El último juicio político del caso Luchsinger Mackay se basó en su sentencia en la supuesta confesión que hizo José Manuel Peralino Huinca inicialmente como testigo protegido. Con esa declaración era posible afirmar la existencia de una reunión previa entre los comuneros mapuches para coordinar el supuesto ataque en la granja Lumahue del matrimonio Luchsinger y vincularlos directamente con su muerte. En 2015, declaró nuevamente como delator compensado ante los fiscales Alberto Chiffelle y Luis Arroyo, que también habrían escuchado los funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) Guillermo Vilches y Claudio Leiro. Sin embargo, lo que hasta ahí la Fiscalía manejaban como el piso de su acusación fue desmentido más tarde por el propio Peralino en el Tribunal, denunciando presiones, amenazas y torturas por parte de los policías. Pero desde la fiscalía se negó cualquier apremio y mantuvo la veracidad de la primera declaración hasta el final, única prueba para sostener su tesis de conspiración y coordinación de los acusados, lo que nunca se demostró.
La sentencia del juicio con tres condenados, con José y Luis Tralcal a cadena perpetua y al mismo Peralino con una condena menor, se verá próximamente en la Corte Suprema donde se solicita la nulidad del juicio con respecto a estos condenados ante la serie de irregularidades y vicios.
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