El territorio mendocino o provincia de Mendoza, se ubica al centro oeste de la república Argentina, su gran cantidad de reservas naturales y producción agrícola orientada a la producción vitivinícola, la convierten es un destino turístico obligado para todos/as quienes visitan Argentina, no obstante, todo ese potencial está siendo hoy amenazado hoy por el fracking, que es una técnica extractiva de petróleo y gas no convencionales que genera enormes daños sobre las napeas acuíferas subterráneas, básicamente porque hacer estallar, mediante mucha presión de agua y productos químicos, las rocas subterraneas donde se forma gas y petróleo. Francia y Bulgaria son dos ejemplos de países donde el fracking está prohibido.
Por Colectivo Mapuexpress, 12 de agosto de 2018
Según han denunciado las organizaciones agrupadas en asambleas populares para hacer frente a estas problemática socio-ambientales, las industrias extractivas han tenido transito libre en Mendoza, gracias al beneplácito del poder del ejecutivo que respalda este tipo de proyectos, sin consultas previas ni un debate con la ciudadanía sobre el modelo de desarrollo que se quiere para el territorio.
En este contexto, a través de asambleas y organizaciones, los vecinos de Mendoza pelean desde el año 2013 contra el fracking. Gracias a su lucha, ese año cuatro departamentos consiguieron prohibir el fracking luego de que se establecieran las primeras ordenanzas municipales. Trece años atrás consiguieron que se aprobara la ley 7722, que frenó la megaminería.
“Hacía tiempo que veníamos hablando en Mendoza desde las asambleas sobre distintos proyectos extractivos que amenazan hoy nuestro territorio, pero hasta que no ocurrió lo de este decreto arbitrario[1], no sé hizo nuestra lucha tan visible”, cuenta Claudia Freire, miembro de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, refiriéndose a los trampeos legales que han favorecido a la industria petrolífera en Mendoza y la lucha de la población para hacer valederos ciertos derechos que resguardan a las comunidades de los impactos del modelo energético.
¿Hacia dónde está orientada la lucha del pueblo mendocino hoy de cara al modelo extractivista?
Nuestra lucha básicamente está orientada a la defensa por el agua, porque creemos que el agua es transversal a cualquier otra problemática, siendo un tema muy presente hoy. Antes en el año 2011, logramos como asamblea, el archivo del proyecto mega minero San Jorge que era de una subsidiaria de la empresa Barrick Gold, que también está presente en Chile a través del proyecto Pascualama. Lo que quiere decir es que, gracias a la acción popular, en Mendoza aún no ha ingresado la minería a cielo abierto.
Es decir que todas nuestras luchas están atravesadas por el agua. Otra gran lucha que tuvimos en Mendoza y que todavía tenemos que sostener, es por una ley que se logró gracias a la acción popular, que es una ley provincial (Ley Nro. 7722) que fue en defensa de nuestra agua y por los embates de las mega mineras. Esta ley ayudó a que se prohíba el uso de sustancias toxicas por parte de la minería metalífera y lo más importante, la ratificación del poder legislativo de ir poniendo coto a la decisión de un ejecutivo por avalar estos proyectos.
Es decir, desde el año 1994, cuando se sancionó la ley nacional de minería, dejó toda la potestad al poder ejecutivo para decidir sobre proyectos mineros, entonces la ley 7722, al ser ratificada a nivel legislativo, dio la posibilidad a nuestros representantes de recurrir a esta normativa para poner límites a la mega minería. Por eso, al momento de esta discusión, estuvimos ahí para recordarles que tenían que obedecer a la ciudadanía toda. Sin embargo, por una coyuntura política (año electoral) nadie quiso asumir el costo político de permitir el ingreso de la minera. Dicho esto, ahora nuevamente hay un embate sobre el agua de Mendoza a través de la técnica del fracking que utiliza un montón de agua para sus faenas y con una enorme contaminación a cuestas mientras se desarrolla el proceso.
¿Cómo se compone o se organiza la Asamblea popular por el agua en Mendoza?
En Mendoza, existen muchas asambleas que tienen la misma naturaleza de ser vecinos auto convocados, la asamblea en la que yo participo forma parte de otras instancias más amplias de asamblea dentro de la provincia. Por eso quise contar la historia de la sanción de ley 7722, porque nuestra asamblea surge como resultado del levantamiento de los pueblos del Departamento General Alvear y San Carlos del Valle de Uco. Ambas eran zonas afectadas por un proyecto petrolero que se quería instalar en estos reservorios naturales, entonces la gente de estos territorios levantó una poblada histórica en Mendoza que dio como resultado la sanción de esta ley, entonces en ese contexto es que surge la asamblea popular por el agua de Mendoza y otra cantidad de asambleas en toda la provincia, las cuales nos nucleamos a través de otra gran asamblea que sería AMPAP (Asambleas Mendocinas por el Agua Pura).
¿Qué alternativas visualizan para contrarrestar el avance del fracking?
Primero que nada, la movilización popular, así como se pudo archivar San Jorge, creemos que hoy vamos a lograr una ley de prohibición de fracking en toda la provincia, las estrategias tienen que ser combinadas, es decir la gente en la calle e informada, porque si hay algo que este gobierno actual está haciendo, es apelar a la desinformación, porque francamente puedo decir con toda seguridad de que el gobierno nos miente a los mendocinos.
Las estrategias nuestras son la información, el escrache a los medios de comunicación y a los actores del gobierno que nos están perjudicando, obviamente también a las megaempresas que conforman estas presiones a los gobernantes.
Estas estrategias tienen que ser combinadas porque creemos que la acción en la calle y nuestro lobby sobre los legisladores se complementan bien, pues, lamentablemente nuestras peticiones son no vinculantes y funcionan como termómetros políticos, al momento de la toma de decisiones que les puedan generar costos políticos a las/os congresistas.
En este momento, se da una coyuntura especial en Argentina, producto de que hay una fuerte oposición del gobierno que gobernaba anteriormente, que hoy mágicamente se han transformado en antifracking, entonces estamos conversando con esos legisladores y hemos conseguido el compromiso de al menos 5 de ellos en la cámara de diputados que van a apoyar un anteproyecto que nosotros hemos presentado como asambleas y que lo han tomado ellos para tratarlo en comisión, por lo cual esperamos se desarrolle mediante una comisión plenaria, pues sabemos que tenemos pocas opciones de obtener resultados en la cámara alta (senado) que está controlada por el partido oficialista, no obstante, teniendo votos en la cámara caja, ya tenemos muchas opciones de sancionar la ley de prohibición del fracking en todo el territorio de Mendoza.
¿Existe alguna otra alternativa a la energía que produce el fracking?
Es algo que se tiene que discutir muchísimo, porque también se están cuestionando las llamadas energías alternativas, donde entran los parques eólicos, por ejemplo. Estamos inevitablemente experimentando lo que ha sido el clímax y también crisis del petróleo, cuyo recurso se está terminando.
Entonces pensamos que es muy importante implementar estrategias en vías a la sustitución de esta fuente de energía que se está terminando y desde ahí pensamos que no puede ser cualquier alternativa, pero si, al menos que los grandes capitales tengan la tendencia a invertir en la producción de nuevas energías y no en tratar de estrujar hasta lo último que queda de recurso natural como en el caso del fracking. Creo que estaríamos yendo hacia un camino más de dialogo y de apertura, pero parece que los caminos se cierran con el petróleo y nadie piensa que va a pasar después. Es un gran debate que llevar adelante y ni siquiera se está discutiendo acerca de la nueva matriz energética.
*La presente entrevista es parte del Proyecto “Comunidades y territorios mapuche en articulación contra el extractivismo energético”, ejecutado por el Colectivo Mapuexpress con el apoyo del Fundo Socioambiental Casa.
[1] El período actual de lucha comenzó en 2017 a raíz del decreto 248/18 del gobernador, que reglamentó el uso de la técnica del fracking, que ya estaba permitido a nivel nacional por el gobierno kirchnerista (cuando firmó el 16 de julio de 2013 el acuerdo entre YPF y Chevron para explotar Vaca Muerta).
