Se mantiene la relación entre autorizados en velar por los bienes de una cultura y darle acceso a la ciudadanía, cuando ya sabemos que en estos temas es completamente a la inversa.
Por: Samuel Toro. Licenciado en Arte. Candidato a Doctor en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad, UV.
El proyecto de ley de patrimonio, para modificar la Nº 17.288, que el gobierno ha llevado al Congreso, con suma urgencia, no nos puede pasar desapercibido, muy por el contrario debe mantenernos muy atentos y atentas dada la nula participación (solo reactiva hasta ahora) de las y los actores que se encuentran directamente involucrados, tanto en los estudios e investigaciones patrimoniales como en la afectación que corresponde a quienes vivencian la precariedad y abandono estatal con respecto a contextos territoriales como es el caso de los pueblos originarios.
Si se aprueba el proyecto tal como está, luego justificaría, bajo el amparo (valga la redundancia) de la legalidad, mayor usurpación y privatización de las ya comunidades indígenas saqueadas, así como la compra, sin mayores mediaciones “ciudadanas” de bienes muebles, quitándole, incluso, el grado de autonomía que le pudiese corresponder al Consejo de Monumentos Nacionales. De ser aprobado la verticalidad presidencialista de turno podrá pasar por encima (sin mayores debates) de las consideraciones del consejo antes mencionado. ¿Por qué querer atribuir las decisiones en esta materia directamente a un gobierno particular y no considerar la discusión y argumentos de expertos y expertas en el tema, así como a la población organizada en estos temas, a las cuales les compete (y nos compete) de manera directa muchas de las decisiones que se tomen en materia patrimonial? ¿Por qué la urgencia de esto como ley? Así como se han dado las cosas en lo que va de este gobierno no sería extraño pensar que el resguardo, potenciamiento e inversión pública de los bienes culturales que se les atribuyan bienes patrimoniales no es de interés sino en tanto bien de consumo, o bien de capitalización segmentada a perspectivas económicas tecnocráticas. Es decir, los bienes como excusa para la ya conocida privatización y especulación, así como la posibilidad de allanar el camino en lo que concierne a la búsqueda de recursos naturales sin mayores problemas legales. En este sentido, lo considerado como patrimonio intangible, como es el caso de las costumbres y ritos de las comunidades indígenas no serían consideradas como tales (solo en la discusión a oídos sordos), sino como la eliminación de un obstáculo para lo que mejor (y hoy en día cada vez peor) sabe hacer una dministración como la actual: productividad, pero una con lógicas de pensamiento decimonónicos.
Parte de las declaraciones que se escuchan, y se seguirán escuchando, es sobre esa concepción paternalista y verticalista donde el Estado (o más bien el gobierno) es quién da los accesos culturals a la población. Esto último muestra, claramente, la visión ilustrada decimonónica que mencioné antes, pues se mantiene la relación entre autorizados en velar por los bienes de una cultura y darle acceso a la ciudadanía, cuando ya sabemos que en estos temas es completamente a la inversa. Y esto último sin considerar que esa supuesta experiencia de cultura verticalista no se maneja con las personas expertas. Incluso es un tipo de herencia ilustrada, peor que la de más de 150 años atrás, pues no existe el estadista con la intención de la absurda entrega superior del conocimiento al pueblo, sino peor aun, es la administración de los bienes culturales de una nación por parte de tecnócratas que usan términos de inclusión, pero que, en la práctica, los intereses de lo procomún no los comprenden, o simplemente no les importa.
Actores claves en la discusión para la elaboración del proyecto debiesen ser, entre otros (los cuales ya han sacado sus propios comunicados públicos): el Colegio de Antropólogos, Sociedad Chilena de Antropología Biológica, representantes de los Pueblos Indígenas, Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile, Sociedad Chilena de Arqueología, Comité de Patrimonio arquitectónico y ambiente del Colegio de Arquitectos de Chile, Asociación Chilena de Barrios y zonas Patrimoniales, Asociación Nacional de trabajadores/as del Patrimonio, Asociación Nacional de funcionarios y funcionarias del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Asociación Gremial del Consejo de Monumentos Nacionales, Comunidad de Historia Mapuche, Fundación APUS (Ambiente Patrimonio Urbano Sustentable), multiplicidad de organizaciones y comunidades de artistas y un largo etcétera de organizaciones ocupadas y dedicadas al tema, las cuales han tenido nula participación consultiva en la redacción y tramitación del proyecto de ley, el cual no tiene en lo más mínimo un espíritu democrático, pues, si bien, el sistema actual permite la realización de estos proyectos por la vía en que se está realizando, solo no representa lo básico de las relaciones democráticas (no basta con el voto, del tipo que sea) y menos el intento de su fortalecimiento, sino, más bien, usarla solo como discurso vacío para vías de un poder en extinción.
