El nombre del abogado Luis Hermosilla causó revuelo desde el primer momento que se anunció como representante del Gobierno en este juicio. Fuentes consultadas por nuestro medio afirmaron que desde antes que asumiera el Gobierno de Sebastián Piñera, el abogado mostró su interés por los “casos del sur” y que es él quien hoy dirige ideológicamente los asuntos de la división jurídica de la Subsecretaría del Interior.
Por Natalia Figueroa
Este jueves los defensores de los condenados en el caso Luchsinger- Mackay presentaron un recurso de nulidad ante la Corte Suprema, una acción que busca invalidar el proceso judicial que condenó a tres mapuches por delito de incendio en carácter de terrorista.
Por primera vez en este caso, el Tribunal Oral en Lo Penal (TOP) de Temuco dictó una condena por terrorismo en La Araucanía. Los dirigentes José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel fueron condenados a presidio perpetuo simple y José Peralino Huinca a cinco años de presidio con libertad vigilada por acogerse a los beneficios de la delación compensada.
Las claves del recurso de nulidad apuntan a la falta de fundamentación de los querellantes, infracción de garantías en la declaración del delator compensado José Peralino e imparcialidad por parte de los jueces. Sobre esto último, un antecedente es la denuncia hecha por la jueza saliente del juicio Ximena Saldivia ante la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), en la que acusó presiones indebidas y acoso laboral por parte del presidente del TOP de Temuco, Germán Varas Cicarelli.
La denuncia se efectuó en abril pasado luego de la sorpresiva salida de la magistrada Saldivia del juicio a días de que se dictara el veredicto condenatorio. Un mes más tarde la institución laboral confirmó la enfermedad profesional señalando que hubo un trato hostil y falta de supervisión por parte de la jefatura del Tribunal.
El trato hostil quedó evidenciado a vista de los intervinientes durante el juicio. Pocas veces se había observado una relación tan tensa entre pares. Las discusiones en estrado se hicieron frecuentes entre Saldivia y Varas, y también los llamados de atención de este último hacia ella.
Contactada por nuestro medio, la jueza Ximena Saldivia declinó de entregar declaraciones sobre la situación. Sin embargo, fuentes del Tribunal que pidieron mantener su identidad bajo reserva, indicaron que la situación escaló a tal grado que en una de las discusiones entre los magistrados se habría dado a entender una amenaza implícita de perjudicar la situación laboral de la jueza Saldivia. Esto claramente, señalaron, era una presión para que ella modificara la línea que hasta ahí la había caracterizado en el proceso: votos en contra, cuestionar ciertos parámetros o solicitar que se profundizaran algunas pruebas o situaciones para formarse un criterio objetivo.
Hasta ahí se desconocía la envergadura del asunto, pero hubo una expresión concreta: una jueza de catorce años de ejercicio que lloró en estrado. Se apunta lo anterior como la causa.
Los votos disidentes de la jueza Saldivia molestaban pero no precisamente porque obstaculizara la sentencia condenatoria. Con ella integrando el tribunal ya estaba el dos contra uno. El punto era que todos fueran en una misma dirección de manera que pareciera una sentencia sólida: tres jueces alineados tal como resultó el veredicto condenatorio con una decisión unánime de Rocío Pinilla, Germán Varas y Juan Mauricio Poblete.
Las mismas fuentes señalan que el juez Germán Varas le habría advertido a la jueza que tuviese cuidado con su manera de pronunciarse porque ante “personas poderosas” estaba en juego su puesto. Nada de ese diálogo quedó en audio. El acercamiento entre esas personas que se aluden y el presidente del TOP se habría dado en medio de un receso, momento en que tampoco se deja registro de audios ni grabaciones. Otros intervinientes tampoco lo advirtieron.
Se apunta a otras señales más sutiles pero que habrían estado cargadas de la misma intención: hacer notar la disconformidad con la posición de la jueza. En una oportunidad se observó al juez Varas dar explicaciones al abogado representante del Gobierno, Luis Hermosilla, por una conversación que tuvo con la jueza Saldivia en estrado. Ella le habría hecho saber que no correspondía responder sobre discusiones internas. A Varas se le vio complicado, pero de todas maneras lo hizo.
Luis Hermosilla es una figura que causó revuelo desde el primer momento que se anunció su presencia en el juicio. Amigo y socio en un bufete de abogados del ministro del Interior, Andrés Chadwick, se conocieron en tiempos universitarios y desde ahí que mantienen una estrecha relación.
El abogado tiene una conocida trayectoria en causas penales: fue abogado de la familia del militante comunista José Manuel Parada, asesinado en el caso Degollados en dictadura; defendió al empresario Claudio Spiniak, condenado por prostitución infantil y estupro; y es el abogado defensor de la familia de Jaime Guzmán, ex senador e ideólogo de la Constitución promulgada en la dictadura. Su primera participación en el caso Luchsinger- Mackay fue en 2013 cuando litigó representando al Gobierno en el juicio en que estaba acusado el machi Celestino Córdova. La autoridad ancestral fue condenada a 18 años de presidio por delito de incendio con resultado de muerte pero no terrorista.
Desde antes que asumiera el gobierno de Sebastián Piñera había mucha preocupación en el caso Luchsinger. En febrero pasado se conoció la decisión del gobierno electo de contratar a Hermosilla para su representación en este nuevo juicio. Según una nota publicada por La Tercera, el 7 de febrero hubo una reunión entre quien asumiría como su titular de Interior, Andrés Chadwick, el abogado Hermosilla y el Fiscal Nacional Jorge Abbott. El objetivo era que la nueva administración se interiorizara en las estrategias judiciales de los casos en que el Gobierno era querellante. La postura del equipo jurídico de Interior – continúa el artículo- era revertir el resultado del primer juicio y conseguir una condena que acreditara terrorismo. Punto, hasta ahora, cumplido.
Luis Hermosilla apareció ese mes en la división jurídica de la Subsecretaría del Interior tomando contacto con el hasta entonces jefe Luis Correa por encargo de Chadwick. A poco andar dejó entrever interés por los “casos del sur”, como les decían en esa unidad. Incluso, se especuló sobre el posible nombramiento de Hermosilla como jefe de la División, cuestión que después se descartó porque el sueldo era muy bajo para los estándares de Hermosilla. Así lo comentó uno de los abogados que en ese momento trabajaba en la unidad.
“Quien ahora dirige ideológicamente los asuntos relevantes de la división, es decir, “los casos del sur” es Hermosilla y sin la necesidad siquiera de aparecer. Hermosilla es el consejero legal de Chadwick y lo que realmente le interesa al Ministerio del Interior son esos casos por tener impacto en la opinión pública”, aseguró la fuente.
Volviendo la actuación de Hermosilla en este juicio, el abogado representante de tres de los mapuches absueltos por el TOP de Temuco el 5 de mayo pasado, José Luis Correa, recordó un antecedente. Ante la evidente diferencia de criterios que se observaban, en una de las audiencias el juez Varas acogió una solicitud con un voto de minoría y Hermosilla pidió al magistrado que le indicara quien era el voto disidente. Se le habría visto complicado a Varas, pero finalmente respondió que era el de su colega, la jueza Saldivia. El abogado enviado por La Moneda tomó el lápiz y anotó.
Luis Hermosilla señaló a este medio que nunca hubo una intervención de su parte en el juicio, que en los tribunales orales hay discrepancias, votos de mayoría, de minoría y que eso no tiene nada de especial. “Aquí hay ocho absueltos, la machi Linconao fue absuelta. Hay una sentencia de 700 páginas. Aquí el Defensor Regional ganó. Entonces, el Tribunal funcionó bien para una cosa o para otra, o funcionó mal para todos”, planteó.
Señaló que él era quien preguntaba públicamente a que se debían ciertas discusiones entre los magistrados que no se lograban comprender por los intervinientes, pero siempre con el ánimo de que todos lo supieran.
El asunto que no se puede dejar atrás es que paralelo al proceso, el magistrado Germán Varas era postulante a un cargo de mayor rango que debía ser ratificado por el Gobierno, es decir, los querellantes en la causa que él presidía. Actualmente, no es causal de inhabilidad el que un magistrado que busca ascender en el escalafón del poder judicial integre causas de esta envergadura. Caldo de cultivo para conflicto de intereses.
La denuncia ante la ACHS
Teniendo como antecedente la denuncia de la jueza ante la ACHS, la defensa de los acusados expuso la situación ante el Tribunal el día en que se leyó la sentencia condenatoria, el 11 de junio pasado. Inmediatamente, solicitaron una audiencia de cautela de garantías para que un tribunal no inhabilitado les permitiera conocer las razones que llevaron a la jueza a salir del juicio semanas antes de iniciar los alegatos de clausura. Esto, considerando que en juicio Tribunal resguardó la información argumentando razones médicas.
La respuesta del Tribunal fue negativa: el magistrado Varas aseguró que no tenían competencia para resolver la petición. Ante esto, uno de los abogados defensores, Sebastián Saavedra, formuló un incidente de nulidad- un trámite que requiere del pronunciamiento de un tribunal antes de que se dicte una sentencia definitiva- para luego recurrir a la Corte Suprema. En ese momento Varas concluyó la audiencia de manera abrupta: “Se terminó el debate, se terminó el debate, bien, cerramos el debate”, se le escuchó decir por el micrófono.
La respuesta de la ACHS desencadenó ciertos hechos. Durante este mes la jueza Saldivia estaba designada para subrogar una serie de juicios en Temuco. Sin embargo, fue reemplazada según información que le fue entregada por la Corte de Apelaciones. La decisión del presidente del tribunal de alzada, Álvaro Mesa, habría ido en la misma línea del resultado de la calificación laboral. En el fondo, se habría entendido necesario alejar a la jueza del lugar donde se le efectuaba la vulneración.
La jueza Ximena Saldivia solicitó en dos oportunidades audiencias con la Corte de Apelaciones dentro del periodo en que se desarrolló el juicio. En ninguna se concretó la reunión. Sólo hasta hace algunas semanas hubo contacto directo a través de correo electrónico entre la jueza y el ministro Mesa y estaría acordada una cita donde se discutiría el tema de fondo de su denuncia.
Consultado sobre lo anterior, el tribunal de alzada respondió a este medio que “efectivamente existe una investigación en curso. Procedimiento que por mandato legal, es absolutamente reservado respecto de terceros”.
Otro dato suma al cuadro. Según información a la que nuestro medio pudo acceder, una de las preguntas que la jueza debió responder ante la ACHS fue si existían otros compañeros de trabajo con las mismas molestias que ella exponía, a lo que ella respondió que sí.
