La policía depende del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por lo que la responsabilidad política sobre los hechos ocurridos en Ercilla depende exclusivamente del ministro del Interior.
• Por Diego Ancalao.
15 de noviembre de 2018
La estrategia del Gobierno para resolver el conflicto entre el Estado y el Pueblo Mapuche, a juicio del Ejecutivo pareciera que consiste en enviar un comando de operaciones policiales preparado en extranjero para combatir el terrorismo y los carteles de la droga, a una región en que hay un pueblo reivindicando derechos políticos y territoriales. Esto es una paradoja, ya que los carteles del narco terrorismo están en Santiago e Iquique fundamentalmente.
En efecto, el llamado comando Jungla se preparó en Colombia donde se descubrió la operación policial “Falso Positivo”, donde agentes de la policía mataban a civiles inocentes para culpar de terrorismo a las FARC; y segundo, que procesan a personas inocentes acusándolas de terroristas que finalmente terminan absueltas y luego se querellan contra el Estado por cientos de millones, por acusaciones y condenas falsas. Tras esto, se puede concluir que llevar a un comando policial a prepararse a Colombia no trae como resultado mediaciones ni negociaciones políticas, sino que están preparados para asesinar personas.
Y este es lo que ocurrió en Ercilla donde efectivos de la policía asesinaron a Camilo Catrillanca Marín, de 24 años de edad, en medio de un operativo de dudosa legalidad del Comando Jungla, que viene a confirmar que el Gobierno de Sebastián Piñera reforzaría la seguridad en la zona, para grandes empresarios que exigen una mayor protección a sus fundos para la explotación.
El poder del Estado es para “proteger a los más débiles de la opresión, contener a los ambiciosos y asegurar a cada uno la posesión de lo que les pertenece”, así lo dice hasta el Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau. Pacto que claramente está violando hoy el Gobierno.
Llama la atención que hablen de la necesaria paz en la Araucanía por métodos violentos, cuyo resultado sería más violencia, lo que acredita que hay un desmedido intento en transformar el problema político entre el Estado y el Pueblo Mapuche -que nace desde la violación del Tratado de Tapihue, firmado en 1825, en el Gobierno de Ramón Freire-, en un problema de seguridad pública.
Así, la actual administración permanece transformando este histórico caso en un conflicto de delincuencia común como lo declara el Intendente Mayol, o para el ministro Moreno que cree que el origen del conflicto es la pobreza. Esto, es absolutamente, falso.
Este problema político lo intentaron resolver por medios violentos, los Presidente José Joaquín Pérez y Domingo Santa María, enviando una dotación militar con armamento de guerra a La Araucanía, asesinando a mujeres y niños inocentes, entre 1861 a 1883. Hoy, 130 años después, es posible concluir que ésa estrategia violenta y fracasada, la sigue aplicando el actual gobierno y que no podemos volver a permitir.
La policía depende del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por lo que la responsabilidad política sobre los hechos ocurridos en Ercilla depende exclusivamente del ministro del Interior, por lo tanto, lo que corresponde acá, es que los parlamentarios deben tomar decisiones políticas y exigir que el ministro Chadwick responda por estas acciones mediante una interpelación.
Paralelamente, el debido proceso debe condenar a los culpables, porque no es la primera vez que ocurre esto, solo debemos recordar que efectivos de Carabineros asesinaron por la espalda a Marías Catrileo, lo que hoy se está repitiendo.
Estoy convencido que la no violencia es el camino y no el fin y me niego a creer que en democracia se intente resolver el problema político entre el Estado y el Pueblo Mapuche por medios policiales, judiciales y militares, violentos que fomentan las distancias. No sólo, porque la historia ha demostrado que esa vía es equivocada y que causa dolor a inocentes, sino porque no se puede lograr la paz, a través de la represión.
