Si, por su lado, el parlamento chileno aún privilegia las leyes que han construido el colonialismo interno desde 1857, y el poder judicial chileno no puede evadir su responsabilidad, (…) la irresponsable Gloria Navellan ha cruzado todos los límites para burlarse de la familia que ha sido víctima de crimen…
Wallmapu, 31 de diciembre del 2018
Por Eduardo Curín Paillavil
Termina un año en Chile y el Wall mapu bajo una creciente movilización del pueblo mapuche, que sin tregua, ni temor copan la agenda política nacional e internacional reafirmando en los campos, ciudades, universidades y lof sus derechos jamás renunciados, expresado con protestas en las calles, carreteras y oficinas públicas tomadas.
Contrario a opiniones de algunos analistas, el movimiento mapuche solo avanza y no retrocede, menos se derrota, como alguien escribiese antojadizamente con los anuncios del plan impulsa del gobierno de Sebastián Piñera.
Desesperados los oligarcas chilenos, divididos entre sí, se culpan unos a otros de su fracaso delictual, e incluso al interior de ella, surgen voces institucionales responsabilizando a carabineros de todos los hechos, acusándole públicamente de mentirosos sin asumir el más mínimo de sentido de autocrítica política, menos aún de responsabilidad de mandos.
Otras desesperadas voces civiles intentan acusar directamente al sector político de sus filas de abandono del plan y piden «ponerse los pantalones» al presidente, como públicamente manifiesta la dirigente gremial Gloria Navellan, quien deja entre ver que todos los reaccionarios sabían del plan de ejecución contra Camilo Catrillanca y que el montaje político era un acuerdo del gobierno y un importante sector de la multi-gremial.
¿Debería sorprendernos que la derecha y las élites chilenas hagan montajes? Claramente, a la luz de los hechos, no. De montajes para justificar la militarización del Wall mapu, existen abundantes pruebas empíricas y judicialmente establecidas.
Empujadas las contradicciones políticas a su actual nivel, entonces, es de sentido común que debería ser hora para que la justicia ordinaria actúe en total conformidad a las normas nacionales e internacionales sobre los derechos que protegen a las víctimas. sin embargo, tibias son las reacciones, dejando en completo manto de duda la justicia efectiva, situación que lleva a la sociedad mapuche a llamar, en total legitimidad, a la desobediencia mapuche, que escala segundo a segundo en mayor crecimiento y adherencia.
No exento de preocupación es la reacción del parlamento chileno, que ajustada a la democracia pinochetista, burocratiza la solicitud del movimiento mapuche a establecer una sesión especial que aborde la violencia y la agenda para construir la paz firme y duradera en el Wall mapu. Siendo finalmente el parlamento, el órgano que debería velar por el dialogo político informado de los derechos de los pueblos indígenas alcanzado en la esfera internacional, privilegia las leyes que han construido la violencia sistemática del colonialismo interno desde el año 1857, en que el mismo congreso resolviese aprobar la invasión del Wall mapu con fondos públicos en lo que se conoce como la Pacificación de 1881.
Situado el análisis en estos términos, la complicidad del parlamento actual, es altamente preocupante, persiste en mantener el estado de las cosas en los mismos términos que propusiese Cornelio Saavedra, dejando de manifiesto que empatiza más con la ocupación militar que con la justicia humanitaria.
Aunque parezca tozudo e ingenuo, las instituciones mapuche desde Temucuicui, han mostrado profunda capacidad diplomática al desplegar una delegación a plantear una “sesión especial” directamente en el congreso chileno en virtud de una posible crisis humanitaria de proporciones incalculable.
En el mismo orden, aún se espera imparcialidad del poder judicial, aunque pareciese imposible, es tarea política de cualquier nación del mundo, la acción cauta y correcta de este órgano, se apela a que existen elementos y condiciones más que suficientes para que este no sea cómplice de violaciones de derechos humanos como ocurriese en dictadura militar de Pinochet.
Si el poder judicial chileno, evade esta responsabilidad teniendo todos estos antecedentes, simplemente será cómplice de propiciar la doctrina del racismo y la discriminación, podrá excusarse en los medios, pero ante la historia, siempre será cómplice de encubrir, proteger y promover a hombres como Luis Mayol, Andres Chadwick y Cecilia Pérez. Del mismo modo lo es la reciente, cavernaria e irresponsable, Gloria Navellan, que ha cruzado todos los límites para burlarse de la familia que ha sido víctima de crimen y persecución de agentes de estado, en todo sentido.
Esperamos el poder judicial condene y evite el apartheid, como también persiga el uso malicioso de los medios para promover el odio indiscriminado, por ende deberá el ministerio público procesar e investigar a organizaciones criminales que operan en impunidad usando la figura del estado.
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