Todas estas coincidencias y sus matices se ven sintetizadas en Vaca Muerta. Es cierto que la YPF kirchnerista diagramó salidas alternativas que fracasaron (nuevas cuencas, recuperación secundaria y terciaria, entre otras), además de Vaca Muerta. Sin embargo, es evidente que ambos Gobiernos buscaron de manera casi ciega promover la explotación de esta formación, apuntando todos los cañones legales, políticos y financieros hacia la cuenca Neuquina. De esta forma, lograron iniciar su explotación en tiempos del petróleo bajo.
Consideraciones finales
En síntesis, el modelo petrolero argentino tiene una insostenible dependencia de los hidrocarburos, en especial del gas. La ausencia de estos recursos acordes a los niveles de consumo, marcó una fuerte crisis que comprometió a todos los sectores económicos a partir de 2010, debido al desbalance energético. Ante esta crisis la respuesta fue la explotación masiva de la formación de shale en Vaca Muerta, a pesar de las dificultades que presentaba en el orden geológico, financiero, ambiental, social, técnico y político.
El desarrollo de este megaproyecto lo hace único en América Latina y a nivel global, y por tanto, sus principales características son interesantes de ser estudiadas. Las zonas sacrificadas para el desarrollo no convencional han implicado fuertes impactos en la vida de miles de personas en zonas como ciudades, comunidades mapuche, áreas productivas y sitios de producción frutícola. Por otra parte la baja del precio del petróleo provocó que el Estado y los y las ciudadanas tuvieran que sostener el sector a través de un millonario traspaso financiero, que sin embargo no ha logrado llevar a los niveles de extracción a los números pre Vaca Muerta. Sin embargo la instalación del megaproyecto como único camino posible por parte del discurso de la colonialidad del poder, impide que sectores amplios de la población puedan debatir y plantear escenarios alternativos.
El diagnóstico de que Argentina tiene una crisis energética es transversal a todos los sectores políticos. Estos sectores, sin embargo no han podido resolverlo, en parte porque se han maniatado al poder corporativo de las empresas, particularmente las petroleras. Cada vez que se ha tenido que sustentar una política pública fuerte, esta ha estado orientada a la extracción de hidrocarburos. Debe entenderse entonces que existe un consenso fósil entre los sectores de poder sustentado por sus pilares: gobierno nacional, provincias petroleras, compañías (nacionales y extranjeras), y sindicatos. Este consenso si bien está centrado en el beneficio económico que tiene para las partes, es multidimensional: se mantiene debido a un aceitado sistema de favores, corrupción, facilidades técnicas, entre otros.
Sin embargo detrás de los discursos oficiales existe una trama de comunidades y organizaciones sociales que confrontan la naturalización de la explotación de Vaca Muerta y, por consiguiente, de la orientación del modelo energético argentino. Esta discusión parte de la base de la necesidad de romper con el consenso fósil instalado, de manera de modificar la extrema dependencia hidrocarburífera del país, como un primer paso para una democratización que entienda al pueblo como un usuario de la energía y no como un consumidor. Esto significa que los insumos energéticos que permiten tener una vida digna deberían estar garantizados por el Estado en tanto derecho humano colectivo, que se disputa en la política y que reside en los pueblos.
Esto solo será posible a través de un proceso de transición que permita una transformación de la sociedad y sus modos de producción, distribución, generación y consumo de energía. Asimismo esta transición debe tener como fin una modificación tanto del modelo de desarrollo que sustenta al energético, como de las condiciones de explotación de la naturaleza y las personas; para encontrar una vía de salida de esta civilización petrolera que, al menos en Argentina, es una consabida crisis energética constante.
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