Hoy, 14 de diciembre de 2017, en la Corte de Apelaciones de Santiago, Comunidades Indígenas y la ONG Defensoría Popular, representada por su abogado Lorenzo Morales Cortés, presentaron un recurso de protección contra la Presidenta Michelle Bachelet, el Presidente de la Cámara de Diputados Fidel Espínoza, el Presidente del Senado Andrés Zaldívar, y los Ministros de Obras Públicas Alberto Undurraga y de Agricultura Carlos Furche, por tramitar el Código de Aguas sin consulta indígena de acuerdo al Convenio 169 de la OIT.
Los dirigentes recurrentes son: JOSÉ ABELINO NECUL CARIQUEO, Werken de la Comunidad Indígena de José Guinón, y ARIEL CARLOS LEON BACIAN, aymara, en favor de la COMUNIDAD INDÍGENA COLLA PAI OTE de Atacama, representada legalmente por su Presidenta Doña Ercilia Araya Altamirano.
Para el Abogado Lorenzo Morales “hemos denunciado ante la Corte de Santiago a las más altas autoridades del país, pues este proyecto de ley de reforma al Código de Aguas, no ha sido consensuado con los pueblos originarios, tal como lo disponen los tratados internacionales. Desde su presentación el año 2011 por el ex Presidente Piñera, hasta la sustitución de sus principales normas el año 2014 por parte de la Presidenta Bachelet, ninguno de sus artículos ha sido consultado a los pueblos indígenas, por lo que han sido amordazados, excluidos, discriminados. De hecho, el gobierno retiró, como parte de una estrategia leguleyesca, la palabra indígena de su propuesta el año 2014, pero durante la tramitación igual se legisló sobre las aguas indígenas. Sin perjuicio de ellos, todo el Código se aplica a las aguas de los pueblos originarios, pues ellas están usurpadas por grandes empresas mineras y la agroindustria, en el país con el Código de Aguas más neoliberal del mundo”.
Para el werkén José Abelino Cariqueo, de la Comunidad José Guiñón, “esta reforma es de la más alta importancia para nosotros, pues hemos visto con el pasar del tiempo que el influjo de las forestales, más la inserción de privados han incidido que se vayan usurpando los derechos de agua de manera ilegal, incluso en nuestra comunidad, por lo que la reforma al código de agua sin consulta los perjudica en extremo”
Para Ariel León Bacián, quien es recurrente pero además fue co redactor del recurso de protección, “los pueblos del norte han sido perjudicados en extremo por el Código de Aguas, muchas comunidades no tienen el recurso hídrico, en este momento se debaten nuestros derechos a puertas cerradas, no sabemos cómo va a terminar todo esto, pues carecemos de información y control sobre el proceso legislativo. El gobierno consultó el Ministerio Indígena, el Ministerio de Culturas, la Ley de Servicio de Biodiversidad, ¿por qué no consulta el Código de Aguas, por qué quiere aprobarlo antes de marzo, legislando durante vacaciones, por qué con el actual Congreso, lleno de parlamentarios acusados de financiamiento ilegal de grandes empresas? Es sospechoso, pero además poco serio. No toleraremos esta agresión, alguien tiene que hacerlo y asumimos la responsabilidad”.
Los recurrentes piden a la Presidenta que retire los decretos de urgencia legislativa que ella presentó ante el Congreso y que obligan a aprobar la reforma en un máximo de 15 días, a los Ministros que comiencen un proceso de consulta de acuerdo al derecho internacional, y a los Presidentes de ambas Cámaras para que inicien un proceso de audiencias luego de las consultas del gobierno.
Este recurso es apoyado también por MODATIMA a través del dirigente Rodrigo Mundaca, organización que se ha destacado en su lucha por los derechos de agua de la zona de Petorca.
