El plan IIRSA-COSIPLAN está avanzando, hoy son cerca de 600 proyectos y cada uno de ellos se asocia a otras iniciativas que, sin ser parte de la plataforma, la potencian. La transformación de los territorios está en marcha, pero también las resistencias. En estos 17 años, la conflictividad territorial sudamericana se ha intensificado y las reivindicaciones han abierto un nuevo ciclo, donde el control territorial se ha posicionado en el centro del debate político.

Por Ely Jiménez Cortés

En América latina el siglo XXI se abre con la violenta expansión, material y simbólica, de las fronteras extractivas hacia espacios que solo parcialmente habían sido ‘integrados’ al mundo capitalista, y en los cuales se despliega la vida de pueblos y naciones indígenas que han logrado resistir sucesivos procesos de conquista. Los mundos indígenas se enfrentan a un nuevo ciclo de colonización, donde las opciones para el saqueo se multiplican, como señala Guillermo Tascon de la OIA: “La fiebre del oro y la plata de la primera conquista hizo que no vieran los bosques, el agua, el conocimiento; de pronto la codicia nos salvó a muchos pueblos, porque se llevaron apenas lo más visible y lo que era valioso en ese entonces. Pero ahora todo puede convertirse en oro, en dinero. Vienen hasta por los olores de las plantas, por las palabras bonitas de los abuelos y las abuelas…Sobre nuestros territorios los empresarios y el Estado pintan mapas de recursos naturales donde nunca aparece un indio, y hablan de las tierras como si fueran baldías; otra vez no tenemos alma, no somos seres humanos…”

Mediante programas multinacionales como el Proyecto Mesoamericano (Ex Plan Puebla-Panamá) y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) del COSIPLAN, la máquina extractivista responde a las demandas del capitalismo depredador con megaobras que derriban las barreras naturales que dieron resguardo a los mundos indígenas en resistencia. No se trata de obras aisladas ejecutadas por gobiernos locales o nacionales, sino de programas de planificación territorial, de largo plazo, que son promovidos por la banca multilateral (liderada por el BID) y consensuados como política de Estado. El avance de las obras se legitima con el ‘evangelio’ desarrollista, que promete ‘superar la pobreza’, ‘generar emprendimientos’ y ‘reconocer el valor agregado de la diferencia cultural’. Así, sin renunciar al uso tradicional de la violencia, este nuevo ciclo de colonización se sostiene en la materialidad de la infraestructura, que avanza lenta y silenciosamente.

En la región sudamericana, IIRSA-COSIPLAN abre los territorios con infraestructuras viales (carreteras, puentes, túneles, hidrovías, etc.) que agilizan la circulación de los bienes que se consideran ‘mercancías’ y, paralelamente, nutre los emprendimientos extractivos con megaproyectos energéticos (hidroeléctricas, centrales nucleares, termoeléctricas, redes eléctricas, etc.). Si bien estas obras no se limitan a los territorios indígenas, es ahí donde han encontrado mayor resistencia. Efectivamente, desde sus inicios el año 2000, las obras IIRSA han desencadenado intensos conflictos territoriales que, paradójicamente, evidencian la capacidad de los pueblos y naciones indígenas para enfrentar, en condiciones de extrema desigualdad, las estrategias de ocupación territorial. Pueblos que la historiografía oficial había declarado extintos, se posicionan contra la IIRSA, desarrollando discursos reivindicativos y articulando alianzas con otros sectores subalternizados.

Aunque no se puede obviar que amplios sectores indígenas han asumido la lógica desarrollista y naturalizado la necesidad de infraestructura como requisito para un mejor vivir, se debe reconocer a los sectores críticos que en defensa de su territorio denuncian el carácter genocida del plan IIRSA-COSIPLAN. En esta línea, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), ha declarado: “Las naciones y pueblos indígenas venimos sufriendo los impactos socio-ambientales y la violación de nuestros derechos humanos como efecto de la implementación de estos proyectos. Los hechos demuestran que IIRSA está provocando una acelerada destrucción de la Amazonía, del ecosistema del Pantanal, de los Andes y del Chaco, dañando territorios de los pueblos indígenas, comunidades costeras y ribereñas, desplazando miles de personas, con pérdida de biodiversidad, de medios de vida, agravando la pobreza y arriesgando la pervivencia de las futuras generaciones”. Más allá de estos impactos ecosistémicos, la ejecución de proyectos IIRSA-COSIPLAN se asocia a un ‘régimen extractivista’ que las impone a través de complejas estrategias de control social, que consideran:

(a)   La negación de la presencia indígena en los territorios que serán intervenidos. En este caso se ponen en juego dos mecanismos; por un lado, asumir que se trata de territorios no habitados, baldíos, que deben ser aprovechados; y por otro, negar el carácter de indígena a las poblaciones que lo habitan. En ambas situaciones, la negación supone que la consulta indígena, estipulada en el Convenio 169 de la OIT, no es necesaria ni pertinente.

(b)   La aplicación selectiva y burocrática de la consulta indígena. En escenarios de conflicto, se aplica la consulta, pero solo a sectores afines o desinformados. Aquí suele operar una aplicación burocrática, que reduce el proceso de consulta a un taller informativo y/o la aplicación de una encuesta individual, que no reconoce las estructuras políticas internas. Generalmente, ésta se aplica cuando el proyecto ya está diseñado y puede usarse para negociar compensaciones.

(c)   La implementación de campañas comunicacionales que favorecen el apoyo a las obras. Estas tienen el objetivo de neutralizar el rechazo y se sostienen en discursos de progreso y desarrollo, que dan centralidad a la generación de empleos. Las campañas suelen usar las memorias y tradiciones locales para lograr que las poblaciones se identifiquen con las obras, además de apelar constantemente al ‘bien común’ de la nación en oposición a los intereses particulares de ciertos grupos, que son estigmatizados como ‘conservadores’, ‘antidesarrollistas’ y en algunos casos ‘ignorantes’.

(d)   La fragmentación de los proyectos y su desconexión del plan IIRSA. Es común que los proyectos sean divididos en tramos o etapas para tramitar los estudios de impacto e invisibilizar su impacto total. Esto también permite que se presenten como iniciativas locales, focalizadas, que responden a necesidades inmediatas, presentándose como desconectadas de IIRSA-COSIPLAN, de esta forma evaden el debate sobre la planificación territorial y el modelo de desarrollo que conlleva.

(e)   Disociar los proyectos IIRSA de los emprendimientos extractivos. Discursivamente se niega o, por lo menos, invisibiliza la relación de las obras de infraestructura, como carreteras o hidroeléctricas, con megaproyectos mineros, hidrocarburíferos, agroindustriales, forestales, etc., que son rentables gracias a ellas. Así se gestiona el rechazo al extractivismo, argumentando que una carretera no explota la naturaleza y una hidroeléctrica es energía renovable.

En su conjunto estas estrategias buscan la ‘pacificación’ de las naciones y pueblos indígenas cuyos territorios serán intervenidos por una obra. En este punto es importante señalar que dichas estrategias, aunque con matices, están presentes en países que claramente asumen el multiculturalismo neoliberal, que les permite gestionar la diferencia cultural bajo las lógicas del mercado (por ejemplo, Chile[2]), y también en los Estados Plurinacionales que constitucionalmente reconocen ciertos niveles de autonomía indígena (Bolivia y Ecuador). En ambos casos, IIRSA-COSIPLAN se ha despolitizado y aceptado como un programa técnico, sin cuestionar su rol como soporte material de la expansión extractivista y, consecuentemente, del ejercicio colonizador.

Algunos conflictos emblemáticos

El plan IIRSA-COSIPLAN está avanzando, hoy son cerca de 600 proyectos y cada uno de ellos se asocia a otras iniciativas que, sin ser parte de la plataforma, la potencian. La transformación de los territorios está en marcha, pero también las resistencias. En estos 17 años, la conflictividad territorial sudamericana se ha intensificado y las reivindicaciones han abierto un nuevo ciclo, donde el control territorial se ha posicionado en el centro del debate político. En los primeros años, la conflictividad derivada de obras IIRSA, se focalizó en tierras amazónicas, la máquina se abría paso desde el Atlántico, hoy está emerge, aun lentamente, en los territorios que miran al Pacífico. En este contexto, destacamos los siguientes conflictos:

(a)   Conflicto por la variante San Francisco-Mocoa en el Putumayo (Colombia). Este proyecto es parte del EID Amazonas, que conecta los puertos de Belem do Pará (Brasil) y Tumaco (Colombia) y, por ende, los océanos Atlántico y Pacífico. Este corredor atravesaría la ruta ancestral Zachamates transitada por los sanadores tradicionales y caminantes de los pueblos Kamentsa e Inga. El gobierno colombiano negó la presencia de estos pueblos, argumentando que no había población habitando estos terrenos. La respuesta indígena es que son sus lugares sagrados, no se habitan porque están en resguardo, es el lugar donde nace el agua que los alimenta a ellos y otros pueblos. Los Kamentsa e Inga denuncian que el tramo abrirá el camino a las mineras y petroleras, que los desplazarán de sus territorios y destruirán la vida en el Putumayo. Los Kamentsa y los Inga se han movilizado con marchas y bloqueos, haciéndose parte, junto a otros 14 pueblos del Putumayo, de la Minga por la Vida, movilización indígena de carácter nacional.

Resistencia contra el IIRSA en Putumayo, Colombia.

(b) Conflicto por la hidroeléctrica Cachuela Esperanza (Bolivia). Este proyecto forma parte del Complejo hidroeléctrico del Río Madera, que incluye también las hidroeléctricas San Antonio y Jirau en Brasil; este complejo forma parte del EID Perú-Brasil-Bolivia. Es un proyecto muy polémico, ubicado en el oriente boliviano. Ha sido rechazado fuertemente por la CIDOB orgánica, institución que agrupa a los pueblos indígenas de tierras bajas (Amazonía y Chaco). Su retractores argumentan que no es una obra necesaria para el pueblo boliviano, pues su función es exportar energía a Brasil a un altísimo costo ambiental, principalmente por el riesgo de grandes inundaciones que afectarían a pueblos indígenas como los Chacobo, uno de los 14 pueblos que habitan la zona. La construcción de esta obra alteraría las dinámicas ecosistémicas de su entorno inmediato y tendría repercusiones en toda la zona del Beni. Si bien el descontento se ha instalado en la escena pública y ha convocado el apoyo urbano, aún se mantiene como un conflicto latente.

c) Conflicto por el tramo II de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos (Bolivia). Más conocido como el conflicto del TIPNIS, se trata del conflicto más intenso que ha vivido la Bolivia postconstituyente. Si bien el tramo no está en la cartera de IIRSA-COSIPLAN, éste se articula con el corredor Bioceánico Norte que conecta el eje sojero de Rondonia (Brasil) con las costas peruanas y desde ahí con los mercados asiáticos. Desde el 2011, que la construcción del tramo, atravesando un parque nacional y el territorio de los pueblos yuracaré, mojeño y chiman, ha convocado un radical rechazo por parte de indígenas y no indígenas. Las movilizaciones, especialmente las marchas de más de 60 días (de la Amazonía a La Paz) generaron una fuerte crisis política que desestabilizó al gobierno de Evo Morales quien el 2012 debió suspender la obra. Hoy el conflicto nuevamente se hace público tras el anuncio presidencial que ha dado el ‘vamos’ al proyecto, desconociendo los acuerdos previos.

(d) Conflicto por la carretera Interoceánica Sur (Perú). Esta obra forma parte el EID Perú-Brasil-Bolivia; y su objetivo es unir el Acre y el Sur del Perú, pasando por las regiones de Madre de Dios, Cuzco y Puno. Esta obra pondría en riesgo a los indígenas en aislamiento voluntario, además de incrementar la migración andina hacía la región amazónica y la invasión de tierras indígenas en general. En este caso la resistencia indígena fue mucho más focalizada y no concitó solidaridades masivas a nivel nacional. Sin embargo, es importante mencionar el caso por su rol en el escándalo de corrupción protagonizado por la empresa Odebrecht, que aun remece la política peruana[3] y brasilera.

        Estos casos ejemplifican claramente la intensidad y el impacto de los conflictos territoriales derivados de la implementación de obras IIRSA-COSIPLAN. Como ya se ha señalado, estas obras no se concentran en territorios indígenas, pero es ahí donde la defensa territorial es más intensa, pues lo que está en juego es la reproducción de territorialidades y sistemas de vida que se despliegan fuera, o en los márgenes, del sistema capitalista. Los proyectos de IIRSA-COSIPLAN ejercen sobre estos territorios un violento proceso de colonización, en que los territorios son domesticados bajo lógicas capitalistas y las identidades gestionadas en función de las nuevas dinámicas de acumulación. Las obras avanzan, pero los pueblos y naciones indígenas se resisten, no han sido derrotados.

[1] Investigadora Colectivo El Kintral www.colectivoelkintral.cl

[2] En este país aún no existe un procedimiento consensuado para la consulta indígena y tampoco acuerdo sobre su rol vinculante. La situación no es muy diferente en los casos boliviano y ecuatoriano, donde este instrumento a pesar de haber sido constitucionalizado, su aplicación no logra cumplir los estándares mínimos.

[3] Las investigaciones del caso conllevan el actual arresto preventivo del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.