En el contexto de la última Asamblea Nacional de la Asociación de Funcionarios de Conadi, realizada en Temuco durante la primera semana de junio, conversamos con Salvador Millaleo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien fue invitado a esta instancia gremial para analizar la situación de los derechos indígenas en Chile, los cuales, a pesar de haber sido ratificados e implementados como parte de la legislación nacional, en las últimas semanas han sido fuertemente cuestionados, especialmente por sectores empresariales que ven en el Convenio 169 e la OIT y la Ley Lafquenche, un obstáculo para las inversiones, expresadas principalmente a través de mega-proyectos energéticos.
Por otro lado, el gobierno viene proponiendo flexibilizar la venta de tierras indígenas, lo que se contrapone a la importancia cultural que asignan los pueblos indígenas a este elemento y el estándar internacional de derechos en la materia, entre otros temas que son de interés para la relación entre el Estado chileno y el Pueblo Mapuche. A continuación compartimos, lo que fue nuestra conversación con este destacado académico y profesional mapuche, en el marco de su visita a Temuco.
¿Cuál es visión sobre la “nueva política indígena” que viene anunciando -a través de los medios- el Gobierno de Sebastián Piñera?
SM: Lo primero que se debe precisar, es que todavía no existe una nueva política indígena, mas allá de lo que se pudo percibir en el programa de Piñera durante su campaña presidencial y el establecimiento de una comisión que se encuentra preparando el Plan Impulso Araucanía, el cual va a tener recién un informe en el mes de agosto. El presidente ha dilatado hasta esa fecha algunos compromisos más específicos que todavía no se sabe muy bien en qué van a consistir.
Lo único claro, ha sido el reforzamiento de la ley antiterrorista a través de una indicación que presentó el presidente, la cual atañe a los pueblos indígenas, porque claramente lo hizo para la Araucanía, pensando en el conflicto mapuche. Entonces es lo único que hay en limpio, lo otro todavía está en veremos.
Por otro lado, hay muchas cosas que están pendientes, algunos sectores han sugerido denunciar el Convenio 169 de la OIT y el presidente no se pronunció, tampoco fue muy claro en relación a si va a continuar o no con los proyectos que quedaron a punto de aprobarse en el gobierno anterior, como el Ministerio de Pueblos Indígenas o el Consejo de Pueblos Indígenas, por lo cual, no se sabe mucho todavía al respecto de cómo va a hacer la política que se viene anunciando.
¿Como se pueden tomar los anuncios relacionados con la libertad que se quiere otorgar para la venta de tierras indígenas?
SM: Es algo que se ha mencionado, pero todavía no hay ningún documento donde eso esté instituido, pues para modificar aquello, hay que presentar un proyecto de ley que no han hecho. Desde luego, hay una preocupación en torno a debilitar el derecho a la tierra que está en el convenio 169 de la OIT y en las declaraciones de los derechos de pueblos indígenas. Pero no sabemos qué tipo de cambio pretenden llevar a cabo, pues para concretarlo se tiene que hacer a través de un proyecto de ley.
¿Le parece un avance o un retroceso lo que hasta ahora se viene planteando por parte del gobierno en materia derecho de pueblos indígenas?
SM: como medida es pobre, porque la situación de pobreza indígena no se resuelve vendiendo la tierra -que además es escasa-. El problema no es que los indígenas tengan mucha tierra, sino, todo lo contrario, les falta tierra, porque la han perdido y esta no ha sido restituid¿a. Me parece una medida bastante pobre y segundo lugar, puede tener consecuencias muy negativas, en el sentido que la gente, se deshaga de sus cosas para obtener recursos para cuestiones de corto plazo, se pierde la perspectiva de cómo desarrollar a las comunidades indígenas.
El Estado en lugar de tomar medidas más fuertes, cómo crear formas de crédito formas de apoyo a la productividad de la tierra, formas de apoyo al emprendimiento, plantea que los indígenas financien su propio desarrollo vendiendo sus tierras, creo que es una medida bastante limitada y peligrosa
¿Cómo se ve lo que está planteando el gobierno en materia de tierras relacionado al derecho internacional?
SM: Claramente en la tierras indígenas son inalienables, por lo que de llegar a convertirse en ley una medida como la anunciada, desde el punto de vista el derecho internacional representa una vulneración al derecho de los pueblos indígenas, porque las tierras indígenas, no se pueden transferir a otros que no sean indígenas.
Otro tema relevante tiene que ver con la visión que tienen algunos sectores políticos y empresariales entorno a la ley lafquenche, que han calificado a esta normativa como entorpecedora del desarrollo y la inversión.
SM: De partida hay un problema sobre la operatividad que ha dado el Estado a esta normativa y en ese aspecto la culpa no es la ley, sino que el ejecutivo no emite los suficientes recursos para que Conadi elabore los informes correspondiente para satisfacer la demanda de espacios costeros de pueblos originarios, creo que es fundamental mejorar ese aspecto, destinando más recursos para que ésta se implemente adecuadamente, en lugar de pensar en modificarla.
Segundo, efectivamente la ley no está destinada a generar otros agentes económicos, es decir, la ley está destinada a reconocer territorios marítimos indígenas. Esto independientemente de que los indígenas lo pueden usar para recursos pesqueros o para usos culturales.
Esta visión es incomprendida por parte de algunos sectores, sobre cuál es el sentido de la ley, porque la ley lafkenche fue un reconocimiento en la línea del convenio 169 de la OIT y la declaración derechos de los pueblos indígenas de reconocer territorios marítimos. Para ello se tiene que probar el uso consuetudinario, lo que se contrapone a la visión de algunos sectores no indignas que ven la tierra y el mar, como recursos para usarlos y explotarlos económicamente, contrario a los pueblos indígenas que poseen otras lógicas que tienen que ser respetadas.
Fuente: Anfuco
