Por Santiago Garcia Gago – Fuente: radioslibres.net
En América Latina la idea de que democratizar los medios de comunicación era un requisito indispensable para democratizar la sociedad se constituyó como el marco conceptual sobre el que las organizaciones sociales elaboraron sus campañas por el derecho a la comunicación. Campañas que se centraron en demandar legislaciones que garantizaran el acceso de los medios comunitarios a las frecuencias del espectro radioeléctrico. Unas frecuencias que han estado acaparadas históricamente por medios privados que, en un gran número de casos, las han obtenido en concursos de escasa transparencia o en subastas donde primaban los criterios económicos por encima de cualquier otro. Esto ha conformado un panorama mediático altamente concentrado y monopilizado: “[e]n promedio, en gran parte de la región, casi la mitad de los productos y servicios de los mercados de la información y las comunicaciones de cada país son controlados por un solo proveedor” (UNESCO, 2014:99).
Pero, en pleno siglo XXI, cuando la radio y la televisión se están reinventando para soportar el embate de Internet, ¿tiene sentido mantener estos reclamos? ¿O necesitaremos actualizar nuestros discursos para defender el derecho a la comunicación en la sociedad digital?
Es cierto que las reivindicaciones por democratizar el acceso a las frecuencias radioeléctricas siguen siendo totalmente legítimas. De los veinte países que conforman América Latina, sólo trece reconocen legalmente la existencia de medios comunitarios (OBSERVACOM, 2017). Cuatro de ellos lo hacen con algún tipo porcentaje específico para estos medios: Uruguay y Argentina optaron por una reserva del 33% y Bolivia y Ecuador prefirieron repartir las frecuencias a partes iguales entre los tres sectores, 33% para el privado, 33% para el público y 34% para el sector comunitario y pueblos originarios. A pesar de estos notables avances en materia legislativa, creemos que es urgente ampliar el espectro de demandas.
Y la palabra se hizo byte
Internet prometía ser la panacea, la herramienta definitiva que democratizaría el derecho a la comunicación de forma global. Y aunque no podemos negar que ha provocado cambios significativos en este sentido, no es menos cierto que ha agravado la situación de concentración y monopolio existente en las tecnologías de información y comunicación que permiten las creación de medios de comunicación.
Un estudio a profundidad llevado a cabo por OBSERVACOM (2016) demuestra cómo todas las capas que hacen posible Internet están controladas por menos de quince empresas a nivel global. Por ejemplo, cinco grandes corporaciones concentran el 90% del tráfico de las redes de contenidos (conocidos como intermediarios CDN). Entre seis empresas controlan más de la mitad de dominios y alojamientos web existentes en todo el mundo. Y, si hablamos de servicios y plataformas, unas cinco compañías se reparten el control de las redes sociales y correos electrónicos. Además, estas empresas son conglomerados internacionales difíciles de controlar o limitar por las legislaciones nacionales.
Otro agravante es que esta concentración es multicapa. Es decir, una compañía que provee acceso a Internet es, al mismo tiempo, dueña de una productora de contenidos o vende servicios de alojamiento web. Podríamos citar el caso de Amazon que, además de ser una de las mayores tiendas online de la red, es uno de los principales proveedores de servidores de alojamiento en la “nube”. Esta infraestructura de datos “proporciona a la compañía una enorme perspectiva sobre la economía, a través de la cual puede conseguir datos relevantes de millones de fuentes” (Bernasek, A. y Mongan D. T., 2017:57). Otro ejemplo de esta concentración multicapa es el de la empresa estadounidense AT&T que recientemente adquirió Time Warner, dueña a su vez de la cadena CNN o del canal de entretenimiento HBO.
El poder que ejercen estas grandes multinacionales les permite imponer las reglas del juego y legislar a su favor. Así lo están haciendo con un insistente lobby para terminar con la neutralidad de la red, ese principio que obliga a que todo byte que circula por Internet sea tratado de la misma manera. La nueva administración de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (“FCC” por sus siglas en inglés) está cediendo a las presiones para eliminar el marco regulatorio que protege la neutralidad de la red desde 2015 (Harmon, 2017). Con las nuevas leyes, una empresa que suministre acceso a Internet podrá bloquear ciertos contenidos u ofrecerlos a mayor velocidad si las compañías propietarias pagan por ese servicio premium. Sin neutralidad en la red AT&T, por ejemplo, no tendría inconvenientes para priorizar por su infraestructura de Internet los contenidos de sus cadenas de noticias relegando a un segundo plano a los otros medios.
Retrocesos en la democratización de la comunicación
Los riesgos para la libertad de expresión y para el ejercicio del resto de derechos vinculados a la comunicación son evidentes. Sobre todo para los medios alternativos que no cuentan con el poder adquisitivo para competir con estos grandes conglomerados. La concentración y la privatización de las tecnologías digitales allana cada vez más el camino para imponer un pensamiento hegemónico y acallar las voces disidentes de la ciudadanía que se escuchan por los “otros medios”. Voces que cada vez es más sencillo silenciar en Internet con métodos más sutiles que negar el acceso a las frecuencias de radio y televisión lo que impide que nos demos cuenta. Creemos estar informándonos en una red social aunque en realidad estamos consumiendo dosis controladas de información que personaliza un algoritmo en función de registros de navegación que le hemos ido proporcionando, a veces incluso, sin nuestro consentimiento. Esto permite a las plataformas, y a quienes sepan manipular estos algoritmos, controlar, manipular o condicionar el comportamiento social ante unas elecciones o un referéndum, la llamada “robot-política” (Tambini, 2017).
No hay ninguna duda de que Internet puede ser una herramienta fundamental para las luchas sociales, para el empoderamiento social y una amplificador de las voces críticas, pero la potencialidad de este medio está siendo cooptada y limitada a pasos agigantados. La falta de libertad y transparencia en la forma en la que se gestionan las TIC que nos permiten ejercer el derecho a la comunicación en la sociedad digital es una de las causas. Por ello, las organizaciones que han promovido este derecho durante décadas tienen ante sí un gran desafío: incorporar a sus demandas tradicionales por las frecuencias de radio y televisión, la defensa de las tecnologías digitales. Tecnologías que actualmente están tan estrechamente ligadas el ejercicio del derecho que hay quien aboga por considerar a Internet como un derecho humano en si mismo y no como un medio para ejercer otros derechos (García, 2014).
Algunos de estos nuevos requerimientos podrían ser: legislaciones que garanticen una Internet libre, neutral, abierta y descentralizada; la promoción de redes y plataformas federadas en vez de las que negocian con nuestros datos; la exigencia de un manejo transparente de los datos que las empresas recopilan de nuestras actividades digitales; políticas públicas que favorezcan el uso y desarrollo de software libre; el uso de licencias libres como Creative Commons para la publicación de contenidos. Pero, sobre todo, impulsar el debate social entorno a las tecnologías y su estrecha relación con el ejercicio de nuestros derechos en la sociedad actual. Hablar de medios y tecnologías no es un hablar de temas técnicos, es tratar asuntos profundamente políticos. No plantearlo en estos términos nos puede precipitar a un panorama mediático donde, de nuevo, se fortalezca cada vez más la presencia de las voces hegemónicas en menoscabo de la pluralidad y la diversidad. Un retroceso en la democratización de la comunicación para favorecer al mercado y a sus grandes transnacionales, en vez de a la ciudadanía y sus derechos.
- Referencias
- Bernasek, A. y Mongan D. T. (2017). ¿Tienen los nuevos monopolios gigantes (Amazon, Google, Facebook) el poder de transformar economías globales?.Vanguardia dossier, 63, 52-59.
- Harmon, Elliot. Don’t Let Congress Compromise on Net Neutrality. EFF, 9 agosto 2017. https://www.eff.org/es/deeplinks/2017/08/dont-let-congress-compromise-net-neutrality (página consultada en septiembre 2017).
- Mendel, Toby, García, Angel y Gómez, Gustavo (2017). Concentración de medios y libertad de expresión: normas globales y consecuencias para las Américas. Montevideo: UNESCO.
- OBSERVACOM (2016). Concentración en internet: un asunto de capas. http://www.observacom.org/concentracion-en-internet-un-asunto-de-capas/ (página consultada en septiembre 2017).
- OBSERVACOM (2017). Libertad a medias: la regulación de los medios comunitarios en América Latina y su compatibilidad con los estándares interamericanos de libertad de expresión. http://www.observacom.org/ (página consultada en septiembre 2017).
- García, Santiago (2014). ¡Internet como Derecho Humano ya! RadiosLibres, 10 diciembre 2014 https://radioslibres.net/article/internet-como-derecho-humanos-ya/ (página consultada en septiembre 2017).
- Tambini, Damian (2017). Brexit: ¿triunfo de la robot-política? Vanguardia dossier, 63, 66-69.
- UNESCO (2014). Tendencias Mundiales en Libertad de Expresión y Desarrollo de los Medios: Situación regional en América Latina y el Caribe. http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002290/229042S.pdf
