“Entendemos que la ANI opera y funciona como una organización oscura, clandestina, que no tiene control, que pareciera que funciona autónomamente, solo regida por el poder político central y nos remonta a tiempos dictatoriales”, sostiene el vocero de la CAM.
Por Felipe Menares Velásquez – Fuente: elciudadano.cl
Ha pasado más de una semana desde que el Ministerio Público denunció la ocurrencia de “serias irregularidades” en la entrega de pruebas que hizo Carabineros sobre la “Operación Huracán”, proceso por el cual ocho comuneros mapuche fueron detenidos en septiembre, aunque liberados tras recurrir a la Corte Suprema.
Luego de concluir que las pruebas entregadas por la policía uniformada estaban alteradas, la Fiscalía abrió un caso por falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación. Las miradas se han puesto sobre el trabajo de las unidades de inteligencia de Carabineros, pero no en el rol desempeñado por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
Es, justamente, el papel de este organismo el denunciado por Héctor Llaitul, vocero político de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y uno de los detenidos en el marco de la “Operación Huracán”. De paso por Santiago, conversó con El Ciudadano y expresó sus descargos frente a los últimos antecedentes del caso, apuntando al Gobierno, el empresariado y los medios de comunicación.
DETENCIÓN DE HÉCTOR LLAITUL
¿Qué conclusiones puede sacar el movimiento mapuche autónomo a partir de las últimas revelaciones sobre la “Operación Huracán”?
La primera reflexión que hacemos es principalmente con esta arista que tiene la causa, en que mediáticamente se ha desenfocado lo sustancial de lo que aquí está pasando, que es un conflicto histórico entre el Estado y nuestro pueblo nación Mapuche. En ese marco, de un tiempo a la fecha ha habido una agudización del conflicto, en que el Estado ha tomado una posición de salvaguarda de los intereses de los poderosos, que confrontan directamente con las reivindicaciones de nuestra gente.
Ha habido, ciertamente, la construcción de un escenario de mayor criminalización, judicialización y persecución política a las expresiones que estamos al frente de las reivindicaciones mapuche, principalmente, de aquellas organizaciones que hemos constituido una expresión válida al interior del movimiento, sin ser necesariamente muy representativos, pero sí somos una expresión válida respecto a la causa mapuche.
Debemos mencionar que hay operaciones anteriores de asociación ilícita terrorista que no prosperaron en su momento; de Ley de Seguridad Interior del Estado enmarcada dentro de recuperaciones de tierra y, posteriormente, está la “Operación Paciencia”. Después está lo que se conoció como la causa de la emboscada al fiscal Elgueta, de la cual fui condenado con otros miembros de la CAM, y finalmente, esta operación muy mediática, la “Operación Huracán”. Esto sin dejar de pasar una serie de otros encauzamientos, a todo tipo de expresión de lucha de la resistencia de nuestro pueblo.
¿Identifica alguna diferencia entre la “Operación Huracán” y anteriores operativos policiales contra comuneros mapuche?
Hay algunas que tienen una impronta más política, por eso nosotros, en los primeros comunicados que sacamos, dimos cuenta de que aquí estábamos en presencia de una operación de inteligencia política, en donde la responsabilidad directa se la endosamos al gobierno de turno, en la figura del subsecretario Mahmud Aleuy y, obviamente, a una construcción de parte de la “democracia”, que tiene que ver con la aparición de la ANI como sujeto, dentro de lo que es esta arremetida político judicial en contra del pueblo Mapuche y de sus movimientos más en resistencia.
Entendemos que detrás del gobierno está el empresariado comprometido en zona de conflicto, los grupos económicos que han operado de forma indiscriminada, asolando y devastando nuestros territorios ancestrales en el Wallmapu histórico, desde La Araucanía hacia el sur, y que no han tenido limitante de ningún gobierno para desarrollar esta voraz arremetida, principalmente, en lo que refiere al desarrollo de un tipo de economía extractivista y depredadora, que está causando estos estragos que se han denunciado desde distintos órganos, no solo desde la realidad mapuche, sino que también desde la realidad medioambiental y ecológica.
¿Anteriormente la ANI había sido un actor preponderante en el conflicto?
Hacia el pueblo nación Mapuche no le conocíamos este tipo de expresión. La verdad es que nosotros quedamos un poco perplejos respecto de cuáles son los alcances y funcionamiento de la estructura de la ANI. Entendemos que, hasta este momento, opera y funciona como una organización oscura, clandestina, que no tiene control, que pareciera que funciona autónomamente, solo regida por el poder político central y nos remonta a tiempos dictatoriales con la CNI y la DINA.
Estamos hablando de la DINA de la Nueva Mayoría. Lo decimos porque, más allá de cómo actuaron organismos de inteligencia política en tiempos de democracia –como la Oficina o la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (DISPI)–, tiene que ver con prácticas, que nosotros veíamos ya desaparecidas del contexto socio-político, pero que pareciera que están nuevamente resurgiendo
¿Por ejemplo?
La construcción de pruebas falsas y montajes. Incluso, la aparición de agentes encubiertos, que son los que se moverían en las sombras, más allá de que la ley diga como debiera funcionar la ANI. No entendemos quiénes son los que la regulan, quiénes la fiscalizan, no sabemos cuál es su ámbito de acción. Contravienen toda normativa del Estado de Derecho.
Nosotros siempre estuvimos acostumbrados de luchar en contra de los vestigios autoritarios que utilizaba la democracia en contra del pueblo Mapuche. Estamos hablando de la Ley de Seguridad Interior del Estado, la justicia militar, la Ley Antiterrorista, que sin embargo tenía hasta cierta normativa que podía desentrañarse y que podíamos criticar punto por punto. Pero la Ley de Inteligencia está en cuestión porque nadie maneja en realidad sus alcances. Lo que sí estamos claro es que la utilización de la Ley de Inteligencia en la “Operación Huracán” sobrepasó a una institución que se supone perseguía al pueblo nación Mapuche, que era el Ministerio Público. Por eso la reacción de los fiscales, porque fueron pasados a llevar en sus atribuciones reglamentarias y normativas.
Estamos frente a una de las expresiones de mayor antidemocracia de los últimos tiempos, en contra del ascenso que ha tomado la lucha de nuestro pueblo nación.
¿Los hechos que investiga la fiscalía en contra de Carabineros por su actuación en la “Operación Huracán” constituyen una razón más para que el movimiento mapuche transite por fuera de la institucionalidad del Estado?
Nos reafirma lo que nosotros siempre hemos sostenido: que al pueblo nación Mapuche se le ha dejado fuera de toda institucionalidad que dé posibilidad de la restitución territorial y política. Por eso es que sale a operar este tipo de inteligencia política, de montaje, de persecución direccionada en contra de nuestra gente y eso, de alguna manera, nos reafirma que la institucionalidad es opresora y que vivimos un tipo de régimen colonial y antidemocrático en contra de nuestro pueblo.
“El grueso del conflicto mapuche”
¿Qué responsabilidad le asigna al Gobierno por lo acontecido con la “Operación Huracán”?
El Ministro del Interior (Mario Fernández) y el subsecretario (Mahmud Aleuy) tienen una responsabilidad directa en el desarrollo de la “Operación Huracán”. Esto tiene que ver con el contexto de presión, por parte de los gremios y el empresariado, de dar una respuesta frente al ascenso que tomaba la lucha de nuestro pueblo nación Mapuche.
Este ascenso no puede reducirse solamente a las acciones que tan mediáticamente han sido cubiertas, como los ataques incendiarios, sino que tiene que ser entendida como el desarrollo político ideológico del movimiento mapuche en su conjunto, sobre todo del movimiento autonomista mapuche, y a las experiencias de disputa territorial llevada adelante por un innumerable conjunto de comunidades y movimientos, principalmente, las que tienen que ver con ejercicios de control territorial, que de alguna manera, disputan territorialmente con el empresariado. Eso es el grueso del “conflicto mapuche”. Y en esa disputa, ¿qué tanto ha perdido el empresariado?
Al empresariado la verdad es que pareciera que no le toca mucho esta acción directa, que son tratadas de forma muy espectacular. Lo que a ellos les preocupa, es que no pueden desarrollar todo el circuito económico suficiente para la expoliación de los territorios, que no han sido reconocidos como territorialidad mapuche.
Por lo tanto, el Estado se ha negado constantemente a la devolución de las tierras y ha dado luz verde a un tipo de custodia de predios de parte de la fuerza policial y eso es lo que se conoce como la militarización del Wallmapu.
Entonces, la criminalización, la persecución, la militarización y los montajes tienen que ver con esta actitud y con esta posición del Estado de salvaguardar los intereses de los poderosos a la hora de confrontar en esta lucha con nuestro pueblo por reivindicaciones.
Esa es la matriz del conflicto que hay entre nuestro pueblo y el Estado chileno. Eso es lo que ha generado un ascenso en el movimiento mapuche, porque no se han abierto vías políticas para la restitución de tierras, menos el otorgamiento de derechos políticos para la autonomía, que es un reclamo muy anhelado en el conjunto del movimiento.
Frente a esa realidad, hay una apuesta por una salida de tipo político-policial –y tal vez, en su momento, podría ser una salida político-militar, como algunos conservadores y fascistas lo pretenden, que es la de Estado de Excepción o sacar a los militares a arremeter en contra de comunidades movilizadas.
Todas cosas que se han dicho tal cual…
Exacto, eso está en el escenario de la lucha. En ese contexto, hay que entender esta operación, que surge bajo presión. Por lo tanto hay un estrecho margen en el que se mueve la autoridad y los órganos policiales que no han tenido los resultados. Hay una presión que, de alguna manera, debilita el actuar de la institucionalidad que reprime, en este caso Fiscalía, Carabineros y PDI.
Se crean estos montajes muy a la rápida, muy en el desespero, para hacer frente a aquellas organizaciones que estamos más en el ámbito de asumir con más compromiso la lucha de nuestro pueblo.
Hay informes que surgen de las mismas instituciones que se encargan de ese tipo de tareas, que dan cuenta de que aquí hubo construcción de pruebas falsas y tampoco se está diciendo que esta es una atribución de la autoridad política, que ellos fueron los que mandataron, y una atribución de la ANi como organismo, de que esto se puede hacer a cualquiera en este país. Nadie está a salvo de esa situación, de que le construyan una realidad incriminatoria y lo lleven a condena y al aniquilamiento, inclusive.
En el contexto de la “Operación Huracán”, aparecieron otras aristas, como la presunta internación de armas de Argentina y la coordinación de un supuesto financiamiento externo hacia organizaciones mapuche. ¿También quedan sepultadas esas hipótesis luego de conocerse los últimos antecedentes?
Ahora nos estamos enterando que habían investigaciones paralelas respecto de lo que era la “Operación Huracán” en sí y que tienen que ver con aristas de esta investigación. Una arista que dice relación con una supuesta internación de armas desde Argentina hacia el movimiento mapuche y otra que tiene que ver con financiamiento a la organización, que es la que está sujeta a investigación.
Se las ha denominado “causas satélites”, respecto de la causa principal. Se ha filtrado por la prensa que estas causas quedarían archivadas, por no arrojar resultados. Es decir, no hay antecedentes suficientes como para encauzar a nadie de los que estábamos imputados por la causa principal. Sin embargo, hay una cláusula que dice que una vez se encuentren los antecedentes, serán reabiertas, es decir, no han sido dejadas como investigación. Están archivadas. Por lo menos, dan cuenta de que no existen nuevos antecedentes.
Hay que recordar que la participación del subsecretario del Interior, con un viaje a Argentina, reunión con la ministra de Seguridad del gobierno de Macri, en que no obtuvo ningún resultado. Lo cual confirma la cantidad de mentiras y construcciones artificiosas que se hacen en el marco de la “Operación Huracán”.
Estas dos causas no tienen ningún resultado para poder procesar a nuestra gente, lo cual demuestra también la tesis del montaje, porque estas causas están adosadas a la causa principal, que es la de la operación e inteligencia.
¿Buscarán el sobreseimiento?
Lo que sacamos como conclusión, es que la investigación debiera terminar en un sobreseimiento definitivo, porque hay un error de parte del Gobierno, buscando presionar a la institucionalidad represiva –Fiscalía y Carabineros– para dar continuidad a la investigación y a la causa, argumentando la necesidad de limpiar prueba viciada –si es que existiera– y continuar con los otros antecedentes.
Nosotros podemos responder que no existen esos otros antecedentes, es decir, en esta causa hay que dejar en claro que en los allanamientos y en la incautación no se encontró ningún tipo de armamento, ni boletas, giros o alguna documentación que acredite movimiento de dinero. Entonces, el único estándar de prueba que existía era mensajería WhatsApp, que está absolutamente desacreditada por su implantación, de parte de Carabineros. En el fondo, no hay absolutamente nada, por tanto, no se configura el delito que está siendo investigado, que era el de asociación ilícita terrorista y la de formación de una organización para perpetrar ataques.
¿Recurrirá a la justicia por el actuar de Carabineros?
Nunca he presentado acciones civiles contra de la institucionalidad, no será esta la ocasión. Sin embargo, nosotros tenemos una causa alojada, a punto de ser declarada admisible, que tiene que ver con una causa en relación a montaje, la del fiscal Elgueta, la que ya está siendo tramitada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la que vamos adosar los antecedentes, respecto de esta nueva operación de inteligencia.
¿Cree que el próximo Gobierno pueda interferir con la investigación que la fiscalía realiza por los eventuales vicios del procedimiento?
Hay una postura que dice relación en que podrían haber diferencias al momento de acciones represivas en contra del movimiento mapuche, de un gobierno u otro. Sin embargo, nosotros siempre hemos planteado que no hay tal diferencia o tal vez hay algunos matices, que tienen que ver con la actuación de parte de un Estado colonial, con los gobiernos de turno.
Un gobierno de derecha, representante del empresariado, va a actuar en función. Pero también, la Nueva Mayoría/Concertación actuó en función de salvaguardar los intereses del poder económico. Se instalaron y funcionaron siempre como la gobernanza neoliberal, por lo tanto, confrontaron muy fuertemente contra el movimiento mapuche, a la hora de reivindicaciones territoriales que tocaban los intereses del empresariado.
Lo que nos preocupa son los atisbos de autoritarismo que puedan resurgir con la actuación de sectores más fascistas, que se puedan instalar en la derecha hoy. Si bien hay actuaciones de personeros en postura liberal, también tenemos que reconocer que con un gobierno de derecha empiezan a dar expresión sectores conservadores más recalcitrantes, inclusive fascistas al interior de sus filas, que pueden dar rienda a este tipo de expresión, donde actúa un aparato represivo como la ANI, que no tiene ningún escrúpulo a la hora de elaborar montajes en contra de la causa mapuche.
“Mapuche delincuente y mapuche terrorista”
Distintos medios de comunicación dieron profunda cobertura a las versiones policiales y de fiscalía sobre los antecedentes que dieron lugar a la “Operación Huracán”. ¿Qué le diría a la opinión pública a partir de los hechos recientemente conocidos y sobre el horizonte político de la CAM?
Siempre hemos planteado que la mayoría de los medios de comunicación en este país están al servicio del poder económico y político, principalmente, de los sectores más conservadores. Actúan como poder hegemónico y a la hora de la confrontación entre nuestro pueblo y el Estado, han tomado claramente posición y partido en la defensa de los poderosos.
Han dado rienda suelta a la estigmatización de la causa mapuche y también a la construcción en el imaginario colectivo de la figura del terrorista mapuche, con el objeto de cubrir el verdadero terrorismo que existe, de parte del Estado, en contra de comunidades mapuche.
Esto no es nuevo. Siempre ha existido un tipo de construcción ideológica cultural hacia las masas, con el objeto de denostar para después golpearlo y así mantener la opresión. En ese sentido, funciona la continuidad del discurso racista, que está operando no solo a nivel de los medios de comunicación, sino en términos de cómo se establece la educación, la cultura y el sentido común con el que se educa y se entregan mensajes a la ciudadanía.
Antaño, por la arremetida en contra de nuestro territorio, se construyó este artificio en el imaginario de que los mapuche éramos sanguinarios, salvajes, sin alma. Posteriormente, éramos los mapuchitos que solo necesitábamos educación o éramos los mapuches borrachos o flojos. También ahora se construye este artificio del mapuche delincuente y el mapuche terrorista. En ese plano se inscribe la “Operación Huracán”.
¿Qué función cumplieron los medios que asumieron como verdad la versión policial que ahora se investiga?
Más allá de que sean caja de resonancia, en la “Operación Huracán” fueron partícipes directos. Denunciamos la actuación de El Mercurio y Canal 13, que tuvieron información exclusiva y directa, de parte de los agentes represores, en este caso Carabineros, cuando se realizaron los allanamientos o el material de WhatsApp. Le pusieron voz y construyeron toda una exposición mediática para, de alguna manera, instalar en la gente una verdad construida sobre la base de un artificio, de un montaje.
Hay una condena anterior de parte de los medios y hay una vulneración de todo tipo de derechos: del debido proceso, defensa, presunción de inocencia. No nos extraña que los tentáculos de la ANI hayan estado ahí también. Podemos sostener que los tentáculos de agentes de la ANI, que funcionaron operativamente articulando este entramado, tiene que haber llegado incluso al Poder Judicial. Nos parece extraño que un juez de la Corte de Apelaciones de Temuco haya podido otorgar una autorización de interceptación con efecto retroactivo, eso está fuera de la ley.
Esto implica un mensaje a la opinión pública, tanto nacional como internacional, de que aquí se está en presencia de una acción desesperada de parte de las autoridades de contener a toda costa las legítimas demandas de nuestro pueblo, con el actuar antidemocrático, fuera de la ley, que no respeta incluso el Estado de Derecho que ellos pregonan para hacer frente a la lucha digna de nuestra gente.
Luego de 20 años desde el nacimiento de la CAM, ¿cuánto ha variado el diagnóstico y los planteamientos de la organización sobre la lucha territorial y contra las iniciativas de carácter extractivista en el territorio reivindicado?
La persecución direccionada hacia nuestra organización y hacia las expresiones de resistencia y reconstrucción del pueblo nación Mapuche, nos dan la razón de que estamos por la senda correcta, en el sentido de plantear la reconstrucción nacional de nuestro pueblo. No sólo planteamos la resistencia, planteamos la reconstitución del tejido social, político, ideológico y cultural del mundo mapuche.
En ese plano, hay plataformas que se han instalado muy fuertemente en las comunidades, en el desarrollo de sus luchas, por la recuperación de sus tierras, del mundo mapuche y la defensa de las tierras, no solo en el sentido como objeto material, sino la defensa en los planos mayores, como el concepto de Küme Mongen, que tiene que ver con el buen vivir en el mundo mapuche, con la reconstrucción de una sociedad más sana, que es la que nos legaron nuestros antepasados, de respeto a la naturaleza, la búsqueda de equilibrio entre distintos seres y de una relación muy fuerte entre el hombre y la tierra.
Hay una propuesta de autonomía revolucionaria que se ha ido instalando con mucha fuerza en las nuevas generaciones, principalmente, que no ha podido ser contenida de parte del poder del Estado capitalista, por lo tanto, la lucha mapuche se ha transformado en una lucha por la dignidad, reconstrucción, liberación de un pueblo y que ha tocado los intereses del poder de los estados oligárquicos capitalistas, no solo en Chile, también en Argentina.
La “Operación Huracán” no tiene que ser mirada en forma aislada. Es parte de la continuidad histórica de atropello, de opresión que ha tenido el Estado para seguir manteniendo en la dominación y opresión a nuestro pueblo, bajo un Estado de tipo colonial, con un régimen de ocupación colonial que, de alguna manera, niega todos los derechos fundamentales de un pueblo nación, que se resiste a desaparecer y a vivir en la opresión y en la miseria.
