Con respecto al reciente veredicto y condena en el denominado caso Luchsinger Mackay, que determinó presidio perpetuo para Luis Tralcal y José Tralcal, y a cinco años para José Peralino, compartimos a continuación los pronunciamientos del Centro de Investigación y Defensa Sur (CID SUR) y enseguida, declaración pública de la Coordinación de organizaciones de DDHH de la Araucanía.
DECLARACION CENTRO DE INVESTIGACION Y DEFENSA SUR
El Centro de Investigación y Defensa Sur, interviniente en el públicamente conocido “Caso Luchsinger Mackay”, ante los sucesos acontecidos ayer en la Audiencia de Lectura de Sentencia Definitiva, que comunicó la pena de presidio perpetuo simple en contra de nuestros defendidos Luis Tralcal Quidel y José Tralcal Coche, y la de 5 años en contra de José Peralino Huinca, declara los siguiente:
1.- Desde el año 2010 hemos litigado en los distintos tribunales de las Regiones de La Araucanía, Bío Bío y Los Ríos, ejerciendo la defensa penal de comuneros mapuche acusados tanto por la ley común como por las normas de excepción que constituyen la Ley que Califica Conductas Terroristas (18.314) y la Ley de Seguridad Interior del Estado (12.927).
2.- Nuestra especialización se inserta en la necesidad y urgencia de defender el debido proceso y la presunción de inocencia de múltiples dirigentes del Pueblo Mapuche que han sido criminalizados. Siempre hemos desarrollado una defensa estrictamente técnica, observando y exigiendo no sólo el respeto de las normas jurídicas, sino también, un adecuado trato social respecto de todos los intervinientes y el principio de la buena fe.
3.- Que en el Estado constitucional y Democrático de Derecho, dentro de las obligaciones jurídicas y sociales que pesan sobre la Judicatura en una audiencia pública, está el escuchar las peticiones de las partes de manera respetuosa para resolver luego, conforme a su criterio jurídico y exponiendo públicamente la razones que fundan su decisión.
4.- Que en la audiencia de Lectura de Sentencia de fecha 11 de Junio los abogados Sebastián Saavedra Cea y Pablo Ortega Manosalva, defensores de Luis Tralcal Quidel y José Tralcal Coche, solicitaron una audiencia de Cautela de Garantías a fin de que un Tribunal no inhabilitado, permita a las defensas conocer las razones por las cuales la Jueza Ximena Saldivia -que asistió a casi la totalidad de las audiencias del juicio-, se retiró de éste justo antes de comenzar la etapa de alegatos de clausura. La petición busca corroborar lo que ha trascendido por la prensa y que fuera reconocido por la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco en comunicado del 28 de Mayo del presente: la denuncia de acoso laboral ingresada por la Jueza Saldivia ante la Asociación Chilena de Seguridad y que habría sido ejercida por un miembro del tribunal.
5.- Las defensas sólo tienen 10 días corridos para presentar su Recurso de Nulidad y revertir así la injusta condena impuesta el día de ayer, por lo que es necesario conocer en el más breve plazo los antecedentes de la denuncia de la Jueza Saldivia para acreditar la eventual Falta de Imparcialidad que podría evidenciar su reclamo. Sin embargo, precisamente el Tribunal que a nuestros ojos carece de Imparcialidad, se negó a citar a la audiencia urgente solicitada por las defensas y rechazó la petición formulada, fundándose en que el tribunal ya no tiene competencia, vulnerando así gravemente el derecho a defensa de los comuneros condenados a presidio perpetuo calificado.
6.- Ante la actuación del Tribunal, el defensor Sebastián Saavedra formuló un incidente de nulidad procesal a fin de preparar el posterior Recurso de Nulidad para ante la Exc. Corte Suprema, pero su actuación fue interrumpida por el Juez Presidente German Varas Ciccareli, quien en alta voz señaló, textualmente: “se terminó el debate, se terminó el debate, bien, cerramos el debate”, e inmediatamente se levantó y retiró de la sala junto al Juez Mauricio Poblete Erices, quedando sólo la Jueza Pinilla y el defensor exponiendo su petición ante un Tribunal ausente, que no terminó de resolver el incidente legalmente formulado.
7.- Llamamos la atención ante esta inaudita reacción de un Tribunal de la República, quien no sólo falta en su obligación de resolver las solicitudes de las partes, sino también a las normas mínimas de respeto que deben reinar en el debate jurídico y cotidiano, evidenciando nuevamente la falta de imparcialidad que en su contra se denuncia.
8.- Esperamos que la Exc. Corte Suprema revierta estas situaciones, que no hacen más que alterar las bases de un estado de derecho democrático, donde la Judicatura debe ser inmune a cualquier tipo de presiones, como única manera de garantizar los derechos de todo ciudadano.-
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DEFENSA SUR
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DECLARACION ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LA ARAUCANIA
DECLARACIÓN PÚBLICA
COORDINACIÓN DE ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
POR VEREDICTO Y CONDENAS EN CASO LUCHSINGER MACKAY
Las organizaciones miembro de la coordinación de organizaciones de derechos humanos de La Araucanía, venimos a declarar lo siguiente:
Es evidente que las condenas a presidio perpetuo de Luis Tralcal y José Tralcal, y a cinco años de José Peralino, son producto de un juicio político. En qué se evidencia esto: en que la única prueba que pesaba contra estos tres condenados, fue la confesión de José Peralino quien se retractó al día siguiente de haberla firmado, denunciando haber sufrido apremios ilegítimos y tortura por parte de la policía, como medidas de presión para que firmara dicha declaración. De hecho, existe una investigación por apremios ilegítimos por parte de policías contra José Peralino, donde se ha comprobado la existencia de apremios ilegítimos y que actualmente se pidió que se investigue por la unidad de ddhh de la fiscalía. La misma prueba pesaba sobre los otros 8 imputados, que sin embargo fueron encontrados inocentes, incluyendo a la Machi Francisca Linconao. Los dos condenados a cadena perpetua, Luis y José Tralcal, presentaron pruebas de haberse encontrado en otro lugar a la hora y en el lugar de los lamentables acontecimientos. Sin embargo, estas pruebas fueron desestimadas por el tribunal.
Las condenas a perpetuidad y la calificación del delito como terrorista, muestran un ensañamiento en contra de los procesados, guiado nuevamente por razones políticas. Es bien sabido que el presidente del tribunal que vio la causa, Juez Varas, y también el juez Poblete Erices, se encuentran postulando a cargos en los que interviene el Gobierno, que a través de la voz del propio presidente Sebastián Piñera y sus ministros, ha manifestado en diversas ocasiones la importancia de que los acusados fuesen condenados por delitos terroristas. Dichas declaraciones han sido dadas por el Gobierno a pesar de que el carácter terrorista de los delitos ha sido desestimado en los dos juicios anteriores, y a pesar de que dichas declaraciones podrían constituir una violación de la separación de los poderes del Estado.
La denuncia por acoso laboral contra el Juez Varas por parte de la Jueza Saldivia, es otra evidencia de la parcialidad del tribunal, que se empecinó en encontrar culpables y condenarlos, a pesar de la ausencia de pruebas en su contra, y de la presentación de pruebas de la no participación en los hechos de dos de los imputados que hoy se encuentran condenados a cadena perpetua.
Como organizaciones de derechos humanos, exigimos justicia. Que los tribunales de La Araucanía impartan justicia como en otras regiones, de manera imparcial, respetando la presunción de inocencia, ponderando el peso de las pruebas y rechazando presiones políticas para fallar en contra del derecho. Las organizaciones que adherimos esta declaración, hemos luchado por años e incluso décadas por el respeto a los derechos humanos en Chile, que parecen ser respetados en el resto del país, pero no en La Araucanía. En esta región, nos apena decirlo, perdemos confianza en el Poder Judicial, que en lugar de defender los derechos de las personas, da a lugar al enjuiciamiento político sin comprobar la culpabilidad de los acusados. Esperamos que la Corte Suprema revierta esta situación, anulando este juicio a todas luces injusto, y dando la posibilidad de que se restablezca el estado de Derecho en la región de La Araucanía.
Temuco, 12 de Junio de 2018.
Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía
Agrupación de Ex Presos Políticos Enrique Pérez Rubilar
Casa Autogestionada de Mujeres del Ngulumapu
Centro de Investigación y Defensa del Sur CID Sur
Centro de Investigación en Derechos Humanos CINPRODH
Comisión Ética Contra la Tortura
Observatorio Ciudadano
Red de Acción por los Derechos Ambientales RADA
Red de Defensa de los Territorios
